De la redacción de El Litoral
Ocho diputados de diversos bloques políticos presentaron un proyecto de ley para levantar en Santa Fe un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en un Paseo de la Memoria que se construirá en la plaza Italia, frente al edificio de la Legislatura y que sería inaugurado el 24 de marzo de 2010.
La iniciativa replica a escala provincial el homenaje que el Estado nacional institucionalizó con la inauguración en noviembre último del Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta santafesina lleva la firma de los diputados del Frente Progresista: Marcelo Brignoni, Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra; de los integrantes de la bancada del Frente para la Victoria: Ricardo Peirone, Gerardo Rico, Claudia Saldaña y Enrique Marín, y del presidente del bloque del Partido del Progreso Social, Oscar Urruty.
Los autores proyectan la realización del Paseo de la Memoria en el espacio público, ubicado en la misma manzana del edificio de la Legislatura, delimitado por Urquiza, 3 de Febrero, 4 de Enero y General López, conocido como Plaza Italia, el que mantendrá su denominación actual. El paseo contendrá los nombres de los detenidos-desaparecidos y asesinados, oriundos de la provincia de Santa Fe, en un muro especial que permita, además, la incorporación de los nombres de aquellos detenidos-desaparecidos o asesinados, que pudieran denunciarse y conocerse en el futuro, como víctimas del terrorismo de Estado. Contará también con obras escultóricas y con un espacio de interpretación.
Brignoni explicó que la construcción está prevista sobre la actual playa de estacionamiento de la Legislatura, la que dejará de utilizarse a ese fin a partir de la construcción de su edificio anexo en la esquina noreste de la intersección de General López y 4 de Enero. "El proyecto pretende no sólo la necesaria reivindicación institucional del Estado provincial hacia las víctimas del terrorismo de Estado, sino también, la revalorización de un edificio emblemático como el de la Legislatura, que recientemente demolió su fallida estructura agregada, y con este proyecto pasaría a ocupar la centralidad de un predio como espacio público. Es el lugar elegido por su importancia institucional y urbana para llevar adelante esta obra, cuya inauguración se proyecta, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, para el 24 de marzo de 2010".
El legislador dijo que la iniciativa se "inspira en el deseo de saldar una vieja deuda que esta provincia tiene con sus hijos víctimas del terrorismo de Estado".
Brignoni también entendió que el espacio servirá "a nuestra generación para recordar lo sucedido, pero mucho más sirve a los jóvenes de hoy y a las generaciones por venir para despertar el interés y profundizar conocimientos que los lleven a la necesaria conclusión del juicio y castigo a los culpables, y del Nunca Más a lo sucedido. Este espacio no pretende cerrar heridas que no pueden cerrarse ni suplantar la verdad y la justicia, sino ser un testimonio y un homenaje a las personas cuyas vidas quiso borrar un Estado que violó los derechos más elementales".
El proyecto de ley consta de 12 artículos, el primero de los cuales destina el predio para afectarlo como paseo público en donde se emplazará un monumento y un grupo poliescultural en homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, durante los años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del Estado de Derecho, en 1983. El lugar mantendrá la denominación actual de Plaza Italia.
Prevé que el monumento respete el contacto con el entorno del predio y la armonía con el edificio de la Legislatura y deberá contener los nombres de los detenidos-desaparecidos y asesinados oriundos de la provincia de Santa Fe, que constan en el informe producido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Co.Na.Dep.), depurado y actualizado por la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Prevé además la incorporación de otros nombres en el caso de que cumplan una serie de requisitos.
El proyecto estipula la creación de una comisión pro-monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, integrada por los presidentes de ambas Cámaras, legisladores, tres funcionarios del Poder Ejecutivo; dos del municipio y un representante de la UNL. Dicha comisión -con la participación de la sociedad civil, llevará adelante el concurso de ideas y supervisar la ejecución de la obra que se inauguraría el 24 de marzo de 2010.
En el Congreso
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación aspira a avanzar este miércoles en el debate de proyectos que buscan impedir que acusados de delitos de lesa humanidad puedan ejercer cargos públicos, para que no se repita la situación generada con el ex subcomisario Luis Patti.
La comisión que preside Graciela Camaño se reunirá para avanzar en un conjunto de proyectos que proponen modificar la ley de partidos políticos y que buscan la inhabilitación absoluta y perpetua para ser candidatos y ocupar cargos públicos a acusados por delitos de lesa humanidad.
Existen al menos tres proyectos que apuntan a cubrir ese vacío legal: uno de la diputada oficialista del Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda; otro de la radical Silvana Giúdice y un tercero de Miguel Bonasso, diputado por Diálogo por Buenos Aires.
El diputado Gerardo Rico (PJ) ingresó semanas atrás un proyecto de ley para incorporar a la norma sobre el sistema electoral de la provincia la inhabilidad para ejercer cargos públicos electivos a partícipes en cualquier grado de los delitos de violación a los derechos humanos.
La iniciativa prevé cuatro situaciones. La de condenados por delitos de lesa humanidad, en cuyo caso el impedimento tendrá carácter perpetuo. También la de personas contra las que exista prueba suficiente de participación, exteriorizada por el llamado a indagatoria en causa penal, como autor instigador o cómplice en violaciones a los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad, situación que cesará al dictarse sobreseimiento definitivo.
Una tercera situación es la de personas que hayan usurpado cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 dentro del territorio nacional. Una cuarta situación es la de personas que hayan ejercido los cargos de ministro, secretario, subsecretario, director general o equivalentes en jerarquía y rango, en cualquier dependencia del Estado provincial, municipal y comunal en dicho período.
Rico reconoce que el proyecto está inspirado en otro, presentado en el Congreso de la Nación el pasado 26 de marzo por la diputada bonaerense del Frente para la Victoria, Victoria Donda Pérez.