Un grupo de diputados oficialistas, encabezados por el presidente de la comisión de Previsión Social, Juan Carlos Díaz Roig, acordó con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y otros funcionarios nacionales, la estrategia para encarar el tratamiento del proyecto de movilidad jubilatorio que se avecina en la Cámara baja.
La reunión de ayer tuvo como mira la visita que Tomada, el titular de la Anses, Amado Boudou, y el secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, hicieron esta mañana al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
Díaz Roig señaló que se les transmitió a los funcionarios "una serie de opiniones diversas de diputados del oficialismo y de la oposición", como las referidas a la eliminación de la facultad del Poder Ejecutivo de fijar las actualizaciones de los haberes jubilatorios.
El diputado formoseño aseguró que en el oficialismo existe "un compromiso de que haya un debate con la mayor amplitud posible" de la norma y afirmó que la decisión del gobierno de enviar el referido proyecto es "una decisión de la presidenta (Cristina Fernández) para mejorar la calidad institucional", con lo cual se demuestra la vocación del oficialismo "de no aprobar nada en forma taxativa".
No obstante, negó que los funcionarios hayan establecido algún límite a eventuales modificaciones de la iniciativa, así como algún pedido o la mención de algún aspecto no negociable. Aseguró, además, que tanto en oficialistas como opositores existe "unanimidad" en que la definición de los incrementos de las jubilaciones salga de la órbita del Ejecutivo y pase a ser determinada "por el Congreso" y que la propuesta oficial está en consonancia con el fallo judicial Badaro (de la Corte Suprema, en la que reconoce el reclamo de la movilidad jubilatoria y que llevó al máximo tribunal a reclamar al Congreso un mecanismo para establecer dicha movilidad).
Sin embargo, admitió que "seguramente habrá debate en torno a la fórmula" sobre la que se calculará la movilidad, aunque aseguró que el proyecto del gobierno apunta a crear "un sistema permanente y con estabilidad", por lo cual plantea el cálculo sobre una ecuación que contempla los incrementos salariales y la recaudación impositiva.
Piden cambios
Tras el encuentro, Boudou admitió que durante el tratamiento del proyecto puede "haber algún nivel de discusión" en cuanto a la confección del índice de cálculo de movilidad jubilatoria, pero aseguró que la medida impulsada por el gobierno "es un paso más" en la búsqueda de una solución al tema pero que "no se va solucionar todo el problema, queda mucho por hacer". El proyecto establece un mecanismo de actualización de las jubilaciones en forma automática en marzo y setiembre de cada año, explicó el funcionario.
En la oposición parlamentaria existen posturas a favor de modificar el proyecto en lo que se refiere al índice de cálculo semestral de la movilidad. En un encuentro de la vicepresidenta de la Cámara baja, Patricia Vaca Narvaja, con los referentes en materia previsional de distintos bloques, la ex arista María América González pidió que a la ronda de consultas de las comisiones se incorpore a representantes de los colegios de abogados y abogados previsionales porque existen cuestionamientos en cuanto a la constitucionalidad de la forma de establecer el índice de actualización jubilatoria, que puede generar una "catarata de juicios" contra el Estado.