La reformulación del proyecto de construcción de los grandes acueductos en la provincia de Santa Fe ha mostrado avances de consideración, que confirman lo ventajoso de formular profundos estudios antes de iniciar la ejecución de las obras.
La decisión del gobierno santafesino de reservarse la planificación de la infraestructura y de diseñar el proyecto ejecutivo, en lugar de licitar también su provisión, les permite a los equipos técnicos del Estado revisar las trazas que ya habían sido definidas en el proyecto original.
A fines de 2007 el gobernador Hermes Binner avaló la decisión del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de suspender una licitación que estaba en marcha. Le restaba sólo la presentación de ofertas (y la posterior evaluación, adjudicación y firma de contratos).
La compulsa convocada durante la gestión anterior contaba con un desarrollo técnico previo que -según las actuales autoridades- era ""menos que un anteproyecto".
El pliego licitatorio había sido adquirido por dos potenciales oferentes. Y la elección de materiales para la cañería estaba limitada a dos tipos sobre cinco posibles, lo cual podía redundar en mayores costos.
Los cambios sobre el proyecto van en dos direcciones. En lo técnico, se reemplaza un esquema de dos grandes acueductos con sus correspondientes plantas potabilizadoras sobre el sistema del Paraná y sus extremos en la franja oeste de la bota santafesina por un diagrama menos vulnerable, con siete acueductos con sus instalaciones de toma y potabilización del agua para su posterior transporte, e interconectados para que, ante eventuales fallas, el sistema pueda al menos brindar parcialmente el servicio vital a la población.
En lo económico, es central que el Estado abra el juego a la posibilidad de que se empleen más materiales (además de PVC y poliéster) de bases metálicas y hormigones, que pueden ser útiles si antes se determina la agresividad del suelo en que irán enterrados. Esos estudios se realizan ahora en el plazo de seis meses fijados por el gobierno para reformular el proyecto, que terminan en julio.
El objetivo de definir un proyecto con mayores precisiones antes de recibir las ofertas es claro: ""Nuestra meta es no tener adicionales", dijo el ministro Antonio Ciancio, el funcionario responsable de que se concrete el emprendimiento, que tiene un límite de deuda para esta primera etapa de hasta 200 millones de dólares.
En materia de obras públicas los adicionales son los ítems que no han previsto los pliegos (sobre los que los oferentes hicieron sus cálculos). Son las sorpresas que se presentan durante la ejecución de los trabajos, y esos imprevistos -cuando el contratista ya se ha hecho cargo de los trabajos y cuenta con un contrato firmado- son siempre más caros que si hubieran formado parte de la suma para la oferta.
Es exactamente eso lo que les ha ocurrido a los costos del único mega acueducto que está en construcción en la provincia, el Acueducto Centro, que realiza el gobierno nacional bajo un esquema que dejó en manos de los oferentes la resolución de los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución.