Desde antes de comenzar la presente gestión provincial, el gobierno dejó en claro que tenía trazada una serie de líneas-marco para desarrollarla. Conceptos como participación, transparencia, calidad institucional y vinculación activa entre Estado y sociedad civil vinieron a nutrir lo que incluso a nivel nacional se considera "una nueva forma de hacer política".
La traducción al plano administrativo de todo esto operó, entre otras medidas, a través de cambios en el esquema ministerial, un diseño de "nodos" de vinculación para las distintas regiones de la provincia, la convocatoria a una suerte de asambleas participativas tendientes a la definición de un plan estratégico y la generación de nuevas reparticiones.
Desde un principio, esta verdadera remodelación Äcon aspiraciones de reformulaciónÄ del Estado incluyó la idea de la reforma constitucional, para adaptar la Carta Magna santafesina a la vigencia de nuevos derechos y garantías resultantes de los tratados internacionales que, tras la reforma nacional de 1994, son ley de la República; y también para incluir una serie de institutos que se encuadran en la concepción puesta en juego por este gobierno.
En declaraciones recientes, el gobernador insistió en la inadecuación de la ley fundamental santafesina y la necesidad de avanzar con los cambios; un objetivo que no logra hacer pie en el arco político local, bajo la invocación de las urgencias de la coyuntura y doblemente relegado por los efectos del conflicto agropecuario.
Por diversas razones, otras iniciativas de distinto alcance no marchan al ritmo deseable. La puesta en marcha del juicio oral en la provincia, a través de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se topó primero con la falta de la necesaria adecuación físico-estructural de las instalaciones del Poder Judicial, a lo que habría que sumar la previsión de una serie de designaciones, en momentos en que hasta la cobertura de vacantes ya existentes sufre preocupantes demoras. El arranque paulatino y por materias ideado como salida de este atolladero todavía no consigue tratamiento en el Senado, donde también se encuentra paralizada la creación de los comités mixtos de Seguridad e Higiene Laboral, pensados para afrontar el altísimo índice de siniestralidad y muerte que registran las estadísticas en suelo santafesino.
El planteo de una reforma tributaria, también prevista de antemano como herramienta en pos de la equidad Äy que ahora asume un nuevo cariz frente a las dificultades de caja que produce la concentración de recursos en manos de la NaciónÄ chocó con el rechazo de la oposición y generó protestas incluso dentro de la coalición oficialista.
Atenazado entre lo urgente y lo necesario, y sometido a la tensión que produce todo cambio, el gobierno ha transcurrido ocho meses manteniendo un destacable grado de adhesión y consenso entre la sociedad, pero ya han comenzado a brotar las disidencias políticas. La necesidad de preservar los objetivos de mediano y largo plazo, adecuando los tiempos a las expectativas más inmediatas, es el principal desafío que deberá afrontar la gestión socialista en lo inmediato y durante los próximos meses, antes de que los tiempos electorales impongan sus propias urgencias y lógicas.