El socialismo insistió con presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para establecer normas referidas a la investigación biomédica en la provincia. Este año fue Mario Drisun, presidente de la comisión de Salud, el que dio estado parlamentario al asunto. En la anterior composición legislativa, el proyecto llevó la firma de Antonio Bonfatti, hoy ministro de Gobierno y Reforma del Estado y tuvo media sanción de la Cámara Joven, habiendo caducado en noviembre último por falta de tratamiento en el Senado.
El objeto del proyecto es regular la protección integral de las personas que prestan su consentimiento para ser sujetos de investigación biomédica entendiendo por tal "a toda práctica de diagnóstico, tratamiento o recolección de información biológica o sanitaria generalizable que tenga como objetivo el interés exclusivo de contribuir a la salud del sujeto comprendido en la investigación".
Días atrás se realizó la primera reunión de una ronda de consultas que se extenderá por toda la provincia. El encuentro tuvo por escenario la sala de reuniones del bloque justicialista. Además de Drisun estuvo en la reunión la justicialista Silvina Frana junto a representantes del arzobispo José María Arancedo; de los hospitales de la ciudad y de los Samcos del nodo Santa Fe; de la escuela de Ciencias Médicas de la UNL y de los colegios de Médicos, de Bioquímicos, de Farmaceúticos, de Sicopedagogos, de Kinesiólogos y de Odontólogos.
La mayoría de los participantes destacó la posibilidad de las instituciones de "poder participar y aportar ideas en la elaboración de una ley tan importante para la sociedad toda".
El proyecto define como investigación biomédica a "toda práctica de diagnóstico, tratamiento o recolección de información biológica o sanitaria generalizable que tenga como objetivo el interés exclusivo de contribuir a la salud del sujeto comprendido en la investigación por ejemplo: el estudio de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de respuesta a una intervención determinada -física, química o psicológica- en personas sanas o enfermas".
Entre las pautas generales se determina que "toda investigación biomédica deberá realizarse respetando los derechos inalienables de la persona y las pautas éticas establecidas en la Declaración de Helsinki, en las normas éticas internacionales para las Investigaciones Biomédicas en Sujetos Humanos preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (Cioms) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El proyecto determina que el ministerio de Salud será autoridad de aplicación y en dicho ámbito se crea un consejo asesor. Además, en todo establecimiento o institución sanitaria donde se realicen actividades de investigación deberá funcionar en forma continua un comité independiente de ética de investigación.
Otra decisión legislativa apunta a que toda investigación en la materia deberá ser presentada ante el Ministerio de Salud que dictará una resolución admitiéndola o denegándola.
En forma previa a la realización de una investigación biomédica sobre cada persona, deberá requerirse su consentimiento libre y expreso, imponiéndole antes de los alcances de la tarea, metodología y duración, posibles beneficios y eventuales riesgos.
Determina responsabilidades de los patrocinadores de una investigación y/o de los investigadores, e impone la obligación de contratar un seguro suficiente.
Drisun explicó que "toda investigación en humanos, además de su validez científica, debe tener valor social. Para ello la bioética, en una de sus manifestaciones, aparece como una dimensión necesaria en la articulación de la ciencia con los procesos de toma de decisiones políticas y la regulación de un marco legal que preserven los derechos y las libertades de todas las personas".
El proyecto tiene como base las normas dispuestas por organismos internacionales en la materia que establecen como principio general que "todas las investigaciones con sujetos humanos deben realizarse de conformidad con tres principios éticos fundamentales: respeto por las personas, beneficencia y justicia".
Prohibiciones
El proyecto de Drisun determina quiénes no podrán ser sometidos a investigación biomédica. Enumera a las mujeres embarazadas o que amamanten, salvo que dichas investigaciones sean de utilidad para el conocimiento de fenómenos vinculados con el embarazo o lactancia, respectivamente, y carezcan de riesgos previsibles para la madre y el hijo; los menores de edad, mayores bajo tutela, personas internadas en establecimientos sanitarios y sociales y enfermos en situación de urgencia, excepto en el caso que se prevea un beneficio directo y mayor para su salud; los enfermos y discapacitados mentales, excepto en el caso que se prevea un beneficio directo y mayor para su salud; y las personas privadas de su libertad, excepto en el caso que se prevea un beneficio directo y mayor para su salud.
Además, se prohibe el ofrecimiento o entrega de retribución económica o beneficio material directo o indirecto a las personas que se presten a la realización de una investigación biomédica o den su consentimiento para ello.