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La defensora oficial de Luciano Benjamín Menéndez y otros ex represores de la dictadura afirmó hoy que la reanudación de los juicios a militares representa "inseguridad jurídica" e invocó para sus defendidos las leyes de amnistía de obediencia debida y punto final, ya declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Ese curioso alegato defensivo del ex jefe del III Cuerpo de Ejército y otros seis ex camaradas suyos fue expuesto en el juicio oral a los ex uniformados por la defensora oficial Mercedes Crespi, que además cuestionó el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como los que se atribuyen a sus asistidos.

"¿No será que en realidad la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no era costumbre en la Argentina? ¿Y por qué fue incorporado en nuestro ordenamiento en el año 2003?", preguntó Crespi a los jueces del Tribunal Oral Federal número uno. Y prosiguió: "Mis defendidos están amparados por las leyes de obediencia debida y punto final. El resguardo de la ley es superior a todo", cuestionando la declaración de inconstitucionalidad de esas normas de amnistía, que habían sido promulgadas en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Finalmente coronó su particular alegato considerando que la reanudación de los juicios contra los represores "tiene un solo nombre, un triste nombre: inseguridad jurídica".

En tanto, el otro defensor oficial, Máximo Liva, tendrá a su cargo el alegato defensivo de los otros acusados: además de Menéndez, son los militares Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone.

Hoy, por primera vez después de la lectura de la acusación, los imputados permanecen en la sala de audiencias. Depende de cuánto tiempo insuman los alegatos de Crespi y Liva para que se resuelva si hoy o mañana continúa el juicio con la exposición del único acusado que tiene defensores particulares: Jorge Acosta, ex jefe operativo del campo de exterminio La Perla.

El viernes pasado, el fiscal Maximiliano Hairabedian, al término del alegato compartido con Graciela López de Filoñuk y Fabián Asís, pidió perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone; 18 años de prisión para Vega; y 22 años para Rodríguez y Acosta.

Un día antes, tanto los querellantes de Hijos-Familiares, Claudio Orosz y Martín Fresneda, como el abogado Mauro Ompré pidieron perpetua para los mismos imputados que los fiscales pero en cambio solicitaron 25 años de cárcel para Vega, Rodríguez y Acosta.

Este juicio es el primero en Córdoba por la represión ilegal de la dictadura e investiga los secuestros, torturas y asesinatos de la santafesina Hilda Flora Palacios, su compañero Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, -cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores- entre el 6 de noviembre de 1976 y el 15 de diciembre de 1977. Se prevé que la sentencia sea dictada durante los primeros días de la semana que viene.