Télam-AFP-EFE
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que "los tiranos gobiernan sin leyes", al rechazar críticas opositoras que lo acusan de autoritarismo por aprobar un paquete de 26 leyes en uso de poderes especiales.
El presidente venezolano apeló a la mano dura al promulgar dos leyes para combatir el desabastecimiento de alimentos, la especulación y abatir la inflación, flagelos que azotan al país pese a las enormes regalías de su renta petrolera en los últimos años.
Ambas normas, promulgadas por Chávez junto a otros 24 decretos-ley el jueves pasado, último día en que gozó de las facultades legislativas excepcionales que le concedió la Asamblea Nacional (Parlamento) durante año y medio, provocaron rechazo en la oposición y recelo entre los empresarios.
La ley de Seguridad y soberanía alimentaria y la de Defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios aumentan el control estatal sobre la economía y pavimentan el camino hacia el Socialismo del siglo XXI que propugna el mandatario venezolano.
Se pretende con ellas ""superar el hambre como elemento estructural capitalista y la progresiva disminución de la intervención de capitales especulativos" en el mercado alimentario, según su texto.
""El acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria con motivos políticos" serán sancionados con penas de hasta tres años de cárcel para los infractores, se advierte en las normas.
Esta ley ""regulará toda la cadena de producción y distribución de alimentos (...) y, además, garantizará que los alimentos lleguen a las zonas deseadas y no se produzca ningún tipo de desviación", explicó el viceministro de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura, Richard Canán.
La nueva legislación precisa que el Estado es el encargado de ""formular, dictar, ejecutar y supervisar las políticas agroalimentarias", dejando sin margen a la iniciativa privada, que ni siquiera podrá intervenir a la hora de fijar los precios de los alimentos, potestad privativa del Ejecutivo.
En sus 172 artículos, la ley crea una ""reserva alimentaria estratégica" bajo control estatal y dispone la intervención de ""consejos comunales regionales", que junto a representantes del Ejecutivo determinarán qué rubros se deberán consumir por región para equilibrar la distribución de alimentos.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Pedro Baraybar, expresó su preocupación por la regulación del sector y consideró que se vulnera la libertad económica de las empresas.
""El impacto en primera instancia que podemos determinar es que el Estado decidirá qué es lo que se debe comer, cuánto y dónde", dijo a la prensa.
El conjunto de la oposición afirma que estas leyes introducen elementos de la reforma constitucional oficialista, que fue rechazada en referéndum en diciembre pasado, y las tildan de una ""reforma disfrazada".
""Acá no tenemos Constitución, ni ley y el presidente hace lo que quiere", comentó el ex ministro de Interior Luis Miquilena, mentor político del presidente Chávez y hoy un acérrimo opositor. ""Estamos ante una dictadura que le ha dado un golpe de Estado a la Constitución" con estas nuevas leyes, agregó.
En el oficialismo, se afirma que estas normas servirán para erradicar el desabastecimiento de alimentos como leche, aceite, harina o huevos, que Chávez atribuyó a la acción de ""acaparadores", ""especuladores" y a ""empresarios cuadrados con la oposición que busca desestabilizar" a su gobierno.
Las autoridades entienden que los nuevos instrumentos ayudarán, además, al control de la inflación, que alcanzó el 15,1 % en el primer semestre del año, la tasa más alta de América Latina, de acuerdo con datos del Banco Central.
Los empresarios desestiman los argumentos gubernamentales y subrayan que la inflación es fruto del control de precios que rige desde 2003, del tipo de cambio fijo, de la caída de la producción local por falta de inversiones privadas y por el alza de los precios internacionales de los alimentos.
Chávez, por otra parte, consideró "maravillosa" una nueva legislación de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
"Ésta es una excelente ley, y tienen un revuelo porque ahora es la Fuerza Armada Bolivariana", dijo el presidente sobre la nueva legislación de la FAN, en declaraciones que difundió la agencia Ansa.
La nueva ley, cuestionada por la oposición, crea milicias al servicio del presidente, realiza cambios en los grados y modifica el nombre de la institución agregándole el adjetivo "bolivariana".
Chávez acusó a "la oligarquía" de buscar confundir a los soldados con sus críticas y enfatizó que el destino y el compromiso de los militares "están al lado del pueblo, no al lado de la oligarquía apátrida, traidora, vendepatria".
La nueva ley de la Fuerza Armada venezolana, que ahora se llama ""Bolivariana", concentra el poder en el presidente, quien ostenta el grado militar de comandante en jefe, destacaron analistas.
La ley promulgada el 31 de julio en un paquete de 26 decretos, elaborados por el presidente Hugo Chávez, hace depender de la presidencia a la milicia, y también, todos los aspectos operacionales de los cuatro componentes de la Fuerza Armada.
Para el general retirado y ex ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, la nueva legislación se produce porque ""Chávez entra en una carrera contra el tiempo. Sabe que está debilitado ante los venezolanos y quiere concentrar la mayor cantidad de poder para que una derrota electoral no comprometa la estabilidad de su gobierno".
El experto se refería a los comicios regionales del próximo noviembre, en los cuales la oposición podría ganar varias de las más importantes plazas.
Según Ochoa Antich, el nuevo decreto refuerza, además, el papel de la milicia como un cuerpo separado y politizado.
""Con la ley anterior (2005) se creó una reserva fuera de la estructura de la Fuerza Armada. Ahora se forma una milicia y se la vincula a los consejos comunales. Esa milicia va a ser politizada", aseguró el general.