Esta semana el gobierno provincial puso en marcha -con nuevo formato- el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de asesorar al gobernador de la provincia en cuanto a los candidatos a ocupar vacantes en juzgados de la provincia.
Es interesante repasar un poco la historia reciente para observar cómo los gobernadores fueron cediendo a la opinión de asesores, de la propia Corte Suprema de Justicia y a los abogados y magistrados, la facultad constitucional que aún detentan de postular ante el Poder Legislativo los candidatos.
El primero que cedió fue Víctor Reviglio como salida hacia adelante ante las denuncias de interferencias en el funcionamiento del Poder Judicial por parte de estudios jurídicos de la ciudad de Rosario. Los sucesivos gobernadores fueron cambiando el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e incluso hace seis años se incorporó una prueba de evaluación y una entrevista de los postulantes.
Es decir, funcionarios del Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte, representantes de los magistrados y del Colegio de Abogados hacían esta evaluación para acercarle una terna al gobernador.
La actual gestión dio un paso más ya que también dejó fuera de la integración del Consejo al propio Poder Ejecutivo y a la Corte, es decir dos organismos que ya no tendrán voz ni voto al momento de evaluar a los postulantes. Se incorporan al proceso de evaluación, donde siguen abogados y magistrados, las facultades de Derecho estatales con asiento en la provincia.
El primer sorteo de los jurados -más allá del chisporroteo político entre oficialismo y oposición- dejó algunas sorpresas como la aparición de abogados ligados a la política y que fueron propuestos como consejeros y que resultaron sorteados para estos primeros cinco concursos. Algunos nombres son los de Horacio Rosatti, ex intendente de la ciudad y ex ministro de Justicia de la Nación; Héctor García Solá, ex convencional constituyente y funcionario de varios gobiernos provinciales e incluso Marcelo Toniollo, actual funcionario municipal.
El proceso ya está en marcha y la práctica determinará si es o no más transparente que el anterior aunque aparece cada vez más limitado el poder del gobernante de turno a la hora de proponer magistrados.