La decisión del gobierno provincial de regularizar la situación en el marco de una serie de reclamos administrativos y judiciales de antigua data supondrá un impacto inmediato en las cuentas públicas, pero es una medida de sana administración orientada al mediano plazo y un paso importante, en orden a la instalación de criterios de seguridad, transparencia y hasta "normalidad" en los actos del Estado.
Tales son los parámetros sobre cuyas bases, según se anunció oportunamente, se organizó el trabajo de la Fiscalía de Estado, y que motivó una serie de iniciativas, con diverso alcance y en distintos estadios de concreción, que van desde las audiencias públicas y el registro de las entrevistas personales sostenidas en ese ámbito, a proyectos de reforma del procedimiento administrativo y seguimiento de los expedientes mediante recursos informáticos.
En ese marco, cada situación merece un análisis particular: en el caso de los ex empleados bancarios, se trata de una reivindicación de estatus laboral y jerarquía funcional; en el de un grupo de jueces, de la controvertida reivindicación de la equiparación con sus pares nacionales y la intangibilidad de sus remuneraciones; en el de damnificados por las inundaciones, de la obtención de una reparación vinculada a controversias sobre responsabilidad, al igual que en el de familiares de víctimas de la violencia carcelaria.
En los últimos días se comenzaron a cancelar juicios que datan de la década del '90, originados en unas 3.000 demandas de agentes de la policía por la falta de pago de una serie de suplementos o compensaciones salariales de distinto tipo, en los cuales se logró llegar a un acuerdo económico. De la misma manera se está avanzando con los ex bancarios.
La pauta que unifica a todos estos ítems es la voluntad de ajustar su resolución a los mismos objetivos: evitar la acumulación de expedientes de incierta tramitación, prevenir consecuencias pecuniarias más gravosas por no ajustar las soluciones a derecho y, en determinados casos, reparar o atenuar injusticias.
De la misma manera, pueden hallarse las mismas bases en la generación de estas situaciones: el arrastre durante décadas de un esquema administrativo deficiente y redundante, de una normativa afectada por previsiones dilatorias y, en muchos casos, por el aprovechamiento interesado de estos factores para demorar respuestas y evitar gastos, aun cuanto el efecto sea el desconocimiento o el retaceo de derechos legalmente respaldados (y, sobre todo, cuando el propósito es precisamente ése).
El trabajo concienzudo y sistemático para revertir este estado de cosas, impulsado por la suficiente decisión política para llevarlo adelante, no sólo es una medida necesaria para el saneamiento interno de la burocracia estatal, sino la base más apropiada para cambiar su imagen y recomponer la relación con sus propios integrantes y con el resto de la sociedad. La revalorización del sector público que impera en las actuales circunstancias político-institucionales requiere estándares de eficiencia compatibles, que son, a su vez, el presupuesto necesario de una concepción que privilegie el resguardo de los derechos de los ciudadanos, en lugar de someterlos al destrato y a un interminable desgaste.