Emerio Agretti
"Hace falta más cantidad de juzgados, porque los jueces están desbordados por las numerosas causas. Pero también, haría falta una mayor cultura de trabajo, porque hay casos puntuales en que no se compadece la enorme demora en el dictado de resoluciones, con el tiempo que le dedican a otras actividades".
La frase del presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Salvador Aiello, sintetizó la coincidencia de los letrados en la necesidad de generar más cargos judiciales Ätanto para atender los requerimientos de la reforma procesal penal, como a los efectos de descongestionar los ya existentesÄ y la voluntad de participar en las dos etapas del mapa judicial: las coberturas inmediatas más urgentes y el diseño de la futura distribución. Pero también, el otro factor que los abogados advierten cotidianamente y que consideran inescindible de la problemática abordada, y que plantearon en la reunión sostenida esta semana con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
"Es innegable que hay cuestiones estructurales que atender, que tienen que ver con el gran drama de la mora judicial. Pero, también apuntamos con mucha claridad a los aspectos humanos, referidos a los factores que dispersan la atención de magistrados y funcionarios", dijo Aiello, en diálogo con El Litoral.
Al ser consultado sobre los términos de lo conversado en la reunión, el presidente del Colegio mencionó que resulta evidente que "hay actividades que, en vez de ser complementarias o accesorias para los jueces, se convierten en la principal". Y mencionó al respecto la participación en entidades deportivas, sociales y culturales y, sobre todo, en la docencia y la producción bibliográfica.
"Si el juez está al día con su despacho, y es abnegado y sacrificado y Äcomo me consta en muchos casosÄ trabaja hasta los fines de semana y feriados, puede ser que le quede tiempo para otras cosas. Pero si no es así, como también pasa en muchos casos, se retacea tiempo a algo tan esencial para el sistema democrático como es la Justicia. Porque la demora es denegación del servicio de justicia. Y la negación de la justicia nos lleva a la justicia por mano propia y ésta a la negación del estado de derecho, porque implica la primacía de los fuertes sobre los débiles", argumentó.
Aiello consignó que este planteo fue acompañado por los representantes de los cinco colegios y que la Corte admitió su preocupación al respecto y el compromiso de establecer pautas para que los magistrados se dediquen principalmente a la actividad jurisdiccional.
"No todo es infraestructura. Hay que instalar el debate sobre estas cuestiones. Porque además, se da la paradoja de que a un juez dedicado y trabajador, que tiene su despacho al día pero no le queda tiempo para la cátedra o la doctrina, eso no le suma puntos. En cambio, al que se dedica a escribir y dar clases, no se le resta calificación por estar atrasado en su trabajo", completó.
Por su parte, el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, consideró "muy importante" la reunión con los cinco colegios, porque permitió avances concretos en orden a la definición de las necesidades de creación de juzgados, que serán discutidos ya el próximo miércoles con el ministro de Justicia, Héctor Superti y como derivación de la reunión con los senadores, en la que se planteó la posibilidad de utilizar la partida de 30 millones de pesos prevista en el presupuesto de este año para la postergada implementación de la reforma procesal penal.
"Los colegios habían presentado notas pidiendo la creación de algunos juzgados en cada circunscripción. En este encuentro, les pudimos explicar lo que estamos conversando con el Poder Ejecutivo, y hacerlos partícipes de las dos etapas en que hemos planteado la tarea: resolver las cuestiones más urgentes y avanzar, en un mayor plazo, con los tribunales de pequeñas causas, casas de justicia, reformulación de las competencias de los juzgados comunales", explicó Falistocco.
Consignó que, en función de esto, se convocó a los colegios a que formulen un plan mínimo de coberturas en sus respectivos distritos, pero también a que formen parte del rediseño del mapa judicial.
El presidente de la Corte indicó que, además, el encuentro permitió "analizar la marcha del Poder Judicial en cada circunscripción y atender otro tipo de requerimientos que los colegios fueron planteando. Esto nos permitió informar, además de las líneas en que la Corte está trabajando, en materia edilicia, de informatización y de la necesidad de impulsar en forma conjunta las reformas con los otros códigos procesales, algunos de los cuales cuentan con proyectos que ya tienen media sanción en la Legislatura".
