La Corte Suprema de Justicia se metió por primera vez en la puja por las retenciones, al aceptar un planteo de la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, en una demanda que incluye la objeción a esa polémica medida pero también contiene un reclamo para que se declaren inconstitucionales todos los derechos de exportación impuestos desde 2002 y las leyes de emergencia económica.
El planteo de la provincia puntana, un caso testigo que excede la problemática inicial del agro, se convirtió en otro punto a debatir judicialmente por parte del gobierno nacional, que ya estaba trabajando en la apelación al fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de las últimas medidas del ex ministro de Economía, Martín Lousteau.
El gobierno, a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que la presidenta Cristina Kirchner "le puso punto final" a las polémicas medidas con su discurso, en el que detalló el destino de ese dinero a recaudar. Y, al defender la legitimidad de las resoluciones dictadas en marzo, Fernández aclaró que, tras el fallo adverso de la jueza Liliana Heiland, el caso será llevado a Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para que defina la validez constitucional de esas medidas impositivas.
Mientras tanto, otras dos causas que derivan de ese escenario se activaron en los Tribunales. Un fiscal pidió la indagatoria del piquetero oficialista Luis D'Elía por golpear a un manifestante, y se sumó al interrogatorio al que quiere someterlo otro representante de la Fiscalía como sospechoso de intimidación pública, por haber intentado "recuperar" la Plaza de Mayo, en la noche en que nacieron los cacerolazos contra el kirchnerismo.
En tanto, desde el otro lado, Hebe de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, exigió la detención de los dirigentes agrarios que protestan por las retenciones, en el marco de una denuncia judicial en la que los acusó de armar una "asociación ilícita" que "incita a la violencia" y "utiliza perversos métodos terroristas".
En la acusación contra Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli (Federación Agraria), Fernando Gioino (Coninagro), Mario Llambías (CRA) y Luciano Miguens (SRA), Bonafini sostuvo que "la intención de estos delincuentes, mal llamados dirigentes ruralistas, es producir un sentimiento golpista y fomentar la anarquía y la confrontación" para "desestabilizar al gobierno".
Mientras el juez federal Claudio Bonadío analiza el planteo de Bonafini Äy sus colegas del fuero ordinario definen si ordenarán la indagatoria de D'ElíaÄ, la Corte Suprema se introdujo por primera vez en el tema de las retenciones, luego de que diez días antes hubiera rechazado un amparo de un particular, por entender que no mostraba el perjuicio directo que le imponía ese derecho de exportación.
Ahora, la provincia de San Luis Ägobernada por el antikirchnerista Alberto Rodríguez SaáÄ logró el aval de la Corte para comenzar a analizar con el gobierno las retenciones móviles en los próximos 60 días. El 25 de abril, San Luis solicitó que se declare la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado Nacional a partir del 1º de enero de 2002, así como también de las leyes de prórroga de la emergencia económica.
También se pidió que se condene al Estado Nacional a pagar a esa provincia por la pérdida sufrida en los ingresos por coparticipación tributaria, causada "por la inconstitucional conducta del Estado Nacional, al fijar los derechos de exportación cuestionados", según la denuncia.
"Se demanda así la diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese debido percibir de no mediar aquellos derechos de exportación inconstitucionales", indicaba la presentación judicial.
San Luis advirtió que el mecanismo de las retenciones "tiene por efecto congelar, a futuro, los ingresos de los productores agropecuarios y exportadores, transfiriendo al Estado la mayor renta que pudieran obtener con motivo de las eventuales subas en la cotización internacional de esos granos".
Para San Luis "el uso abusivo de recursos impositivos provoca efectos absolutamente distorsivos de la economía y de la política nacional: desalientan a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecen a las provincias, debilitan el federalismo, imponen el unitarismo fiscal, favorecen la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el clientelismo político, el condicionamiento de las autoridades provinciales, su sujeción al poder central, la corrupción del régimen representativo democrático".
Ahora, el Alto Tribunal emplazó al gobierno a contestar la presentación en dos meses como máximo. La Corte "aceptó su competencia originaria" en la demanda presentada por Rodríguez Saá y le corrió traslado al gobierno nacional, "para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días", se indicó oficialmente en Tribunales.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, estimó hoy que el máximo tribunal se pronunciará sobre las retenciones, en el planteo realizado por la provincia de San Luis, "en un año, con suerte y viento a favor", y afirmó que "se cae el decreto" si se confirma la "inconstitucionalidad" de los derechos de exportación.
Además, sostuvo que "las guerras se terminan en una mesa de negociaciones" y "lo mejor sería que empezáramos por la mesa de negociaciones, en lugar de empezar a pelear", al analizar el conflicto entre el agro y el oficialismo.
Explicó que la Corte aceptó la presentación "por una cuestión de competencia" ante "los dos personajes involucrados", ya que "no hay ningún juzgado que pueda intervenir en un conflicto entre la Provincia y el Estado Nacional".
En declaraciones a las radios Mitre y Continental, ratificó que el gobierno tiene 60 días para responder y expresó que "si ellos quieren lo acortan, si ellos quieren contestan antes, pero nosotros no podemos obligarlos a acortar el plazo, porque es el plazo que fija la ley".
Consideró que "probablemente tengamos que hacer alguna audiencia pública, o algo así", mientras calculó que el pronunciamiento podría producirse en "un año, con suerte y viento a favor".
Recordó que "la Corte ya ha dicho en muchos casos que cuando un impuesto supera el 33 por ciento es confiscatorio", aunque aclaró que "hay que discutir si las retenciones son impuestos, ése es el planteo. Sin son impuestos esto debe resolverlo el Congreso y no se puede hacer por decreto, ése es el planteo de inconstitucionalidad que tenemos, hay que empezar por resolver eso", indicó. "Acá el planteo es que el decreto es inconstitucional, se cae el decreto si se confirma la inconstitucionalidad", admitió.
Argibay justificó el rechazo a denuncias presentadas por "personas individuales" contra las retenciones, al indicar que "tienen que ir a jueces de Primera Instancia, tienen que seguir la vía procesal correspondiente, no pueden ir directamente a la Corte".
"El planteo de San Luis (efectuado por el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá) entra a la Corte porque es una Provincia contra el Estado Nacional", manifestó la jueza, quien insistió que "el argumento es que estas retenciones los han perjudicado, y que es inconstitucional, porque tendría que haber sido resuelto por el Congreso de la Nación y no por decreto".