El gobernador Hermes Binner firmó el decreto mediante el cual se establece la creación de Centros de Asistencia Judicial (CAJ) en todo el territorio provincial. Con esta normativa todos los ciudadanos santafesinos, y en especial aquellos que sean víctimas del delito, podrán contar con asistencia judicial y asesoramiento profesional gratuito.
La iniciativa, suscripta el mismo día que se reiteraron marchas en reclamo del esclarecimiento de casos judiciales, obedece a la necesidad de asistir en materia legal a los "ciudadanos más vulnerables", en general, y a "quienes se consideran víctimas de delitos", en particular. A tal efecto, dentro de cada centro se constituirá "una Oficina de Asistencia a las Víctimas".
Esta medida busca "establecer una sociedad decente basada en la no violencia y la abolición de la revancha, la forma más básica y elemental que reviste el castigo y pena en sociedades primitivas", práctica que se ha visto incrementada en los últimos tiempos, sostuvo el ministro de Justicia, Héctor Superti.
El funcionario había anticipado la creación de estos Centros de Asistencia Judicial a los familiares de víctimas de delitos que, tras una manifestación ante la Casa de Gobierno, fueron recibidos a principios de mes por el gobernador Hermes Binner. En la oportunidad, el funcionario explicó que el nuevo Código Procesal Penal, cuya implementación se está encaminando, prevé la posibilidad de que las víctimas asuman el rol de querellantes y traten de buscar una tutela judicial efectiva, hecho que el sistema actual no permite.
"La ley que crea el Ministerio de Justicia establece que una de sus funciones es la tutela a las víctimas", dijo Superti. Y hasta que comience a regir el nuevo Código, el ministro propuso una salida inmediata, poniendo a disposición de los familiares de las víctimas asistencia jurídica. A tal fin se habilitó una oficina transitoria en la Casa de los Derechos Humanos, de Saavedra 2059, de nuestra ciudad.
Ahora, y a los fines de dar respuestas a las víctimas y en vías de canalizar hacia el estado de derecho toda reacción ante el delito, el gobernador firmó el decreto N´ 1326. Esta norma forma parte de las "políticas públicas" necesarias para poner fin a la "espiralización de la violencia y proliferación de la denominada justicia por mano propia".
Los Centros de Asistencia estarán integrados por los "equipos necesarios de profesionales especializados bajo la dirección de un abogado especialista en derecho penal" y dependerán de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La oficina que de manera transitoria fue habilitada en nuestra ciudad, y que ahora está en vías de convertirse en el primer Centro de Atención a la Víctima, cuenta con un equipo interdisciplinario un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, que ha comenzado a atender los pedidos y reclamos de los ciudadanos que voluntariamente se han acercado.
Los principales planteos giran en torno al retraso de las causas judiciales y a la falta de información sobre los procesos penales en los que han sido víctimas ellos o sus familiares.
Los Centros de Asistencia Judicial dependen de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial. Para su funcionamiento se está elaborando un proyecto de reglamentación que se pondrá a consideración de los colegios profesionales vinculados al quehacer judicial.
Los restantes centros se instalarán en los nodos Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, de acuerdo a los criterios de regionalización de la provincia.
Antecedentes
La implementación de estos centros de asistencia se funda en las recomendaciones efectuadas por Naciones Unidas para la asistencia de las víctimas de delitos, contenidas fundamentalmente en el Manual de Justicia sobre el Uso y Aprobación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para consultar en la Oficina de Naciones Unidas del Centro Internacional para la prevención del Crimen (Nueva York, 1999).
Definición
Dentro de la categoría de víctima, la nueva norma incluye a quien "hubiere sufrido algún daño físico, psíquico o social; lesiones físicas o mentales; sufrimiento emocional; pérdida o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente".
De la Redacción de El Litoral