El presidente del Colegio de Abogados de Reconquista, Jorge Salum, solicitó que se implementen los juzgados establecidos en la ley 12.505 Äde distrito en Villa Ocampo, de Ejecución Penal en Vera, de circuito en Avellaneda, ampliación de fiscalías y defensorías en ReconquistaÄ, pero hizo notar que esa norma es previa al Plan Estratégico para la Justicia santafesina y fue dictada sobre "la base de necesidades de 2004 y 2005".
"Hoy, la situación se ha desmadrado de nuevo. Por esto, estamos pidiendo también la división de las Cámaras con una sola sala, un juzgado de Familia en Reconquista, otro en Vera Ädonde la competencia está en manos de los jueces penalesÄ; además de las necesidades que surgirán de la futura implementación de la reforma procesal penal", dijo Salum a El Litoral.
Salum compartió la idea sustentada por la Corte ante los senadores, de utilizar la partida de 30 millones de pesos prevista en el presupuesto de este año para la reforma penal, para la creación de cargos que cubran requerimientos actuales y luego sirvan para el nuevo sistema.
"Vamos a trabajar de manera coordinada con la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. Insistimos en ser actores de ese proceso, porque si hay problemas va a ser muy difícil corregirlos después", agregó.
Por lo demás, el presidente del Colegio de Abogados de Reconquista consignó que en esa circunscripción padecen los generalizados problemas de morosidad, que "se debe a cuestiones humanas y déficit de infraestructura". En ese marco, apuntó inconvenientes resultantes de las jubilaciones de jueces y funcionarios que se han producido, y otras previstas para los próximos meses, que padecen la demora en la cobertura.
"Esta situación se va a volver cada vez más complicada, porque acá ya de por sí hay pocos jueces, así que las posibilidades de que otro asuma el despacho son muy acotadas", completó.
El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), Carlos Andreucci, expresó su apoyo a la implementación del Código Procesal Penal impulsada por el Poder Ejecutivo.
En una reunión con el ministro de Justicia, Héctor Superti, la Faca se comprometió a colaborar en el debate y a aportar apoyo técnico para el pasaje del juicio secreto y escrito a un sistema de enjuiciamientos penales oral y público.
El presidente de la Federación entregará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un informe del Observatorio Jurídico de la Calidad del Estado de Derecho, que la institución argentina coordinó como integrante de la Federación Iberoamericana de Colegios de Abogados.
El trabajo, que se realizó durante tres años en Iberoamérica, monitorea distintos aspectos como organización judicial, política penitenciaria, situación de los derechos humanos y sistema de enjuiciamientos penales. "Las reformas se han dado en todos los países, y en ese contexto la Argentina es uno de los más atrasados", explicó Andreucci. "Por eso, es importante que se implemente el Código Procesal Penal en Santa Fe y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar activamente", aseguró.
Del encuentro, participaron también el secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente; y representantes del Colegio de Abogados de Rosario. Su presidente, Arturo Araujo, recordó que "el directorio del Colegio ya se expidió en forma favorable para la aprobación de la ley de implementación ya que acordamos con el gradualismo en cuanto a la puesta en práctica".
En junio pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley de implementación progresiva y por materia del Código Procesal Penal aprobado en 2007.
Esa iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados y actualmente se encuentra en el Senado para su tratamiento, propone que comiencen a regir algunas de las instituciones reglamentadas por el nuevo Código a partir de los 120 días de la entrada en vigencia de la ley.
Para esto, se apelará a la infraestructura del Poder Judicial y a órganos que fueron creados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como las oficinas de asistencia a la víctima y los centros de mediación penal de los Centros de Asistencia Judicial, y el reformulado Patronato de Liberados, hoy Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria.
En la medida que se sancionen las normas, se realicen las obras y se generen las infraestructuras necesarias se implementará la totalidad del nuevo Código Procesal Penal.