La detención de ocho productores por la quema de pastizales en la tarde de ayer y la imputación de referentes de la oposición por su participación en el corte de la Ruta 9, desató una sucesión de críticas. Para la Coalición Cívica (CC) que lidera Elisa Carrió, esta acción marcó el comienzo de "la fase represiva" de Néstor Kirchner a través del uso de la Justicia "al servicio de la violencia". Entre los dirigentes políticos imputados se encuentran María del Carmen Alarcón y Margarita Stolbizer.
"Hoy comenzó la fase represiva de Néstor Kirchner, que sólo tiene como objetivo aumentar la violencia e impedir la reconciliación y la necesaria paz de los argentinos", señaló la Mesa Nacional de la CC. Para su líder, Elisa Carrió, tal imputación es parte de la "declaración de guerra" que ya había expresado a su entender el PJ, cuando emitió un documento tildando de golpistas y agoreros a los ruralistas.
"Esto demuestra hasta qué punto Néstor Kirchner maneja la Justicia a su libre albedrío", dijo Carrió y lo acusó de querer "la violencia y la venganza" para los impulsores de la protesta agropecuaria. A su entender, se trata de una medida para "imponer miedo" y vaticinó que "la fase de persecución que se inicia irá contra los productores y los opositores políticos".
Carrió instó a mantener la dureza de las convicciones, a no tener miedo ni responder a la provocación; en cambio, propuso "practicar el derecho de resistir a la opresión". La diputada Patricia Bullrich, por su parte, consideró una "vergüenza y una provocación" la imputación, y dijo que eso responde a "una lógica de imposición de un poder que impide que la oposición tenga voz y voto"..
El jefe del bloque de diputados de PRO, Federico Pinedo, advirtió que "hay jueces que actúan al calor del gobierno (porque) se han cortado varias rutas en cinco años y no conozco ningún procesamiento".
Desde el radicalismo, Gerardo Morales juzgó como "lamentable" la acusación contra los ruralistas y referentes de la oposición, y coincidió en señalar que "el gobierno arrancó con la persecución" a quienes participan de protestas en contra de sus decisiones. "Es inaceptable que en lugar de sentarse a la mesa de diálogo y alcanzar una solución a un conflicto absurdo que lleva 80 días por la sola tozudez del gobierno, se comience a perseguir opositores", sostuvo el jefe partidario. "A 25 años de la recuperación de la democracia, pensábamos que como Nación ya habíamos superado esas herramientas autoritarias", manifestó.
También expresó su respaldo el diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco De Narváez, para quien resulta "extraño y llamativo ver a la Justicia actuar en casos como éste, cuando es grande la inacción frente a cortes como los de Gualeguaychú y otros avalados por el gobierno nacional, como los que practican diariamente agrupaciones kirchneristas y piqueteros afines".
El titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reclamó a la Justicia que se mantenga independiente y no sea un instrumento del gobierno. "Nos citan por cortar una autopista, cuando hubo situaciones similares por todo el país durante aquellos días de marzo. La actitud de este fiscal es bastante sospechosa", señaló.
Concretamente, Stolbizer y Alarcón fueron imputados por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, por el supuesto corte del tránsito en la Ruta 9 el pasado 19 de marzo, mientras se realizaba un acto con el campo.
Esta mañana, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aseguró que el gobierno nacional no tiene "nada que ver" con las detenciones. "Echarle la culpa al gobierno es más viejo... Qué tiene que ver el gobierno si son dos acciones judiciales", sostuvo Fernández. De todas maneras, dijo que "hay prueba suficiente en el expediente que muestra que (los productores) tuvieron vocación de corte en todo momento, y que prendieron pastizales a la vera de la ruta en determinados lugares buscando que se tuviese que detener el tránsito provocando un hecho que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina".
Aníbal Fernández afirmó que "se sale de esta situación sin sangre, sin heridos y sin muertos. Es necesario tiempo, pero aquel que no comprenda que no puede hacer lo que se le antoja en la calle, va a ser detenido y puesto a disposición del magistrado que corresponda", sentenció.
