La Corte Suprema de Justicia santafesina creó un área especial para centralizar información sobre las condiciones en que se encuentran presos y detenidos en la provincia, que supondrá un seguimiento permanente y, a la vez, involucrará visitas periódicas y sorpresivas a todos los establecimientos, con participación de los colegios de abogados.
En una acordada aprobada en la última reunión del cuerpo, se resolvió establecer el Área de Seguimiento de las Condiciones de Detención o Cualquier otra forma de Encierro, entre cuyas funciones se encuentra la de "facilitar y coordinar" las visitas, para "verificar el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos, asegurar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad y las condiciones dignas de detención y cumplimiento de pena, o cualquier otra medida restrictiva de la libertad".
En particular, el área se ocupará también de relevar los casos y motivos de detención de mujeres con hijos menores de edad, de menores de 16 años y de personas enfermas. Además, recabará las denuncias por malos tratos o torturas.
Las visitas serán como mínimo trimestrales. Y si, por un lado, las llevarán a cabo los jueces penales y de menores y los defensores generales, para entrevistar a las personas sometidas a privación de libertad y atender reclamos, por el otro lo harán también representantes de las Cámaras penales, invitando a los Colegios de Abogados, para evaluar el estado edilicio, las condiciones de higiene y alimentación, y también recoger denuncias. En el plazo de cinco días, deberán elevar el informe al área de seguimiento.
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El problema de las condiciones de detención ha sido objeto de preocupación de la Corte en reiteradas ocasiones, a través de sucesivos pronunciamientos requiriendo a los demás poderes del Estado que cumplan con las obligaciones surgidas de la Constitución Nacional y los tratados internaciones, e instruyendo específicamente Äa partir del año 1991Ä a que los jueces realicen visitas periódicas a los establecimientos.
Con la creación del área específica dedicada a la materia y la puesta en marcha de las visitas "institucionales", la Corte profundiza pautas ya establecidas en la ley Orgánica del Poder Judicial y propende no solamente a proteger a la población carcelaria, sino también contribuir a mejorar la seguridad de toda la población, a través de un sistema carcelario que aporte realmente a la resocialización de quien delinquió. A tal efecto, toman en cuenta que la subsistencia en condiciones penosas, es un factor que contribuye claramente a que aumenten los casos de reincidencia.
"Las visitas institucionales tienen un objetivo muy claro, porque en la medida en que uno abra las cárceles, eso tiene una finalidad preventiva muy clara, ayuda a generar otra forma de comportarse", consignó a El Litoral el ministro Daniel Erbetta, impulsor de la iniciativa acompañada por todos sus pares de la Corte y en línea con un pedido de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial.
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"La creación del área responde en alguna medida a una interpretación de la Convención contra Tortura y Malos Tratos y conlleva la posibilidad de contar con información que permita articular medidas y estrategias de prevención. Es un insumo muy importante que permite cruzar datos con otros lugares del país y a nivel nacional, para definir estrategias en este tema", dijo Erbetta.
El jurista mencionó que la participación de los Colegios de Abogados registra un importante antecedente en la provincia. Al respecto, recordó la actuación de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del Colegio de Abogados de Rosario, en los primeros años de la década del '80, que contaba con autorización del Poder Judicial para participar de las visitas a las cárceles y asumió un papel gravitante en situación de motines producidos en la época.
En términos generales, se remitió a la responsabilidad del Poder Judicial de velar por la situación de las personas cuya privación de libertad ordena, sin omitir que la instrumentación de las medidas que determinan las condiciones en que viven depende de políticas definidas por el Poder Ejecutivo y normas legislativas, por lo cual consideró imprescindible la articulación de los tres poderes en un área de interés común. Pero a la vez, resaltó la necesidad de asumir que "las cárceles son un problema de todos".
Estructura
Erbetta consideró que la nueva área podrá funcionar con los recursos humanos y técnicos de que dispone actualmente el Poder Judicial y que no implicará la adición de una nueva estructura. Se tratará de ejecutar de manera más coordinada las visitas que ya están previstas en la Carta Orgánica del Poder Judicial y de utilizar bases informáticas para el procesamiento y articulación de información.