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La titular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Cecilia Pando, reconoció hoy que se "desbordó" cuando escuchó el fallo judicial que condenó a ex militares en Corrientes por delitos cometidos durante la última dictadura, y pidió disculpas por el gesto de degüello que realizó. Además, negó que haya amenazado de muerte al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, aunque admitió que lo insultó en la sala del Tribunal Oral Federal.
"Jamás dije que lo iba a matar con mis propias manos, eso es mentira", indicó la esposa del mayor Rafael Mercado, separado del Ejército hace tres años porque su mujer defendió al vicario castrense Antonio Baseotto, quien criticó al entonces ministro de Salud Ginés González García.
Declaró que "ayer se vivió un momento bastante tenso en Corrientes, que comenzó muy temprano con cantitos y con insultos; y la verdad que en ese clima tan tenso, con tanta injusticia, yo sinceramente lo reconozco que me desbordé".
En diálogo con la radio FM Global Station, la mujer añadió: "Pido disculpas, no fue mi intención, soy temperamental, todo esto me supera".
Tras la condenas de reclusión perpetua al coronel Rafael Julio Barreiro; 25 años al coronel Horacio Losito y el capitán Juan Carlos Demarchi, y 18 años al ex comandante de Gendarmería Rafael Julio Barreiro por la desaparición de dos personas y aplicación de torturas a 11 personas durante la última dictadura militar, Pando calificó de "injusto" el fallo.
"Siempre que vamos a los juicios pedimos justicia de los dos lados, si quieren juzgar a los militares que los juzguen, pero a a los terroristas también, que hoy están impunes en el gobierno, porque cometieron delitos de lesa humanidad y también terrorismo de Estado", opinó.
Respecto al gesto de degüello, expresó que "no me di cuenta, me desbordé, pero sí lo insulté", reconoció, siempre refiriéndose a Duhalde, a quien volvió acusar de ser "terrorista que hacía apología del delito".
"Lo que le dije a Duhalde es que yo me voy a encargar que usted vaya a la Justicia, y personalmente de que usted sea juzgado", aclaró Pando. Denunció que "los jueces están presionados por el poder político y las organizaciones de derechos humanos manejan un dineral con todo esto".
"Del Presupuesto Nacional salen fondos para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y esto lo pagamos todos. Le dan puestos en el gobierno, hacen lo que quieren", agregó la mujer.
Al respecto, subrayó que "los que perdieron la guerra en la década del 70, hoy están en el poder".
Sobre el juicio que culminó ayer en Corrientes, Pando señaló que se presentaron "pruebas de testimonios falsos" contra los imputados y el tribunal "no le dio importancia".
En su defensa a los condenados, Pando relató que estos militares, cuando ocurrieron los hechos por lo que fueron juzgados, "eran subtenientes y tenientes recién salidos del Colegio Militar" y concluyó que "los jefes de ellos son los que se tienen que hacer cargo".
El Senado aprobó por unanimidad la derogación del Código de Justicia Militar, por lo que los miembros de Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales, como sucede en la actualidad.
El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre pasado, al contar con el apoyo de más de 160 diputados y el rechazo de sólo dos miembros.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, principal impulsora del proyecto, llegó al recinto cuando se inició el tratamiento y permaneció atenta a los discursos hasta su aprobación.
La mayoría de los discursos estuvo referida a aspectos técnicos de la ley y a la importancia de haber avanzado en la derogación de "un código obsoleto y anacrónico", como lo calificó la presidenta de la comisión de defensa, la oficialista María Perceval.
Recordó que "el contexto histórico institucional no permitió que se aprobara una modificación propuesta por el presidente radical Raúl Alfonsín a tres días de asumir su gestión".
Entre sus puntos principales, el proyecto establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito contemplado en el Código Penal y que éstos puedan apelar las sanciones militares ante la Justicia Federal.
También crea un "Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra" y un código disciplinario que suprime el castigo por homosexualidad y pena como faltas la discriminación y el acoso sexual.
La ley comenzará a regir seis meses después de su promulgación, para implementar durante ese período un "programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación".
Su aprobación significará el fin para los tribunales especiales para militares y la eliminación del único ordenamiento jurídico que todavía sostiene la pena de muerte.