En diálogo con El Litoral, María del Carmen Alarcón relató esta mañana cómo se dieron los hechos. "(Efectivos policiales) me notificaron ayer en mi domicilio que estaba imputada en esta causa y ya ahí me quisieron tomar las huellas dactiloscópicas y hacer un cuestionario de preguntas. Pedí ir a la sede de la Justicia Federal y accedieron. Allí me tomaron las huellas y me dijeron que estoy citada para el próximo jueves a las 10, en el Juzgado de San Nicolás, porque se me imputa haber violado el Art. 194 del Código Penal que establece penas para quienes agreden o interfieren el tránsito por una vía pública", contó.
Alarcón admitió haber participado de aquel acto en la localidad de San Pedro el 19 de marzo, pero recordó que fue al comienzo del conflicto, y negó que durante la protesta se hubiera cortado el tránsito. Al margen de la imputación en sí, la actual funcionaria del gobierno de Hermes Binner repudió la actitud de la Justicia.
"Nunca he cortado una ruta y si me van a citar por haber estado presente, me van a tener que llamar por doscientos casos más porque he estado en muchos otros actos. Si uno como dirigente no puede participar de un acto porque es un delito, entonces es muy grave", se quejó.
Alarcón consideró que se trata de una "intimidación" para los productores, y reclamó que la misma celeridad con la que se actuó en este caso, sea aplicada a la resolución de otros conflictos.
"La Justicia Federal tuvo acá una agilidad tremenda para citarnos e imputarnos; yo pido igualdad ante la ley porque todos los días vemos cortes en Capital Federal y no vemos que sean citados por eso los piqueteros. No rehúso a asistir a la Justicia, pero pido igualdad ante la ley", insistió
El Movimiento Pampa Sur de la provincia se solidarizó con Alarcón, diciendo que el partido "ha cometido la imperdonable infracción de pensar distinto al gobierno nacional y defender la dignidad y derechos del sector productivo de nuestro país y la compañera María del Carmen Alarcón, nuestra líder, se ha puesto del lado del pueblo que está obligada a representar..."
Firman la comunicación, Oscar Alberto Gómez, Beatriz Amelia Muga, Walter Enrique Martinzazo, Rosa Teresita Biasín, Daniel Horacio Zamora, Antonio Alberto Granato, Darío Cretan, Salvador Julio Faizal, Juan Carlos Romero, Pablo Sebastián Gozal, María Teresa Cañete, Jorge Quevedo, Sebastián Gozal, María de los Milagros Surín, Gabriel Aguirre Mauro y Edit Segado.
Margarita Stolbizer, por su parte, consideró como un escándalo la imputación judicial en su contra, y coincidió en que la única intención del gobierno es intimidar. "Lo grave, desde el punto de vista institucional, es que se utilice a la Justicia y que ésta termine siendo funcional, con tanta celeridad, poniéndose al servicio del interés político", manifestó. La dirigente denunció que "hay una policía que se está ocupando en los actos de ver quién es la gente que asiste, espiando a las personas como en las peores épocas".
Además de Stolbizer y Alarcón, también fueron imputados cuatro dirigentes de las principales organizaciones agropecuarias y el intendente de San Pedro, Mario Barbieri.
Huevazos
El gobernador Jorge Capitanich fue recibido ayer con insultos y huevazos por una veintena de productores chaqueños, cuando se disponía a inaugurar una oficina de la Administración Tributaria Provincial en la localidad de Pampa del Infierno. Efectivos de la policía del Chaco debieron interceder para que los incidentes no pasaran a mayores, y Capitanich suspendió el discurso que tenía previsto dar a los pobladores de la zona. Más tarde, el mandatario minimizó los hechos.
Acusación
El diputado kirchnerista Carlos Kunkel rechazó la oferta de Carlos Reutemann de ser mediador en el conflicto, y lo acusó de ser titular de un pool de siembra.
"No puede ser neutral alguien que encabeza un pool de siembra de soja y que tiene 40 mil hectáreas. Me llama la atención que Carlos Reutemann se ofrezca como mediador con una carta distribuyéndola a la prensa, porque él tiene un ámbito natural de discusión que es el bloque de senadores y el Consejo Nacional del PJ", respondió el legislador.
Liberados
Los detenidos y luego liberados fueron identificados como Raúl Victores (presidente de la Sociedad Rural de San Pedro), su hijo Rufino; Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Reynaldo Bianchini, Fabián Pascual y Juan Kissling.
DyN /Télam / De la redacción de El Litoral