La Oficina de Control Comercial Agropecuario está estudiando introducir modificaciones en la ley que establece la normativa para las exportaciones de granos y sus subproductos, un negocio que mueve unos 30 mil millones de dólares anuales. El Estado nacional pretende que las cerealeras paguen las retenciones al momento de declarar sus ventas, y no cuando concretan los embarques, varios meses después.
Según publicó esta mañana el diario Clarín, el titular de la Oncca, Ricardo Echegaray, se reunió secretamente el jueves con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales, a quienes les adelantó la iniciativa.
Las cerealeras están disgustadas con la Oncca por las crecientes restricciones que el organismo impone sobre las exportaciones desde la creación del "ROE Verde", una especie de permiso de exportación.
En mayo de este año, la Oncca sacó la resolución 543, que achicó el plazo establecido en el que las exportadoras podían anticipar sus ventas de un año a 45 días. Esta reforma, dijeron las cerealeras, paralizó casi todos los negocios de exportación. Las empresas argumentan que no es posible en tan escaso tiempo programar operaciones comerciales tan complejas como las agrícolas.
Esta resolución 543, además, creó los ROE Verde, que en la práctica hace que los exportadores que concretan una venta y la declaran a la Oncca deben esperar la autorización del organismo para concretar el negocio. Según dicen, esto fue letal para el mercado porque muchas veces la burocracia estatal se demora.
Por esta situación, los más perjudicados fueron los productores, a quienes las exportadoras le trasladaron los riesgos reduciéndole los precios que le pagan por sus cosechas para cubrirse de eventuales riegos como la cancelación de embarques.
Mientras tanto, los senadores del oficialismo y la oposición acordaron crear esta semana una Comisión Investigadora que tendrá como objetivo analizar las operaciones de las cereales sobre las que recaen fuertes sospechas de elusión impositiva por 1.700 millones de dólares sobre las empresas exportadoras de oleaginosas y aceites.
Las presuntas irregularidades, destacó esta mañana el diario Clarín, "son porque las exportadoras de granos habrían liquidado impuestos por ventas al exterior que no habían concretado todavía: se hicieron declaraciones juradas de ventas aún antes de la cosecha, justo antes de que aumentaran las retenciones del 27% al 35%, en noviembre pasado".
Uno de los dos proyectos presentados que fue elaborado por los radicales, el otro pertenece a los justicialistas, se pregunta si no se está "ante un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible sobre las medidas económicas del gobierno". El del oficialismo dice que "existen graves sospechas" sobre las declaraciones juradas presentadas. Las empresas que quedaron en la mira de los senadores son Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina, Louis Dreyfuss y Aceitera General Deheza.
El senador
Miguel Ángel Pichetto sostuvo hoy que la comisión especial que investigará supuestas evasiones fiscales no es una represalia por la derrota en el Parlamento del proyecto de retenciones móviles. "No es objetivo nuestro perseguir a nadie", remarcó el jefe de la bancada oficialista en el Senado, en relación con la comisión especial que analizará presuntas evasiones de firmas cerealeras que rondan en el orden de los U$S 1.700 millones.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, apuntó contra las cerealeras al advertir que "evadieron al fisco antes de la suba de las retenciones" y ratificó la presentación en el Senado de un proyecto que prevé la creación de una comisión para investigar las operaciones realizadas.
"La mitad de las declaraciones de exportación antes de la suba de retenciones del 27,5 al 35 serían falsas", denunció el senador nacional en diálogo con radio Continental, al tiempo que advirtió "uso de la información" de sectores oficialistas.
Según explicó Morales, el proyecto para crear una comisión investigadora, integrada por seis miembros, "se presentó sobre la base de una denuncia realizada por Claudio Lozano" junto al ex diputado Mario Cafiero, y espera que sea aprobada esta semana en la Cámara baja.
El proyecto del radicalismo tiene por objeto trabajar sobre la información que "no sólo viene de la Afip y de la Oncca, sino también de otros medios" según la cual "las exportadoras, antes del incremento de las retenciones para el caso de la soja, habrían declarado exportaciones, que la mitad serían falsas".
Morales indicó que "esas operaciones no se habrían producido todavía por lo cual las exportadoras se estarían beneficiando con un nivel de retenciones inferior a los incrementos que después se produjeron".
El senador hizo referencia a la cuestionada Ley Martínez Raymonda que entraría en juego en la investigación y expresó que sería "una modificación que complicó la situación".
Sin embargo, indicó que "sin perjuicio de este marco legal habría una situación de parte de las exportadoras que queremos determinar", al tiempo que denunció que "cierto manejo de la información" acerca de que las retenciones iban a aumentar.
"Hay que mirar muy a fondo este tema", advirtió Morales y señaló que en la modificación que hubo en el Senado intervinieron el ex secretario de Agricultura Javier De Urquiza, el titular de la Oncca Ricardo Etchegaray y el senador Roberto Urquía.
El titular de la UCR mencionó una "triangulación" que hay que investigar, una "trasferencia de recursos en operaciones a paraísos fiscales" e "información con la cual contamos por las que habrían generado evasiones al fisco".