Julia Izumi (CMI)/El Litoral
El verdadero debate sobre el proyecto oficial que establece retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias se iniciará el lunes en el seno del plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en una audiencia que será a puertas cerradas para evitar la interferencia de los sectores interesados pero que se podrá seguir a través de una transmisión en directo en el salón de la planta baja del Congreso.
Si el oficialismo logra imponer su mayoría, lo más probable es que el dictamen se emita entre el martes y el miércoles para llegar al recinto a más tardar el jueves o viernes. A pesar de que desde la bancada oficialista se transmite la seguridad de contar con los votos necesarios para ratificar la resolución 125, el verdadero escenario se conocerá en la reunión de bloque que se llevará a cabo el martes
La decisión de sesionar en forma privada a partir del lunes a las 17 fue adoptada por los presidentes de los distintos bloques en una reunión que se llevó a cabo por la mañana, en el despacho del titular de la comisión de Presupuesto, el oficialista Walter Agosto. Con todo, los asesores y técnicos de ambas comisiones comenzaron ayer mismo a analizar el proyecto del Poder Ejecutivo y otras alternativas relacionadas con el tema retenciones que actuarían como complemento.
Ese no es el único ámbito de debate: buena parte de las entidades que expusieron sus puntos de vista ante las comisiones nunca cortaron el diálogo con el gobierno, con quien avanzaron en el paquete de medidas correctivas que actuarían como anzuelo para captar la adhesión de los más dubitativos dentro del oficialismo.
La decisión es proteger a los pequeños y medianos productores y a los monotributistas a través de iniciativas que amplían las compensaciones para estos sectores, una nueva Ley de arrendamiento y medidas para asegurar la rentabilidad de la producción láctea.
"El valor de la soja como está aumentando encarece todo, no sólo el precio de los alimentos, sino también el precio de referencia para todas las actividades agropecuarias. Queremos proteger al que produce no al que vive de renta", explicó a este diario la diputada oficialista Patricia Vaca Narvaja (FPV-Córdoba), integrante de la mesa chica del bloque.
De esta forma, la semana que se inició con un caótico plenario en el que comenzaron a hacer oír su voz los distintos protagonistas del conflicto, culminó tal y como lo había anticipado el titular de la comisión de Agricultura, Alberto Cantero, cuando sostuvo que el proyecto del Ejecutivo sería tratado junto con un paquete de leyes complementarias.
La confusión -o distracción- generada por el debate sobre la "apertura" o "blindaje" del proyecto oficial sólo sirvió para instalar la intención de algunos diputados del oficialismo y otros aliados -que no comulgan ni con la derogación de la resolución, ni con su ratificación tal como está-, de introducirle modificaciones que establezcan porcentajes diferenciados según el tamaño de la producción.
El propio ex presidente Néstor Kirchner se encargó de ponerle límite a esa aspiración que había comenzado a ganar espacio al interior del FPV y amenazaba todavía amenaza, sostienen algunos- la posibilidad de ratificar el proyecto de Cristina Fernández, al ordenarles a las autoridades de la bancada que trabajen para garantizar el apoyo mayoritario a la resolución 125.
La oposición más dura que encarna el radicalismo, la Coalición Cívica y PRO, marchó de algún modo al ritmo de estos vaivenes, pero finalmente decidió quedarse también con su reclamo inicial: la derogación de las retenciones móviles. Si bien no se descarta la posibilidad de consensuar un proyecto propio para evitar la dispersión, la ratificación del kirchnerismo de defender la medida dispuesta por el gobierno volcó la balanza a favor de quienes sostienen la necesidad de asumir en el recinto una posición claramente contraria a la del FPV.
Con todo, en este sector son varios los que consideran necesario esperar a que el oficialismo ponga las cartas sobre la mesa para actuar en consecuencia. El posicionamiento del campo, que reclamó un "camino intermedio" entre la ratificación y la derogación, alienta esta estrategia.
La Comisión de Enlace de entidades agropecuarias consideró que "lo más prudente que puede hacer el Congreso" es disponer la suspensión por 180 días del esquema de retenciones móviles, hasta que se resuelva el contenido del la futura ley. La iniciativa fue lanzada anoche, al término de una reunión en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), debido a que tras cinco días de debate en el Parlamento, "se hicieron muchas ponencias pero no conocemos un proyecto (alternativo al del Ejecutivo), porque no existe".
La preocupación expresada por la dirigencia agropecuaria radica en que a pesar de contarse con opiniones de muchos legisladores en favor de modificar la propuesta oficial, al término de esos cinco días aún no se llegó a consensuar un proyecto alternativo unificado.
En virtud de ello, y ante la posibilidad de que el debate se prolongue y la sanción de la ley se demore más allá de lo esperado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, reclamó "por lo menos la suspensión de una medida que consideramos inviable", en alusión al esquema de retenciones móviles.
En ese sentido, Eduardo Buzzi (FAA) propuso "un proyecto de ley de dos artículos": el primero dispone la suspensión por 180 días de las retenciones móviles y el segundo la conformación de una comisión para analizar la legislación referida a diferentes aspectos de la problemática agropecuaria. Respecto de la suspensión, Buzzi aclaró que no se propone la eliminación de las retenciones sino que, en el lapso que dure la suspensión, se retorne al 35 por ciento vigente al 10 de marzo.