El magistrado quien confirmó la excarcelación del ahora procesado y mandó embargar sus bienes por diez mil pesos consideró a Gazzera "posible autor penalmente responsable de los delitos de cohecho en grado de tentativa en concurso ideal con el de sustracción de instrumento público destinado a servir de prueba".
Gazzera fue denunciado en mayo pasado por el apoderado de una empresa constructora de Rosario. En su presentación, el denunciante señaló que el empleado de Sumarios y Multas se ofreció a "darle una mano"" a la empresa para evitar multas por unos 25.000 pesos a cambio de 4.000 pesos para él. Hecha la denuncia, y con la intervención de la fiscalía en turno, el juez decidió la organización de un operativo encubierto a cargo de la Tropa de Operaciones Especiales en un bar ubicado en Rioja y Ovidio Lagos, en el que se entregó a Gazzera la suma que requería (en billetes previamente marcados), mientras se filmaba y grababa el operativo.
Un punto interesante en la causa es el testimonio que brinda al magistrado la jefa de Gazzera, quien relata la forma en que se trabaja en esa repartición.
La encargada del departamento Sumarios y Multas del Ministerio de Trabajo Rosa Sonia Malamud reseñó "que los expedientes que tenía en su poder Gazzera le eran designados y cargados en planillas que él debía recibir con su firma, para que los lleve adelante la instrucción sumaria, debiendo dejarlo listo para que fuera resuelto, etapa ésta que ya no era de su competencia, resolución que queda a cargo de otro personal".
Por eso, se deduce que "los dos expedientes que se le secuestraran a Gazzera en el momento de la entrega del dinero controlado (en el bar de Rioja y Ovidio Lagos), carecían de resolución, hecho éste que presume que con su accionar, sustracción de los expedientes de la esfera de custodia del Ministerio de Trabajo, tenía poder de decisión en principio respecto a la finalidad ilícita propuesta".
Malamud señaló que "en el volumen de expedientes es materialmente imposible hacer un control periódico de lo que va aconteciendo con las actuaciones".
Por lo tanto, Beltramone advierte que "se insinúa primariamente que un funcionario conocedor de estos laberintos administrativos, sea por falta de control o por volumen de trabajo, aprovecha el contexto, y tiende el puente de plata sugiriendo una salida ilícita más barata y paradójicamente más simple al problema, pues conocedor además de que de ningún modo o muy dificultosamente la administración podría saber de la desaparición de los sumarios, juega además con los límites de prescripción que la ley impone. Tan liminar conclusión se advierte, no sólo por los dichos de Malamud, sino del secuestro en su poder, allanamiento mediante, de más de 30 sumarios administrativos en su estudio jurídico, viejos y nuevos, expedientes con una data de siete años, otros de un año, entre muchos otros. Esta situación objetiva y simple demuestra la falta de solidez del control del trabajo encomendado a Gazzera que permita reducir o limitar en la medida de lo posible que se faciliten tales situaciones que claramente conspiran contra una administración".
Con los elementos de prueba, el juez Beltramone consideró que "se arribaba a un estado de certeza suficiente" sobre la culpabilidad de Gazzera como para procesarlo, a pesar de que el imputado se negó a declarar cuando fue citado a hacerlo.
Que voten.
El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, reclamó que los senadores sancionen mañana el proyecto de ley que permite la creación de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. "Ya ha pasado mucho tiempo sin que el Senado trate el proyecto -dijo el funcionario a El Litoral-; han pasado tres meses y se siguen muriendo obreros en sus lugares de trabajo. Entonces, yo exhorto a los senadores a que mañana traten y aprueben este proyecto que nos permitirá tener un elemento básico para asegurarles a los trabajadores un derecho que naturalmente tienen y que es la salud".