Un grupo de personas que denunciaron por estafa a una abogada de la ciudad, se reunieron con el juez de la causa para conocer algunos pormenores del expediente, y para preguntarle por qué no daba la orden de arresto, dada la cantidad de delitos de los que se la acusa.
El juez de Instrucción Séptima, Diego Andrés De la Torre, y el secretario Rubén Díaz, abrieron las puertas de su despacho para escuchar a los damnificados, que se presentaron en compañía de los abogados el pasado 7 de agosto.
A la cabeza del pedido estuvieron los abogados Elsa María Tracy Dunigan y Germán Apendino, quienes junto a Edgar Haidar, Josefina Pighin e Ignacio Ferreyra -que no estuvieron en la reunión-, representan los intereses de quienes denuncian ser víctimas de estafa.
El trato fue amable entre los que reclaman castigo para la persona que se quedó con su dinero y la autoridad competente, que cumple con la tarea de impartir justicia en un caso delicado. El magistrado despejó dudas acerca del devenir de la causa, aunque se excusó diciendo que ciertos pormenores se conocerían recién cuando el expediente regrese de la Cámara de Apelación Penal.
Los afectados pidieron una vez más que la acusada cumpla prisión efectiva, a lo que De la Torre habría contestado como lo viene haciendo desde el primer momento, argumentando que se trata de un delito excarcelable. Además, para el magistrado no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que la mujer imputada continuará libre.
La causa judicial comenzó el año pasado, cuando medio centenar de personas denunciaron públicamente sentirse estafadas por una mujer que les ofrecía jugosos intereses a cambio de depósitos de dinero cuyas cifras superan incluso los $ 100.000.
Fueron pocos los que se animaron a llevar el reclamo a tribunales, pero los suficientes como para que el juez de Instrucción De la Torre tomara cartas en el asunto. Con las pruebas en su poder, el juez llegó a la conclusión que debía procesar a Carmen Rosario Quinteros de Galera por "estafas reiteradas" por 14 hechos, y el procesamiento fue confirmado en segunda instancia. En aquella ocasión el juez ordenó que la detuvieran, pero a los pocos días y tras el pedido de la defensa, ordenó liberarla, previo pago de una fianza de alrededor de $ 180.000.
El 28 de marzo volvió a procesarla por dos hechos de características similares y confirmó la libertad provisional oportunamente solicitada. En este caso la Cámara ratificó parcialmente la resolución el 19 de junio pasado.
Por contrapartida, el defensor de la imputada había planteado el recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dirima la cuestión, pero la Cámara no hizo lugar al pedido.