Por el acoso de los subsidios, los vencimientos externos y el rechazo de la Resolución Nº 125, el estado intentará cobrar retenciones retroactivas a más de seis millones de toneladas de soja, sin documentación que pueda demostrar la tenencia o compra durante la campaña 2007/2008, declaradas en el Registro de Ventas al Exterior de la Sagpya, previo al aumento del 27 al 35%, de fecha 9 de noviembre de 2007. Esto perjudicó al productor, al que le cargaron el 35% lo que luego pagaron al 27%, incremento que se sabría de antemano por el "tráfico de influencias e informaciones".

Antes de dicha fecha, las exportadoras habrían declarado ventas al exterior por casi 12 millones de toneladas entre poroto y soja desactivada.

El 26 de diciembre de 2007 fue sancionada la ley Martínez Raymonda que estipula que la mercadería exportable debe ser comprada antes de su inscripción en el Registro de Ventas. El perjuicio contra el Estado sería superior a 1.700 millones de dólares.

Pero aunque se recupere esta pantagruélica cifra, el Estado dejaría de percibir muchos dólares más porque el senador cordobés, Roberto Urquía (propietario de Aceitera Deheza) logró modificar el artículo 2 del proyecto de Martínez Raymonda (Ley 26.351) y reemplazar el concepto de "mayor nivel de exportación" por el de "mayor alícuota", que significa un ajuste mucho menor. Seguramente, las exportadoras aducirán la imposibilidad de que una ley actúe con efecto retroactivo.

¿Habría sucedido lo mismo antes del 11 de marzo de 2008, cuando del 35% la alícuota ascendió al 44%?

Por lo pronto, la AFIP tratará de cobrar lo explicitado en la Disposición Nº 1.898 de la ONCCA, quien debería haber controlado los embarques a través de la Aduana, ¿cuántas ventas se produjeron hasta el 19 de julio ppdo?

El diputado Claudio Lozano hace una revisión sobre lo ocurrido con las retenciones de enero de 2007 al 31 de mayo de 2008, período durante el cual lo efectivamente recaudado por el estado nunca habría superado el 24%, el resto habría ido a sus socios exportadores y la defraudación al fisco ascendería, por dicho período, a 1.450 millones de dólares.

El Fondo para la Redistribución Social (construcción de hospitales, escuelas y rutas), anunciado por la presidenta, murió antes de nacer, por negligencia en el control por parte del gobierno nacional, que participaría en el negocio y ahora le reclamaría esta presunta defraudación a sus socios. Defraudación practicada por los exportadores y pagada por los productores. Si esto se confirma, el gobierno habría sido socio de la misma patria sojera que demoniza en cada discurso.