Los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna replicaron las declaraciones difundidas por sus pares oficialistas Raúl Lamberto y Joaquín Blanco en diversos medios de comunicación acerca de la cantidad de personal político designado por la actual administración. Los primeros presentaron un pedido de informes para conocer detalles sobre nombramientos políticos desde diciembre a la fecha así como sobre el gasto reconocido a los funcionarios. El proyecto todavía no fue aprobado pero los socialistas dijeron que los cargos son 451 en un comunicado en respuesta al justicialismo.
Ahora, los justicialistas destacan que "no tenemos ninguna información documentada y formalmente presentada de la respuesta concreta y particularizada a nuestro pedido de informes. Existen reclamos concretos de las diferentes comisiones del Poder Legislativo por medio de las cuales se invita a los funcionarios del Ejecutivo a contestar los pedidos de informe que se han enviado, ya que han contestado unos pocos, y resulta una desprolijidad y falta de seriedad institucional replicarlos por medios de prensa".
En cuanto a la información de sus pares socialistas la consideran "parcial e incompleta, pues se ocultan datos que específicamente no se suministran"
Sostienen Monti y Lagna que "no se distingue ni discrimina personal político de gabinete con las contrataciones por locación de servicios realizados en la totalidad de la administración central y entes descentralizados. Es decir no se informa cuántos contratos por locación de servicios se realizaron, ni por qué períodos, ni por qué montos y tampoco resulta creíble la información respecto de organismos descentralizados donde según la información de prensa son 30 no especificando ni discriminando entre nombramientos de personal político de gabinete y las contrataciones de locaciones de servicios en API, Servicio de Catastro e Información Territorial, Dirección Provincial de Vialidad, Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas S.A., Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias, Iapos, Caja Pensiones Sociales, Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales y Hospitales Públicos".
Los justicialistas mencionan la contratación como asesor de un arquitecto que vive en Barcelona. "¿No había en la provincia un profesional acorde para esa tarea? Cuanto cuesta en pasajes y viáticos la labor de Mario Corea Aiello?" También mencionan el decreto 26/2008 por el cual el gobernador crea para API, una subsecretaría, cuatro direcciones provinciales, una subadministración provincial y dos subadministraciones regionales y aseguran que "los gastos en viáticos en los primeros dos meses de 2008 resultan iguales que para los de todo el ejercicio 2007 en esa misma repartición".
Hacen notar que en el comunicado socialista no figuran los presupuestos asignados a los consejos asesores; al consejo consultivo para el crecimiento, consejo para el trabajo docente, gabinete joven, etc. Otra faltante son las designaciones en las secretarías, subsecretarías, direcciones provinciales y coordinaciones.
Lagna y Monti afirman que "el gobierno socialista no garantiza el acceso a sus actos de gobierno porque no publica todos los decretos ni en el Boletín Oficial, ni tampoco las resoluciones ministeriales ni de las secretarías, subsecretarías, direcciones provinciales ni coordinaciones provinciales, tampoco lo hace en su portal web www.santafe.gov.ar, no nos brinda accesos a todos los decretos a través de la red informática de la provincia".
Los justicialistas acusan al gobierno de "improvisado".
"No queremos que los actos de gobierno sean secretos y solamente conocidos por el partido gobernante. Tenemos derecho a saber lo que hace el gobierno socialista. Tenemos derecho a saber en qué y para qué gasta el gobierno socialista. Tenemos derecho a señalar los errores que pueden cometer. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas políticas. Resulta que ahora los socialistas y los componentes del Frente Progresista no quieren informar lo que ellos pedían al PJ en el gobierno", finalizan diciendo.
Un proyecto de ley presentado por diputados oficialistas encabezados por Marcelo Brignoni acompañados por dos opositores, apuntan a que la comisión provincial de Coordinación Fiscal tenga forma de ley pero agrega la participación de legisladores de ambas cámaras.
Brignoni fue acompañado en la presentación por el radical Carlos Fascendini, el demoprogresista Gabriel Real y el arista Antonio Riestra (todos del bloque oficialista) así como por el justicialista Alberto Monti y el cavallerista Oscar Urruty.
La iniciativa pretende darle consenso institucional y permanencia administrativa a un ámbito de debate y consenso sobre la política fiscal y tributaria que genere acciones de Estado. La comisión tripartita planteada en el proyecto prevé la participación de representantes del Poder Ejecutivo, de los municipios y comunas, y de las cámaras de Senadores y Diputados.
La comisión creada por decreto por el gobernador funciona con diez representantes del Ejecutivo y otros tantos de municipios y comunas representando dos a cada uno de los nodos en que el gobierno ha dividido la provincia.
Brignoni señaló que "el gobierno que legítimamente se instala en la provincia en diciembre de 2007 lo hace apoyado en dos premisas básicas fundamentales: transparencia y participación. La necesidad de encontrar mecanismos de consenso y participación para la instalación de un sistema previsible y democrático del manejo de los fondos públicos, aparece entonces, como uno de los desafíos principales de nuestra agenda de políticas públicas. Comprobamos la necesidad de trabajar en la construcción de una institucionalidad permanente de esos ámbitos de consenso y planificación, por lo que planteamos la creación por ley, de la comisión provincial de coordinación fiscal".
De la redacción de El Litoral