La palabra "ajuste" no es agradable para el oído popular. Su significado se relaciona con privaciones y sacrificios. Considerados desde este punto de vista, los ajustes económicos no serían deseables porque atentarían contra la denominada felicidad del pueblo. Una larga y dolorosa tradición histórica parece avalar este juicio o prejuicio.
La famosa frase de Alvaro Alsogaray "hay que pasar el invierno" se ha transformado en un paradigma de lo que es el ajuste económico en el imaginario popular. No obstante, la pregunta a hacerse es si aquella experiencia es inevitable o, caso contrario, es representativa de una decisión que en ciertas circunstancias los gobiernos necesariamente deben tomar.
Para desgracia de quienes tienen una visión compasiva de la realidad, los ajustes, como tantas otras cosas en la vida, suelen ser en determinadas coyunturas inevitables. Negarse a asumir este costado antipático de la realidad no suele ser la solución más inteligente. La experiencia enseña que el ajuste que no se hace en su debido momento hay que hacerlo fatalmente en otras circunstancias, siempre peores. Cuando esto ocurre, los precios que se pagan suelen ser altísimos, muy superiores a los que se quisieron eludir en un primer momento. Y los más perjudicados son los sectores más débiles o desprotegidos de la sociedad.
La sabiduría política de un estadista consiste entonces en encarar los problemas cuando se presentan, explicándole con sinceridad a la población las privaciones que puede ocasionar. Si la política obliga muchas veces a optar entre el mal menor y el mal mayor, la economía como ciencia de la escasez suele ser mucho más exigente con este principio. Decíamos que estos dilemas suelen ser de hierro, y no se resuelven con invocaciones humanistas o recursos demagógicos. En todo caso, el verdadero humanismo consiste en proponerle a la sociedad la solución menos dolorosa.
Valgan estas consideraciones para reflexionar sobre la exigencia de un ajuste económico en la Argentina. El gobierno viene postergando esta tarea por razones electorales. Sin embargo, todos los indicios económicos señalan que hay que hacerlo. El debate, en todo caso, girará alrededor de los costos a pagar. La primera consideración a tener en cuenta es que cuanto más se postergue esta decisión los costos serán más altos.
En principio, parece impostergable ajustar las tarifas energéticas y las del transporte. La abigarrada red de subsidios ha mantenido los precios en un nivel artificial, pero estos paliativos están llegando a su fin al compás de la erosión del superávit fiscal primario. Algo parecido puede decirse de los alimentos, ya que muchos de los productos principales están subsidiados. El ajuste, como las intervenciones quirúrgicas, pueden hacerse con o sin anestesia, con brutalidad o con compasión. Optar por un camino o por otro depende de los márgenes que ofrezcan la política y la economía, y la mayor o menor sensibilidad social de los estadistas. El ajuste es siempre una restricción, una reducción en el consumo, pero no hay una sola receta para realizarlo. También en este caso el principio de equidad debería ser respetado.