La media sanción, por presión y disciplina, en Diputados, de la Resolución 125, archivó cinco años de prescindencia de la Constitución Nacional. Lo importante es que se cuestionó la jurisdicción y las atribuciones del Poder Ejecutivo para crear impuestos sin previa intervención del Congreso y el contenido de un Código Aduanero vigente desde 1976.
Se votó un laberinto de difícil aplicación. Se establecieron precios múltiples con parámetros cuantitativos para la soja y el girasol. Para los que cosechen menos de 300 toneladas la retención se reduce al 30%, menos de lo fijado por Lousteau. Para quienes producen entre 300 y 750 toneladas anuales queda vigente lo que regía hasta el 11 de marzo, una emperifollada marcha atrás del Gobierno, porque a la binarquía no le gusta admitir los retrocesos.
Hay una tercera escala, de hasta 1.500 toneladas, compensándose 750 y de aquí hasta 1.500 sin resarcimiento alguno. Y finalmente, para quienes producen más de 1.500 toneladas sigue la resolución 725.
Las compensaciones, mediante reintegros, los hará la ONCCA, oficina nacional sumisa a los designios del Gobierno, que deberá manejar y controlar subsidios para 72.000 productores de soja y no se sabe cuántos de girasol, a los que habrá que efectuarles depósitos individuales en cada cuenta bancaria y agregarle la clasificación por diferentes distancias a puerto de cada productor para realizar la compensación del flete. Inimaginable cachivache burocrático, ejemplificado en que, el reintegro para los productores de hasta 1.500 toneladas será sólo para las primeras 750. ¿Cómo se contabilizará, se medirá y se certificará? ¿ Y los costos de producción? Además, la normativa vence el 31 de octubre, según Agustín Rossi, "por que se pensó sólo para la coyuntura de la campaña de soja y girasol 2007-2008". ¿Y después que, la binarquía o el Congreso?
Quedan contradicciones: el no funcionamiento de las compensaciones que el gobierno fijó para 500 toneladas de granos, 2008/2009, ya que sólo se aprobaron cinco pagos por $ 12.600, de promedio; al valor actual de la soja, el pequeño productor sería aquel de 3.300 toneladas y no de 1.500, como establece la Sepyme; las compensaciones al ser solo para soja y girasol significa mas sojización porque, si las mismas funcionan, la retención sería del 35%, inferior al maíz; y la ley de arrendamientos que castiga a quien mas aporta en tecnología y ambiente.
Algo quedó claro: Las retenciones baja el ingreso del campo pero no mejora el de los pobres. Lo pírrico es esconder las grietas de un modelo económico vigente desde 2002 y no reconocer el surgimiento de la clase media rural presente en los piquetes. Ese es el debate que nos merecemos.