"En un Estado de Derecho respetuoso de la dignidad humana, el Estado debe ofrecer un servicio de Justicia eficiente y al que todos puedan acceder (sic). Si alguna de esas dos condiciones no se da, la otra no sirve. Y si observamos lo que hoy ocurre en Santa Fe, vemos deficiencias en el servicio y en las posibilidades de acceder a él".
Con esta definición, y tras aclarar que no hay allí una imputación a los operadores del sistema, sino "a los diseños político-judiciales y a las demoras en las reformas que deben hacerse", el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, fundamentó la creación del "Programa para el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de Justicia de Santa Fe", que incluirá estudios de campo, conclusiones y propuestas que serán sometidas a debate público.
En diálogo con El Litoral, Superti explicó que se trata de llevar adelante una "planificación estratégica de aquí a 20 años", con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que se desarrollan al mismo tiempo que las medidas de carácter urgente y coyuntural, como la creación de nuevos cargos y unidades judiciales, para satisfacer las necesidades actuales.
"Pero lo urgente no puede permitir que nos desentendamos de lo importante. Y para mejorar la Justicia se necesitan estudios de campo que suministren información cualitativa y cuantitativamente suficiente e integral para la toma de decisiones". Es decir, obtener y relacionar datos referidos a población, superficie, personal, gastos, haberes, causas, índices de litigiosidad y distancias hacia las sedes de las casas de Justicia, estudios de necesidades jurídicas insatisfechas, antecedentes que permitirán realizar una valoración completa y efectiva del sistema de Justicia de la provincia, enunció el ministro.
La comisión especialmente creada estará a cargo del secretario de Justicia, Roberto Vicente, junto a otros funcionarios de la cartera, y elaborará, sobre la base de los datos obtenidos, una serie de conclusiones que serán sometidas a debate público por el plazo de 90 días corridos. En este espacio participarán organismos gubernamentales provinciales o municipales, organizaciones civiles y demás particulares interesados en el tema. Concluida esta instancia, la comisión elevará al ministro de Justicia y Derechos Humanos un informe con las conclusiones finales del programa, lo que podrá llevar a modificaciones normativas u organizacionales.
Superti consignó que el plan contempla de manera diferenciada la cuestión penal y lo pertinente a otras materias. En el primer caso, lo que atañe a la aplicación del nuevo Código, con el sistema oral y acusatorio y, en los otros fueros, "al mayor acento lo estamos colocando en la desjudicialización de los conflictos, partiendo de la base de que el sistema judicial tiene que ser usado en su mayor potencial para los casos en que no hay otra vía de solución".
Admitiendo que en este plano no se están poniendo en juego "ideas muy novedosas", sino que se apunta a conseguir la implementación concreta, el ministro puso a la mediación obligatoria como el mejor ejemplo de esa política.
"Se trata de tomar en cuenta todo lo que se está haciendo y sumar ideas nuevas, para integrarlas en una política orgánica que, a la vez, demandará debates parlamentarios. Creemos que esta modalidad de trabajo permitirá enriquecer el diagnóstico y la propuesta, incorporando la experiencia de cada sector y abriendo espacios propios de un Estado republicano y participativo".