Mario Cáffaro
El jueves sobre el mediodía dos fotos marcaban la jornada: en la Casa de Gobierno, el ministro de Economía, Angel Sciara presentaba con sus colaboradores el proyecto de reforma tributaria a enviar a la Legislatura. En tanto, en el hall del Palacio Legislativo, un centenar de intendentes y presidentes comunales justicialistas le exigía a sus legisladores avanzar con el proyecto para incrementar la masa coparticipable para los gobiernos locales.
Ahora comienza la etapa de discusión en la búsqueda de un consenso que permita tender una tangente que satisfaga en parte a los distintos actores. En definitiva, los gobiernos provincial y locales quieren más recursos para afrontar sus políticas y ese dinero saldrá del bolsillo de los santafesinos. La pulseada es qué le corresponde a cada uno y cómo se lo adjudica.
En su plataforma electoral, el Frente Progresista prometió cambiar el esquema tributario y la discusión interna en el gobierno se aceleró a partir de las incidencias que deparó en los números provinciales la crisis entre el gobierno nacional y el campo. El proyecto que apunta a volver a cobrar Ingresos Brutos a sectores de la producción -especialmente industria y construcción- y actualizar el Inmobiliario, es de máxima que permitiría recaudar 680 millones de pesos de los cuales 180 irían directamente a municipios y comunas.
Llegar al texto llevó varias horas de debate interno en el gobierno y en el Frente Progresista que recién lo avaló políticamente el miércoles. Lunes, martes y miércoles hubo reuniones entre el Ejecutivo y legisladores oficialistas buscando puntos de coincidencia. El lunes fue el propio Hermes Binner quien encabezó una reunión donde fueron invitados todos los legisladores del Frente. El martes fue la subsecretaria de Finanzas, María Teresa Beren, la encargada de discutir la letra chica con diputados de cada una de las fuerzas que integran el Frente Progresista. El miércoles, a la noche, en la Casa del Sur, el llamado Grupo de los 15 volvió a discutir el tema con el gobernador. Binner llegó solo al encuentro con los aliados y escuchó atentamente las sugerencias de abrir espacios de diálogo con el justicialismo para garantizar la sanción de la reforma. Es que el oficialismo es minoría en el Senado y ninguna ley saldrá sin acuerdo con la oposición. "Esto no es la ley de Lemas donde la gente reclamaba la derogación y obligó a los senadores a pronunciarse. Al contrario, la reforma será rechazada por muchos sectores que harán pesar su influencia sobre los legisladores" insistió en señalar un diputado no socialista ante el gobernador. En determinado momento, Binner tomó el teléfono y citó a Beren al encuentro para que recabara dudas de las fuerzas políticas.
Ya el jueves, en el ámbito de Diputados, el propio presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, habló con diputados justicialistas sobre la necesidad de buscar una mesa de entendimiento sobre la cuestión. Una de las posibles salidas es buscar un acuerdo en la Cámara Baja para después intentar trasladarlo al Senado. Por ahora son sólo esbozos de negociación que empezarán a materializarse la semana próxima.
En el justicialismo, en voz alta todo es rechazo, aunque el tema empezó a ser hablado en la sede partidaria donde acordaron sentarse el miércoles próximo la mesa con los bloques de diputados y senadores para discutir temas de agenda parlamentaria donde reforma tributaria y coparticipación están en primer lugar.
Desde el obeidismo, Mario Lacava y Silvina Frana señalan que "a pesar de que puedan existir rezagos en la actualización de las valuaciones, entendida como decisión política, no existiría a priori una razón ni fiscal ni de emergencia que justificara la reforma. Santa Fe registra un bajo endeudamiento, con recursos asignados a fondos de emergencia, superávit fiscal y una recaudación que se sostiene en tasas de crecimiento importantes", dicen en un trabajo.
"Es desconcertante el desconocimiento que muestra el gobierno provincial acerca del origen de las exenciones a la industria, la construcción y el sector agropecuario. Dichas exenciones fueron implementadas a principios de los "90, a través de los pactos fiscales con la Nación con el fin de eliminar un impuesto que presenta serias distorsiones, incluso mayores que las famosas retenciones", sostienen.
Por su parte, Luis Rubeo defiende el proyecto de aumento de coparticipación de los senadores. "Esta propuesta apuesta verdaderamente al federalismo y la solidaridad, sin dobles discursos", dijo tras la reunión con intendentes y presidentes comunales donde estos aplaudieron la decisión de elevar el porcentaje histórico de coparticipación del 13,4 al 18%. En el Frente Progresista se preguntan por qué no aplicaron esa suba en los útlimos 20 años cuando el justicialismo -siempre- tuvo mayoría en ambas cámaras.
Los presidentes comunales dejaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados donde instan a "la imperiosa necesidad de avanzar de manera concreta en una distribución más equitativa y ecuánime de los recursos tributarios coparticipables. La sanción de esta ley constituye para nosotros un hecho de altísima relevancia pues cada vez son más las responsabilidades que deben asumir los gobiernos locales y cada vez son menos los recursos que retornan a nuestras comunidades para hacer frente a aquellas obligaciones". Los argumentos son parecidos a los que esgrime el Ejecutivo provincial. "La provincia atraviesa un grave problema que es la pérdida sostenida de su autonomía fiscal. Este es un problema estructural y se va agravando año a año y en parte es común a todas las provincias argentinas", dice el mensaje en sus fundamentos.
El último jueves, en Diputados hubo un interesante debate motorizado a partir de la negativa del oficialismo en aprobar un proyecto del justicialista Alberto Monti pidiendo derogar una disposición del decreto reglamentario de la ley de obras menores, fondos que deben ser distribuidos entre municipios y comunas.
El autor reclamó agilizar la entrega de fondos quitando muchas de las trabas burocráticas incluidas en el decreto y recomendó quitar sospechas sobre el funcionamiento de comunas. "Hay que hacer todos los controles, pero deben darle libertad a las comunas para hacer las obras que quieran", remató. La socialista Nidia Goncebat destacó la decisión del gobierno de reconocer el 100% de la coparticipación de Ingresos Brutos y de no descontar lo aportado por municipios y comunas a la ley de financiamiendo educativo; pero también hizo notar que en años anteriores quedaron partidas remanentes de adjudicar del fondo de obras menores. El demoprogresista Gabriel Real exhibió un acta de la comisión de adjudicación del gobierno anterior donde el Tribunal de Cuentas advertía sobre la necesidad de ejercer estrictamente los controles de esos fondos. El justicialista Jorge Lagna le pidió al oficialismo que reconozca el error del decreto que ha paralizado las obras.
Tras varias intervenciones, el jefe de la bancada oficialista, Raúl Lamberto, despejó dudas. "Este gobierno no vino a hacer una agencia de investigación de la gestión anterior, pero vino a modificar pautas de administrar los recursos para que la gente sepa que es posible un mejor manejo de recursos dentro de la ley. Si la asignación de fondos se hace con los recaudos de ley, será mejor a futuro" y remató su exposición con el compromiso de adjudicar a diciembre los 80 millones del fondo. Mario Lacava, más allá de las críticas, subrayó que el debate dejó como saldo el compromiso público del gobierno de repartir el dinero entre intendentes y presidentes comunales.