Mario Cáffaro
El 30 de septiembre es el plazo máximo fijado por la Constitución de la provincia para que se presente ante la Legislatura el proyecto de presupuesto general de gastos y recursos para el año siguiente. Si bien el plazo fue salvado en más de una ocasión con alguna dispensa, el propósito de la actual gestión es presentarlo en tiempo y forma. "Estamos trabajando para llegar con los deberes cumplidos en el plazo fijado por la Constitución", expresó el secretario de Hacienda, Julio Schneider.
El organigrama ministerial del actual gobierno dejó en la órbita de Hacienda la dirección general de Presupuesto, así como la Contaduría y la Tesorería. En mayo comenzó un trabajo de formación de recursos y la elaboración del presupuesto se inició hace 45 días con una jornada de capacitación entre la Secretaría de Hacienda y la dirección general de Presupuesto con los directores de administración y secretarios de logística de cada jurisdicción. "Se trabajó bajo la premisa de poner todo el esfuerzo posible para que la formulación del presupuesto no sea una repetición de presupuestos anteriores sino que puedan definir líneas y programas de trabajo y fundamentalmente las políticas que todas las jurisdicciones pretenden llevar adelante".
Para Schneider "esto es importante hacia adentro porque el presupuesto no es algo que se elabore en una sola oficina, sino que participa activamente el conjunto del gobierno y es necesario que cada jurisdicción sepa lo que pide, por qué lo pide, cómo pueden medir los resultados de lo que pretendan llevar adelante y por lo cual están pidiendo recursos".
Por ahora, Hacienda recepta los presupuestos preliminares de cada área y después deberá confrontarlos con los recursos estimados. Inflación y crecimiento de la economía son -por ahora- incógnitas. Sobre el primer punto, las provincias generalmente adoptan la estimación que elabora la Comisión Federal de Impuestos y sobre el comportamiento del Producto Bruto el dato es nacional. En inflación, hay serias diferencias entre lo que miden los institutos provinciales y los datos del Indec. El dato no es menor teniendo en cuenta que IVA e Ingresos Brutos son recursos procíclicos que acompañan el crecimiento de la inflación.
Schneider afirmó que "hay una tendencia inercial o estructural que indica que en los últimos tres años la provincia fue disminuyendo su superávit. Hemos tenido superávits importantes en el 2004 y 2005, y hacia el 2006 y 2007 fueron disminuyendo lo cual indica que los gastos están creciendo más que los recursos. Si se analiza la estructura de gastos, la participación de los distintos conceptos de éste siguen siendo relativamente similares (personal, gastos de capital, etc). Este dispararse de los gastos no es una decisión deliberada de este gobierno sino una consecuencia de la estructura de gasto que nos obliga a poner los ojos en los recursos. La participación de los recursos provinciales fue disminuyendo notablemente en la serie 2000-2008 como consecuencia de que algunos tributos han quedado absolutamente desdibujados en el conjunto provincial. Es necesario que se piense, analice y se busque la forma de consensuar una reforma fiscal", hoy a debate en la Legislatura.
El proyecto en elaboración será el primero de la gestión Binner debido a que el actual fue elaborado por la anterior administración, votado en acuerdo entre frentistas y justicialistas y luego adecuado a la ley de ministerios vigente. "Este presupuesto debe reflejar las principales políticas o las políticas que este gobierno va a jerarquizar".
La obra pública es parte esencial de cualquier política pública. "Las políticas esenciales de una provincia como Santa Fe son educación, salud, seguridad y las tres jurisdicciones requieren inversión importante en obra pública. Si a esto le sumamos vialidad y la necesidad de fortalecer caminos, la obra pública tiene un peso muy importante en el presupuesto 2009, fundamentalmente porque hay obras que van a enlazar este criterio de descentralización en cinco nodos. En Salud es necesario articular desde la atención primaria hasta la máxima complejidad en un esquema que cubra todo el territorio de modo de garantizar que cada uno de los ciudadanos tengan acceso al mismo nivel de salud. Esto significa que los servicios de salud estén distribuidos inteligentemente en todo el territorio con las cinco regiones", señaló.
La Cámara de Diputados solicitó un informe sobre el estado de ejecución de la obra de ejecución de la Ruta 1 entre la 168 y San José del Rincón al 1º de junio último.
El cuerpo votó una solicitud del justicialista Federico Reutemann que requiere conocer plazo y monto del contrato original; área técnica que elaboró el proyecto ejecutivo de la obra licitada; fecha de inicio de los trabajos del contratista adjudicatorio; porcentaje de avance de la obra acumulado e ítems ejecutados; cumplimiento de la empresa contratista de los ítems contractuales y certificados abonados a la empresa contratista.
El otro punto refiere a las modificaciones al proyecto ejecutivo. Se solicita conocer por quiénes fueron detectadas anomalías o vicios que dieron motivos para su modificación: si se han tenido en cuenta los reclamos de autoridades del municipio y de la comuna afectados por la obra; si la contratista, adjudicataria de la obra, realizó presentaciones o reclamos por vicios detectados en el proyecto ejecutivo original; a cargo de que área del organismo comitente está la realización de las modificaciones al proyecto ejecutivo original con detalle de los recursos humanos afectados y capacitación, dada la especificidad del tema; qué organismo tiene a cargo la realización de los estudios necesarios para el rediseño de la obra, especificando fecha de inicio y fecha probable de finalización; si el organismo comitente cuenta con estudios realizados por organismos nacionales, llámese, UNL, INA, u otro, que puedan ser utilizados para el rediseño de la obra y si se han detectado problemas por parte del proyecto ejecutivo original, en tal caso indicar los plazos probables para el reinicio efectivo de la obra y para su finalización.
Comunas
La Cámara de Diputados votó el pasado jueves una modificación a la ley orgánica de comunas donde eleva los montos mínimos para compras directas, concurso de precios o licitación pública para obras públicas, enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general. El proyecto fue presentado por los radicales Alfredo Menna y Santiago Mascheroni y para comunas de tres miembros lleva las compras directas hasta 7.500 pesos aunque cuando sea superior a 5.000 pesos deberá formalizarse un acta de comisión comunal y el dictado de una ordenanza respaldatoria; hasta 15.000 pesos deberá realizarse el concurso de precios y con más de 15 mil pesos por el sistema de licitación pública. Para el caso de comunas de cinco miembros elevan hasta 10.000 pesos la compra directa, aunque también arriba de los 5.000 pesos por acta de comisión y ordenanza; 20.000 pesos para la realización de concurso de precios y más de 20.000 por el sistema de licitación pública.