El senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani, postuló declarar al gas licuado de petróleo en garrafa como servicio público al presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 5 de la ley dictada en 2005 para establecer el marco regulatorio para la industria y comercialización de ese combustible.
El senador socialista fundamentó su proyecto en el fracaso de la implementación de la llamada "garrafa social" y sus precios de referencia. "La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas no garantizan la provisión del gas licuado de petróleo a un precio razonable para la economía de los sectores pobres de la población argentina".
Sostuvo el legislador que "los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado que le llega a través de las redes, mientras que los sectores de menores recursos carecen de tal beneficio, y además existen conglomerados urbanos completos en el interior del país que tampoco gozan de dicho subsidio puesto que carecen de ductos de gas. Esta inequidad entre distintos sectores de la población conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen pagan menos por un producto esencial, mientras que los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas para sus bolsillos".
Esta iniciativa se suma a la presentada en abril último donde Giustiniani pidió conocer qué medidas adoptaría el gobierno nacional para garantizar la provisión de envases de uso domiciliario de gas licuado y para mantener un precio accesible.
El senador recordó que los precios de referencias fijados por la Secretaría de Energía no se cumplen, al señalar que la garrafa de 10 kg debe adquirirse a 19 pesos, mientras que la de 45 kg a 106 pesos. Sin embargo, en el mercado se venden a no menos de 28 pesos y 150 pesos, respectivamente.