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Aunque el gobierno logre finalmente desgastar la protesta rural, el saldo del conflicto con el campo será una pérdida para todos, como manda la ley de oro de la estupidez
Productores rurales en las rutas, entidades agropecuarias que, al tiempo que disimulan diferencias y ocultan mutuos reproches, buscan que la protesta del campo se extienda a la industria, el comercio y los servicios. Dirigentes de oposición imputados por la Justicia, movilización de la Gendarmería, posibilidad latente de violencia, una presidenta que en menos de seis meses ha dejado jirones de imagen, un gobierno cada vez más encerrado en sí mismo y apoyado en el "pejotismo" que los Kirchner denostaban cuando se arropaban en conceptos como "transversalidad" y "concertación plural". Ése es apenas un saldo parcial del diálogo de sordos que durante 80 días, con intermitencias, fingieron sostener el gobierno y el campo.
Es difícil a esta altura proyectar las consecuencias de mediano y largo plazo de un conflicto que, en el mejor de los casos, habrá ocupado uno de cada cuatro días de este año. Pero lo que es seguro es que nadie ganó, ni ganará.
La Argentina, uno de los diez países del mundo mejor dotados para producir alimentos en exceso de sus necesidades, transformó en drama lo que era en verdad, sigue siendo- una oportunidad histórica, a contramano de aquella maldición secular según la cual la producción alimentaria estaba condenada a una inescapable erosión de valor respecto de sus pares industriales y post-industriales.
Los costos económicos del desencuentro ya se sienten con intensidad en el interior del país, donde la incidencia de la actividad rural es mucho mayor a lo que sugieren las estadísticas a las que se atuvieron el gobierno y los críticos de la protesta, y su transmisión a los grandes centros urbanos se sumará al efecto depresivo que un nivel de inflación cercano al 30 por ciento anual tiene sobre los bolsillos de los argentinos.
Las decisiones y las condiciones de siembra y producción en estos meses, mediadas por las contingencias climáticas a las que siempre está expuesta la actividad agraria, irán arrojando luego del invierno resultados más precisos. Algunos proyectan una disminución de al menos 10 por ciento en el área sembrada con trigo y las perspectivas no son mejores para la producción láctea, cárnica y de maíz, supuestamente aquellas que el gobierno quiso favorecer cuando anunció, el 11 de marzo pasado, el esquema de retenciones móviles que gatilló el conflicto.
En el plano político
En materia política, el gobierno proclamará, de aquí a algunas semanas, que "ganó" la pulseada. Los cosméticos cambios al esquema de retenciones móviles anunciados el jueves por el lenguaraz jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el confuso ministro de Economía, Carlos Fernández, tal vez logren el efecto buscado de poner de cara a la opinión pública- el sayo de la intransigencia enteramente sobre el campo, aunque las medidas no hayan aflojado en un centavo la mordida fiscal implícita en los anuncios de marzo.
La confusión y el hastío social, el frío y las propias necesidades logísticas y económicas de los productores, que no pueden pasarse el invierno sobre las rutas, ni sentarse sobre su cosecha (algo que va más allá de la capacidad de acopio y del boom del silo-bolsa), probablemente terminen por agotar la resistencia rural.
La realidad se encargará de dilucidar la verdad o falsedad de algunas afirmaciones oficiales, como aquella de que la soja genera muy poco empleo. Según Roberto Bisang, economista de la Cepal, la generación de trabajo directo e indirecto asociado a ese "yuyo", como lo definió la presidenta Cristina Fernández, cuadruplica el empleo en la industria automotriz, aunque esa realidad no sea visible en las estadísticas laborales tradicionales, pues se manifiesta a través de una trama de servicios, contratos e intercambios que a su vez explica el fuerte apoyo a la protesta agraria en los núcleos urbanos del interior del país.
