Sergio Serrrichio (CMI)
Rara Argentina ésta, en la que el gobierno se embandera con las retenciones móviles, pero no hace nada para restablecer la movilidad de las jubilaciones e incluso apela cualquier decisión judicial que intente avanzar en ese sentido. Más raro aún, porque la movilidad de las jubilaciones, que es además un mandato legal, sería una medida mucho más "nacional y popular" y también más "redistributiva", todas causas y objetivos que el gobierno dice representar.
Raro también que la presidenta invoque la potestad "constitucional" de establecer los "derechos de exportación" (tal el nombre técnico de las retenciones, que la Nación no comparte con las provincias), pero no diga ni mu sobre la violación, ya en su duodécimo año consecutivo, al mandato de la Constitución de 1994, de que la Argentina debía tener una nueva ley de coparticipación federal a más tardar a fines de 1996.
Raro momento institucional, en que quien le asegura al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, que antes de fin de año habrá un aumento del salario mínimo no es la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (en adelante, CFK), sino el presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner. El mismo que, a la aleccionadora consigna de "pónganla', arenga a los legisladores de su partido para que ratifiquen las retenciones móviles.
Raro también que este gravamen, cuya existencia a lo largo de décadas ha sido largamente ignorada por el argentino medio sin incurrir en ignorancia grave, se haya convertido en un non-plus-ultra revolucionario, la última colina conquistada y a defender- en la lucha contra la oligarquía.
Raro país, en fin, aquel en el que una convocatoria del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado (la Cámara legislativa cuya integración expresa el carácter federal de la constitución política de la Nación) a los gobernadores de las provincias despierta primero sospechas, luego reacciones para desbaratarla y, por último, un coro de reproches.
Ni el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ni el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, ni el de Interior, Florencio Randazzo, "entendieron" la iniciativa de Julio Cobos, aunque les pareció lo más natural del mundo que el ahora escondido Luis D'Elía haya llamado a armarse contra el avance de las hordas rurales y convocado a una movilización oficial.
Así estamos, al cabo de la primera semana de la "fase legislativa" del interminable conflicto agropecuario gatillado el 11 de marzo pasado, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció las retenciones móviles. Más de cien días y decenas de maniobras y pseudo-argumentos después, el poder K insiste en afirmar el objetivo "distributivo' de aquella medida, al tiempo que sigue ignorando oficialmente la existencia de la inflación, el principal enemigo de los pobres y de una distribución más justa del ingreso.
En rigor, la cosa es algo más enrevesada: el kirchnerismo ha empezado a reconocer la inflación en su discurso (aunque no en los índices del Indec), porque eligió el expediente de atribuírsela al campo. Incluso la escasez de combustible, que con el sector rural trabajando a pleno sería todavía peor, es endilgada sin más al "sabotaje" chacarero.
Lamentablemente, todos esos problemas (el conflicto del campo, la inflación, la cortedad energética), y algunos más, seguirán complicando la vida de los argentinos, a menos que el gobierno se decida en serio a resolverlos. Nada indica que tenga esa intención. Para qué imponerse una tarea tan ingrata cuando todavía se puede desviar la atención a golpes de chicana.
Por caso, el gobierno inició la semana pasada una ofensiva argumental contra el agro afirmando que mientras los productores desabastecían el mercado interno, se exportaba como nunca. Lo hizo en base a cifras inéditas de la Aduana, que a su vez contradicen información del Indec sobre la evolución del comercio exterior.
Otro sonsonete oficial, el de la redistribución, va exactamente a contramano de los hechos. ¿Qué clase de redistribución progresiva es aquella que desalienta la producción y concentra los recursos en el Estado, que a su vez los redistribuye a un puñado de empresas?
De la mano de un discurso moderado y un perfil dialoguista, el vicepresidente Julio Cobos se convirtió en la revelación del mes, en materia política, según admitieron al diario La Nación, encuestadores y sociólogos.
"No lo tenía medido, pero en la próxima encuesta creo que lo voy a incluir", explicaban uno tras otros los analistas consultados por el diario porteño. El vicepresidente siempre tuvo un nivel de desconocimiento tan alto entre la opinión pública, que no se justificaba incluirlo en los sondeos. Sin embargo, desde su irrupción en escena, como la cara conciliadora del gobierno en el conflicto con el campo, ese dato empezó a cambiar.
"Supongo que con esta toma de visibilidad vamos a ver cómo evoluciona su imagen, va a cobrar dimensión y más volumen", sintetizó Artemio López, titular de la consultora Equis.
La socióloga Graciela Rmer coincidió en que "es seguro que su imagen aumentó", pero avanzó con un concepto más osado: "Cobos puede convertirse en la nueva etapa del campo; igual que los productores, puede capitalizar a su favor el malhumor hacia la dirigencia política y el gobierno".
Para Manuel Mora y Araujo, la clave reside en que el vicepresidente decidió intentar un posicionamiento propio, de búsqueda de consensos. "No quiere ser uno más de los vicepresidentes opacos, pero tampoco de los que se van por desacuerdo", concluyó.
Una forma de entender el impacto de las retenciones móviles tal cual las quiere ratificar el gobierno es asimilarlas al impuesto a las Ganancias. Es lo que hizo el economista chileno Ricardo Lagos (h), hijo del ex presidente de Chile (un progresista en serio) y profesor de la universidad de Nueva York.
Munido de un modelo econométrico y de datos sobre costos y rindes en diferentes zonas del país, Lagos calculó que en la actual banda de precios agrícolas el esquema oficial equivale a una alícuota de poco más de 70 por ciento sobre las ganancias de los grandes productores, y de más del 80 por ciento sobre las de los pequeños y medianos. Por eso, dice, las retenciones móviles son "excesivas y regresivas".
Sucede además que el rol redistributivo del Estado en América latina deja bastante que desear. La región tiene el reparto del ingreso más desigual del mundo, precisamente por la redistribución al revés del populismo, que las más de las veces termina empobreciendo a los que ya son pobres.
Pese al discurso en contrario, esa característica se ha acentuado en la Argentina K, en la que el IVA sigue teniendo una de las alícuotas más altas del mundo, las rentas financieras siguen exentas y la parte del gasto público que más rápidamente crece son los subsidios a las empresas. En los primeros cuatro meses de este año, esos subsidios sumaron 6.498 millones de pesos, un 127 por ciento más que en igual período del año pasado.
Ese barril sin fondo, al que se suma la cada vez más abultada factura energética y una estrategia de financiamiento suicida (el riesgo-argentino volvió a superar la semana pasada los 600 puntos, caso único en América latina), no una redistribución justiciera, está detrás de los manotazos del fisco K.
Por eso no habrá marcha atrás en la estrategia oficial, a menos que el Congreso la imponga. Es lo que estará en juego la próxima semana.
A finales de los noventa, Carlos Menem y su ministro de Economía, Roque Fernández, llevaron a la convertibilidad en "piloto automático" a una larga y dolorosa recesión, que años después estalló en una profunda crisis.
Los tiempos y las circunstancias de los Kirchner son diferentes. Todavía están a tiempo de buscar soluciones. Depende de que los diputados y senadores le impongan ese deber, y de que dejen de buscar a quién echarle la culpa.