El ex juez y abogado Guillermo Ledesma, quien fue contactado para ser abogado del venezolano Guido Antonini Wilson, deberá ir a declarar el lunes ante el juez penal económico Daniel Petrone, quien investiga el escándalo por los 800 mil dólares que llegaron al país para, según se desprenden de grabaciones del FBI, solventar la campaña presidencial de Cristina Fernández.

Petrone resolvió citar a Ledesma, quien se presentó a través de un escrito en el juzgado en donde ratificó las críticas que ya hizo al gobierno argentino, a través de declaraciones a periodistas. Además de convocar a Ledesma, el juez también formalizó el pedido de las escuchas que se difundieron en el juicio que se lleva adelante en Miami contra el venezolano Franklin Durán, donde se acusa a Argentina y Venezuela de intentar encubrir la llegada de 800 mil dólares en manos de Guido Antonini Wilson, en agosto de 2007. Según las escuchas que se ventilaron en las audiencias, el dinero que fue detectado en aeroparque era para la campaña presidencial. A la vez, una voz atribuida al ex camarista argentino Guillermo Ledesma expresa que Kirchner y Chávez eran la garantía de que Antonini no iría preso. Y se alude a un viceministro de Justicia de Argentina como partícipe de una reunión realizada en Venezuela para aplacar el escándalo.

Al conocer el contenido de esa escucha, Ledesma buscó públicamente revertir cualquier sospecha y luego se presentó en los tribunales para declarar el próximo lunes.

En su escrito, el ex camarista justificó que, según le confió Wilson, la valija era del ex titular del Occovi Claudio Uberti, quien lo invitó a subir al avión en vísperas de la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez al país. Siempre según la reconstrucción del ex juez, Wilson contó que Uberti y el ministro de Planificación Julio de Vido le prometieron que estaba todo arreglado para sortear problemas.

Semanas atrás, el juez Petrone dictó la falta de mérito de Uberti por entender que no había elementos que permitieran responsabilizarlo de su participación en el delito, aunque se lo seguirá investigando. La fiscal, sin embargo, apeló esa resolución ante la Sala B de la Cámara Penal Económica que, antes de definir esa situación, primero analizará en verdaderamente el delito a investigar.