Ivana Fux
El gobierno provincial empezó a cancelar antiguos juicios iniciados contra el Estado por miles de efectivos policiales. Algunos de los reclamos arrancaron quince años atrás, y se originaron por diversas razones.
En esta primera tanta de liquidaciones se beneficiarán entre 2.500 y 3 mil efectivos, por una suma total que supera los 13,5 millones de pesos.
"Esto es una prioridad para nuestro marco político. Es parte de la herencia que recibimos, pero queremos ponernos al día porque qué manejo de gente podemos tener o pretendemos tener si no pagamos lo que debemos y que es una fortuna", se preguntó el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, en diálogo con El Litoral.
El proceso de cancelación de acreencias se inició a partir de la reciente firma del decreto Nº 1.700, que aprobó los créditos necesarios. Las deudas, tanto administrativas -por casi 7 millones de pesos- como las judiciales -otros ,65 millones de pesos más- se liquidan conforme al mecanismo establecido en la ley 12.036, que obliga a respetar el orden de prelación con el que se han ido produciendo las demandas.
Como se dijo, los motivos que provocaron los reclamos son variados. Entre los rubros que ahora se empezaron a liquidar se encuentran suplementos por compensación mensual sustitutiva por vivienda, indemnización por fallecimiento, explosivos, habilitados pagadores, licencias no gozadas, subsidios Ley 8.231, accidentes de trabajo, bonificación por título, suplementos de áreas especiales tales como Tropas de Operaciones Especiales, Asuntos Internos y Toxicología.
Cuenca observó que muchos de los planteos surgieron por cuestiones que no eran discutibles y, sin embargo, no se reconocieron oportunamente.
"Hay juicios por escalafones, funciones no pagadas, lesiones, casos que se tenían que pagar de inmediato pero no se hizo, entonces pasó el tiempo y generaron el reclamo. Algunos son por razones que ni siquiera merecían discusión, como las muertes de policías en servicio en 2003, que nunca se regularizaron", dijo el funcionario.
El ministro reiteró que un Estado no puede exigir si antes no cumple.
"Si queremos apretar el acelerador en cuanto a lo que pretendemos de las fuerzas de seguridad, debemos hacerlo desde un Estado que está cumpliendo con sus obligaciones. Pero si no pagamos a una familia que perdió a uno de sus integrantes en servicio, no tenemos autoridad moral para reclamar nada. Nuestro marco político es el del cumplimiento", aseveró.
Cuenca valoró la posibilidad de empezar a cancelar estos juicios, pero aclaró que aún quedan muchísimos reclamos por resolver.
"Todavía quedan en Fiscalía de Estado pendientes de resolución unos cinco mil juicios que representan una suma considerable de entre 40 y 50 millones de pesos por pagar", comentó.
En el caso de estos reclamos, la provincia ya negocia con los estudios de abogados patrocinantes -el del Dr. Iván Cullen, por ejemplo-, con el objetivo de acordar montos y plazos de los pagos.
Cuenca dijo que muchos de estos planteos fueron iniciados de manera colectiva, y aseguró que las resoluciones con las respectivas liquidaciones están saliendo "permanentemente" del Ministerio de Seguridad.
"Serán pagos escalonados, y los beneficiarios ya están siendo notificados", sentenció.