Buenos Aires (DyN).Ä La fiscal Fernanda Haschmann apeló el fallo que sobreseyó al ex intendente de Dolores, Roberto Porretti, y que a la vez alivió la situación judicial de su ex secretario de Gobierno, Aldo Leonián, se informó en los tribunales locales.
Según pudo saber DyN, la resolución, que data del viernes, del juez de garantías Gastón Giles a favor de Porretti y Leonián, también fue apelada por los querellantes y empresarios de la noche Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable Ku-El Alma.
Ambos acusaron a Porretti y a Leonián de intentar extorsionarlos para no cerrarles la discoteca, a cambio de 400 mil pesos, y con cámara oculta filmaron una conversación sobre el tema entre ellos y Leonián, que se difundió en los medios de comunicación.
Las apelaciones de Haschmann y del abogado de los querellantes, Raúl López Presa, será elevada a la Camara Penal de Apelaciones y Garantías de Dolores.
En su fallo el juez Giles se pronuncia por primera vez en contra de las pruebas contra Porretti y consideró que el video que usaron los denunciantes era ilegal y que su figura habría sido usada por el ex secretario de Gobierno Aldo Leonián para beneficiarse.
Así, el magistrado despegó a Porretti y lo sobreseyó, mientras que decidió enviar a juicio oral a Leonián, pero le bajó la calificación de la figura que pesaba en su contra y la cambió por exacciones ilegales.
Según la resolución a la que accedió DyN, el juez dijo que "es imposible" demostrar que Porretti tuvo "dominabilidad" del pedido de coima, pero además "la modalidad desplegada por los denunciantes", al "provocar una reunión" con el intendente y aparecer con una cámara oculta "sin ninguna autorización judicial, genera sin dudas violación del derecho de intimidad garantizada por nuestra ley fundamental".
También sostuvo el magistrado que "el primer mandatario municipal depositó toda su confianza en el secretario de Gobierno y fue traicionado por éste en la exposición de los motivos por los cuales los denunciantes solicitaban una reunión con él".
"Porretti ya había dicho que la deuda tenía que ser regularizada, que eso había sido promesa en campaña electoral y concedió la audiencia sólo por ese tema", señaló el juez. Y añadió que "el secretario fue quien intimidó, quien exigió el dinero, y quien lo cobró personalmente".