Según declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el asesinato de tres empresarios en la localidad de General Rodríguez fue obra de un grupo mafioso. No hace falta elaborar deducciones complejas para relacionar las afirmaciones del mandatario bonaerense con las actividades ilegales de bandas de narcotraficantes, posiblemente provenientes de México y Colombia. Si esto fuera así, a los problemas conocidos que afronta nuestro país se le suma ahora uno más, y no menor, como es el de las actividades mafiosas de los narcotraficantes.
Si bien el ministro Fernández insiste en señalar que, con relación al negocio de la droga, la Argentina es un país de paso, los datos de la realidad no son tan tranquilizadores. Desde hace tiempo se sabe que la droga se comercia cada vez con más intensidad. Los datos de los servicios de inteligencia son, en este sentido, ilustrativos. El debate abierto en el Congreso respecto de la despenalización o no del consumo está relacionado con este tema.
En el caso de la muerte de los empresarios Forza, Ferrón y Bina, todos los indicios coinciden en que se trata de una ejecución ordenada por jefes mafiosos debido a probables incumplimientos de pactos. La modalidad del crimen y las relaciones de las víctimas con laboratorios refuerzan esa hipótesis. Incluso, los contactos de algunos de los ejecutados con las víctimas de un anterior ajuste de cuentas dan fuerza a la peor de las sospechas.
Desde el punto de vista político, lo llamativo es la revelación de que Sebastián Forza haya aportado una importante suma de dinero para la campaña electoral de la actual presidenta. Y, si bien no se deben realizar asociaciones sin pruebas, sí puede decirse que este aporte económico no responde a razones de orden ideológico.
Uno de los problemas serios de las democracias modernas es reglamentar la financiación de las campañas electorales. Las democracias avanzadas lo han hecho; en la Argentina todavía estamos lejos de atender a este requerimiento de transparencia institucional. Lo sucedido confirma la más preocupante de las hipótesis.
Atendiendo a la realidad de los hechos, si no se produce una respuesta vigorosa del gobierno nacional a este tema, es probable que de aquí en adelante se extienda la violencia mafiosa en la Argentina. Los casos de Colombia y México son aleccionadores. Lanzados a hacer justicia por sus propias manos, los narcotraficantes operan como verdaderos ejércitos privados. La violencia de los narcotraficantes no sólo ajusta cuentas, sino que asesina inocentes, corrompe el sistema político e institucional y, muy en particular, a los servicios de seguridad.
Se sabe que las bandas criminales disponen de fondos cuantiosos, operan en el mercado internacional y se valen de todos los recursos Älegales e ilegalesÄ para conseguir sus fines. La Argentina, tal como se encuentra en las actuales circunstancias, es un país extremadamente vulnerable a estas operaciones. Si no hay una respuesta firme por parte del Estado, es probable que lo sucedido en General Rodríguez se convierta en el punto de partida de nuevos operativos mafiosos.