Sergio Serrichio (CMI)
La nacionalización de empresas en Venezuela y Bolivia tal vez descoloque a quienes esperan de la gestión Kirchner un vuelco más decidido al nacional-populismo, que campeó en América Latina en el tercer cuarto del siglo pasado, y que los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales han reciclado parcialmente en los últimos años.
Es improbable, sin embargo, que la presidenta Cristina Fernández y su esposo recorran esa vía. Primero, porque implica trabajo previo. Segundo, porque a las empresas después hay que gestionarlas. Y tercero, porque habría que hacerse cargo de los resultados: la pareja presidencial ya no tendría a quién echarle la culpa.
El modelo kirchnerista, por eso, tiende a la repartija de subsidios y al "capitalismo de amigos", que denunció Roberto Lavagna en el final de su gestión como ministro de Economía y que criticó abiertamente en su posterior campaña presidencial. Es el modelo que practicó Kirchner en sus doce años de gobernador de Santa Cruz.
El fuerte sesgo extractivo de la economía santacruceña (en la que pesan la minería de carbón y petróleo, y también la pesca), más el gusto por la obra pública, ayudan a explicar el sesgo rentístico de los Kirchner, que se refleja tanto en la construcción de su fortuna personal (acumulación y alquiler de propiedades inmobiliarias), como en la administración de la cosa pública.
Por otra parte, la módica experiencia K en crear o estatizar empresas deja mucho que desear. Desde el caso de Lafsa, la empresa aérea que, aun sin aviones ni rutas, siguió perdiendo plata, pasando por la creación de Enarsa, la petrolera sin petróleo a la que, de enero a marzo, el Estado le aumentó en nada menos que 532 por ciento los subsidios para importar combustible, hasta la oscura gestión de AySA, que a diferencia de la ex Aguas Argentinas no tiene regulador que le ponga coto y que también aumentó aunque en "apenas" 129 por ciento, tuvieron su tajada de subsidios, según precisa un estudio la Asociación Argentina de Presupuesto Público en base a las cifras de los primeros trimestres de 2007 y 2008.
A diferencia de la santacruceña, la economía argentina es más productiva que extractiva, pero la existencia de la llamada "renta" agropecuaria (técnicamente, la diferencia entre el costo de producir en tierras que se cuentan entre las más fértiles del mundo, y el precio al que ese producido se cotiza en el mercado mundial) hizo que los Kirchner sucumbieran a la tentación de "nacionalizar" una buena parte de ella, presentando la acción como una cruzada redistributiva.
La potencia de esa lógica político-económica se vislumbra en unos pocos datos. Entre 2002 y la actualidad, la presión tributaria nacional (excluyendo provincias y municipios) aumentó nada menos que 10 puntos del PBI, y 40 por ciento de ese aumento operó a través de las retenciones (impuestos a la exportación que, como ya se dijo aquí, tienen otra virtud que los Kirchner aprecian como pocas: son fáciles de recaudar). A su vez -calculó el economista Miguel Bein- el 85 por ciento del aumento en las retenciones provino del sector agropecuario.
El camino tuvo varios jalones, hasta llegar al esquema de retenciones móviles anunciado el 11 de marzo pasado (medida que Ricardo Buryale, uno de los vicepresidentes de Confederaciones Rurales, calificó acertadamente de "reforma agraria haragana"), desencadenante del duro y aún irresuelto conflicto con el campo.
La rebelión rural es un intento de poner límites a la voracidad K, y vino a sumarse a un escenario internacional enrarecido. Por primera vez en cinco años, el gobierno fue puesto a la defensiva, tanto adentro, por el desafío del campo, como afuera, por Hugo Chávez.
El presidente venezolano, a todas luces un aliado internacional de los Kirchner, decidió que el Estado venezolano se apropie de Sidor, empresa de la que Techint, una de los pilares del "modelo productivo" oficial, detenta el 60 por ciento.
Chávez ni siquiera avisó. Los Kirchner se desayunaron con los hechos, pero no es mucho lo que pueden hacer. El gobierno venezolano es tanto el principal proveedor de energía, para ayudar a reducir la brecha entre el desbocado consumo y la estancada oferta local, y el principal comprador de bonos argentinos, para completar un esquema de financiamiento que luce cada vez más complicado.
En la semana que pasó, además, Thomas Griesa, el juez de Nueva York que entiende en los juicios por el default argentino de 2002, decidió mantener el congelamiento de 2.000 millones de dólares en bonos de nuestro país, y la presidenta firmó la adjudicación de las obras del Tren de Alta Velocidad (o bala), proyecto que demandará entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y cuyo financiamiento se basa, fundamentalmente, en endeudar al país.
El tren bala es una decisión "estratégica", un "salto a la modernidad" repitió otra vez la presidenta, sin explicar la supuesta estrategia. En cualquier caso, el contraste entre semejante proyecto, de un lado, y el tironeo fiscal con el campo y la decisión del juez de Nueva York, del otro, es apabullante.
Ante la ausencia de explicaciones oficiales sobre la conveniencia del proyecto del llamado Tren Bala, algunos de sus beneficiarios refirieron que Brasil y Arnold "Terminator" Schwarzenegger, el gobernador de California, también están tentados por las ventajas del sistema.
Las diferencias, en todo caso, son significativas. Brasil acaba de recibir la ansiada "categoría de inversión", por lo que puede financiar proyectos en el mercado internacional sin hacer maniobras ni esconder sus circuitos de pago, como aún debe hacerlo la Argentina. California, por otra parte, es el Estado más rico de Estados Unidos y es por sí sola la sexta economía del mundo, con un PBI entre 6 y 7 veces más grande que el de nuestro país.
Aun así, Schwarzenegger (que no por casualidad fue el primer ciudadano norteamericano que tuvo un Hummer para uso civil) va despacio con su proyecto. En noviembre, en ocasión de la elección presidencial de Estados Unidos, pondrá a referéndum si el pueblo californiano está de acuerdo con emitir los bonos para empezar a construir el "sistema" (no sólo una línea) ferroviario de alta velocidad.
Aquí, todo se resolvió sin tanta consulta. Para eso sirven los decretos. Que el dinero público empieza a ser más escaso y convendría, como sugiere la rebelión del campo, no estirar tanto la cuerda. Mariconerías. Los Kirchner ya sabrán de dónde sacar rentas. Lo hicieron doce años en Santa Cruz, ¿cómo no van a poder hacerlo unos cuantos años más en la Argentina?
El Calafate La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló en El Calafate que "es hora de un ejercicio de responsabilidad social", y criticó a "aquellos empresarios que suben los precios cuando hay subas de salarios de los trabajadores; eso es avaricia sin justificación".
"Nadie dice que no ganen más, eso está dentro de toda posibilidad de los empresarios; pero no se deben apropiar de los aumentos que puedan tener los trabajadores en sus salarios para remarcar precios; eso es conducta antisocial y hay que castigarla", afirmó Cristina durante el acto de inauguración del Museo del Hielo, en esta ciudad santacruceña.