LA ILUSIÓN DEL DINERO
Cuando este lunes el gobierno anuncie la recaudación fiscal de mayo, que según trascendidos rondará los 25.000 millones de pesos, probablemente sienta que el "modelo productivo" está a salvo.
Esa seguridad descansará también en el supuesto, por demás razonable, de que las divisas por exportaciones del sector agroindustrial llegarán tarde o temprano, aunque el campo remolonee.
Ésa, sin embargo, puede ser una lectura superficial. El conflicto de la gestión Kirchner con el campo ha abierto heridas profundas en toda la sociedad, ha dañado de modo profundo la credulidad y la credibilidad de las partes, ha desanimado al sector que aunque no sea "la esencia" de la argentinidad ni exageraciones parecidas- alimentó los dos pilares del modelo oficial: el superávit comercial y el superávit fiscal.
En la medida que la legitimidad (no la legalidad, que nadie digno de atención ha cuestionado) política de los Kirchner ha estado asociada a la expansión económica, su debilitamiento o reversión pondrá en cuestión el "proyecto" en su conjunto. Más allá de hechos puntuales como la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la agilización de las causas de Derechos Humanos, es muy poco lo que el proyecto ha dado en lo político. ¿O alguien cree realmente que el aumento de retenciones era un paso más en un proyecto "redistributivo"? Si así es, se verá en las urnas. Hasta octubre de 2009, sin embargo, lo más probable es que la calidad de política y de la economía que ofrece el oficialismo sea cada vez menor, aunque el deterioro sea lento.
A Roma
La presidenta Cristina Fernández viajará mañana a Roma, Italia, para participar en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aunque también mantendrá reuniones bilaterales. Fernández de Kirchner estará presente en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía.
La FAO plantea que, en la actualidad, aproximadamente unos 850 millones de personas en el mundo sufren hambre. "La dramática situación alimentaria mundial nos recuerda la fragilidad del equilibrio entre el suministro de alimentos y las necesidades de la población mundial, y el incumplimiento de compromisos anteriores para acelerar los avances en la erradicación del hambre", dijo Jacques Diouf, director general de la FAO.
No obstante, lo llamativo es que la participación de la presidenta ocurrirá en momentos en que el gobierno nacional mantiene un conflicto con el agro por las retenciones, cuando la Argentina, junto a Brasil y la India, figura entre los países que mas beneficios obtendrá a partir de los precios de los alimentos.
El lunes, a las 15, Fernández de Kirchner tendrá una audiencia con el director General de la FAO, Jacques Diouf, y después con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ese mismo día, la mandataria podría participar de un encuentro, organizado por el gobierno de Brasil en su embajada en Roma, acerca de la situación en Haití, donde la Argentina participa a través de la misión de paz de las Naciones Unidas. Al día siguiente, a las 9 (4, hora argentina), la presidenta participará de la ceremonia inaugural de la Conferencia y, dos horas y media después, está previsto que pronuncie su discurso.
Con el Vaticano
Antes del mediodía, Cristina Fernández mantendrá una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en el marco de una tensa relación entre la Argentina y la Santa Sede.
La no aceptación por parte de la Santa Sede de Alberto Iribarne como embajador argentino en el Vaticano, el destino de la vicaría castrense que ocupara el polémico obispo Antonio Baseotto, y la compleja relación entre la iglesia argentina y el gobierno nacional son algunos de los temas que contribuyen a la compleja relación bilateral.
Si bien se estima que la Casa Rosada trabaja en la concreción de otras reuniones bilaterales, todavía no está confirmado un encuentro con el premier italiano, Silvio Berlusconi.
Reparación histórica
En la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó a favor de Entre Ríos un acta de reparación histórica, que significa un fondo de 1.600 millones de pesos. Se destinarán a obras de infraestructura vinculadas con el desarrollo productivo de esa provincia. El gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, viene siendo uno de los defensores más persistentes de la posición del gobierno nacional respecto del campo.
Sergio Serrichio (CMI)