Télam
Tal como lo adelantara ayer El Litoral, el juez federal Norberto Oyarbide procesó a 30 de los acusados por la falsificación de trámites de ciudadanía italiana, 14 de los cuales quedaron con prisión preventiva.
El magistrado dijo que su extensa resolución también contempla el beneficio de falta de mérito a otros 10 imputados, que por el momento no quedan desvinculados de la causa aunque no haya suficientes pruebas para procesarlos o encarcelarlos.
Los 30 procesados quedaron imputados, principalmente, de los delitos de "asociación ilícita y falsificación de instrumento público".
"La situación procesal de las 40 personas que inicialmente habían sido detenidas ha quedado plasmada del siguiente modo: catorce de ellas han sido procesadas con prisión preventiva; dieciséis, procesadas sin prisión, y diez, con falta de mérito a procesar o sobreseer", expresó el titular del Juzgado Criminal Federal 5.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que una de las principales procesadas es la gestora y traductora pública de Inglés e Italiano María Elena Tedaldi, a quien el juez considera jefa de la asociación ilícita y le trabó un embargo por 10 millones de pesos.
En tanto, el magistrado indicó que todavía se encuentran bajo sospecha alrededor de 35 representantes de futbolistas y jugadores, como Juan Pablo Carrizo.
"También hay involucradas distintas autoridades consulares y funcionarios del registro nacional de las personas", remarcó.
En ese sentido, el juez dijo que no descarta que varios jugadores que actualmente integran equipos en Europa y sus representantes sean citados a declarar en los próximos días.
"Ésta es una resolución de mucho valor, la cual deduzco que será atacada con la velocidad de un rayo por los abogados defensores de estos implicados y que la decisión pasará también por la Cámara, que tendrá la posibilidad de valorizar todo mi trabajo", consideró Oyarbide.
La causa se inició en octubre, a raíz de la denuncia del cónsul general de Italia, Giancarlo Curcio, quien, patrocinado por el penalista Sergio Barzola, informó a la Justicia sobre las irregularidades en la tramitación de la ciudadanía italiana, fundamentalmente por parte de futbolistas.
Entre el 10 y 12 de julio, por orden de Oyarbide, personal de Gendarmería Nacional, en colaboración con la Side, realizó más de 100 allanamientos, en los que fueron detenidos los 40 sospechosos y se secuestró una importante cantidad de documentos.
Entre los lugares allanados se encontraron varias gestorías de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la sede del club Independiente, la de Lanús y hasta casas particulares de algunos futbolistas.
Para Oyarbide, una de las pruebas fundamentales que derivaron en los procedimientos fueron las escuchas telefónicas en las que, según el juez, los autores de la maniobra quedaron grabados con detalle.
El magistrado considera que los autores de estos hechos conformaban una organización delictiva transnacional que abarcó unos 700 trámites de pasaportes y ciudadanías.