Sandra Noemí Palomeque, una mujer de 44, empleada del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y embanderada con la lucha sindical de oposición al ex interventor del organismo, resultó procesada por una serie de delitos que el mes pasado confirmó la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe.
La causa se inició en 2001 y al procesamiento lo dictó el juez de Instrucción Segunda, José Manuel García Porta, el 14 de noviembre del año pasado. El caso, que al magistrado le llevó 6 años esclarecer, fue confirmado parcialmente por la Sala IV, el 10 de junio último, y aguarda sentencia.
Palomeque quedó envuelta junto a su hermana Silvia, de 47 años, también procesada por "estafa y falsificación de documento público y privado" en uno de los casos que involucró a Sandra.
Las "maniobras de carácter perjudicial" descriptas por el juez García Porta refieren a los delitos "contra la propiedad y la fe pública". Ambas fueron indagadas entre 2005 y 2006, dada la "multiplicidad de hechos delictivos".
A Sandra se la acusó de comprar mercadería en una tienda Äpor $ 65Ä con cupones de la empresa Confina. En esa operación presentó documentación falsa, a nombre de otra mujer. Lo mismo habría hecho Silvia con los documentos de un joven.
Las víctimas denunciaron el extravío de la documentación y negaron haber realizado las transacciones registradas a su nombre. Enfrentadas en careos con la principal acusada, ninguno dudó a la hora de señalarla.
Una prueba caligráfica descubrió el trazo de una de las hermanas Palomeque, acumulando pruebas en su contra.
Para la justicia, Sandra se hizo pasar por gestora y cobró $ 1.200 para realizar la transferencia de un camión con documentos falsos. También habría adquirido mercadería en distintos comercios de la ciudad "utilizando órdenes de compra falsas" elaboradas con un escáner y utilizando firmas de la Mutual del Personal del Iapos (Ampi).
Tal como consta en el expediente, la mujer habría realizado compras por $ 2.400 con los bonos de la mutual y a nombre de terceros, en casa de deportes, supermercados, negocios de ropa y de repuestos o electrodomésticos. Esto le ocasionó no pocos problemas a la asociación mutual, dado que algunos comercios suspendieron el servicio.
A la hora de describirla, los denunciantes coincidieron en que la supuesta estafadora era "una mujer de aspecto varonil, de cabello muy corto", en coincidencia con las características fisonómicas de la imputada.
Ante la serie de acusaciones, la defensa de Palomeque recurrió a la segunda instancia judicial, que el mes pasado dio a conocer la confirmación parcial de lo actuado en Instrucción.
Los jueces Julio De Olazábal, Roberto Reyes y Daniel Amadío modificaron la calificación legal por la de "estafa y uso de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas falso, en concurso ideal; estafa y falsificación de documento público destinado a acreditar el dominio de vehículo, en concurso real; estafas reiteradas y falsificación de documento privado en seis casos".
El secretario general de la Asociación Sindical del Personal del Iapos, Carlos Landi, declaró esta mañana a El Litoral estar al tanto de la situación legal de Sandra Palomeque; no obstante, destacó que se trata de "una causa privada", por lo que aguardan una pronta resolución del caso.
"Es una colaboradora nuestra y tiene plena confianza en las tareas que ha desarrollado en el lugar", la defendió su compañero de militancia gremial. Landi y Palomeque fueron los dos máximos referentes de los empleados autoconvocados del Iapos, que hace poco tiempo obtuvieron representación legal bajo el nombre de Aspi.
Además, el secretario general del nuevo sindicato recalcó que se trata de una causa de índole privada, que se inició en el 2001, cuando "ni siquiera existía Aspi".