El presidente Evo Morales y cuatro prefectos de oposición caminaban con lentitud y hasta con desconfianza a un acuerdo para descomprimir la crisis política, con la formación de tres comisiones para discutir temas que polarizaron Bolivia, luego de tres semanas de convulsión que dejó unos 30 muertos.
El diálogo se inició ayer en Cochabamba con "muy buena voluntad" pero transcurrió "lento y carente de definición", pese a que el presidente Evo Morales exhortó a "lograr acuerdos en cuatro o cinco días", dijeron fuentes oficiales.
El jefe de Estado, jaqueado por protestas en cinco departamentos, discutió cómo pacificar el país, durante unas 15 horas, desde ayer en Cochabamba (centro), con los prefectos (gobernadores) Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).
"Estamos buscando un acuerdo, no es fácil, conlleva tiempo, hay posiciones muy difíciles de resolver", afirmó el prefecto Cossío.
Las conversaciones se realizaron a puertas cerradas en un complejo turístico a unos tres kilómetros de la ciudad, en la que participaron como "testigos" la Iglesia Católica y diplomáticos y delegados, en representación de Unasur, OEA, ONU y Unión Europea que se limitaron a observar el curso de la cita política.
"Las negociaciones fueron duras, hubo intervenciones fuertes (subidas de tono)", dijo una fuente que participó de las conversaciones que estuvieron marcadas por la desconfianza de ambos bandos que desde enero construyeron varias mesas de diálogo sin resultados.
Cossío explicó que esta vez se conformaron tres comisiones técnicas sin una agenda de trabajo, sólo con la misión de discutir cómo redactar un acuerdo que luego sea elevado al presidente Morales y a las autoridades regionales para su ratificación.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, ratificó que "hay tres comisiones que comienzan a trabajar desde hoy: una sobre las reformas a la Constitución y las autonomías regionales y las otras dos sobre los recursos del IDH (impuesto petrolero para los departamentos y para llenar acefalías (elección congresal) para el poder Judicial".
El diálogo sufrió sobresaltos por las noticias que venían desde La Paz, donde se conocía que Leopoldo Fernández, el prefecto opositor de la región de Pando (norte), en la frontera con Brasil, perdía un hábeas corpus en la justicia y un juez ordenaba su remisión a una cárcel pública, investigado por una matanza de campesinos hace una semana.
Fernández fue detenido y desterrado el martes de Cobija (capital de Pando) a La Paz, señalado por el gobierno de desacato a un Estado de sitio decretado por Morales para frenar la violencia que sólo en esa región dejó 30 muertos y de promover esta masacre de campesinos pro gobiernistas.
El prefecto de Pando formaba parte del bloque opositor de cinco prefectos, el más fuerte dolor de cabeza del gobernante Morales.
Al diálogo también llegaron noticias de cómo desde el exterior se estaba pendiente por los sucesos bolivianos y cómo se afianzaba la labor de veedores internacionales, quienes son claves para evitar que oficialistas y opositores se atrincheren o enguerrillen en sus posiciones.
El diálogo aún se mostraba como una luz al final del túnel en la crisis boliviana, surgida por el rechazo de cinco regiones a la nueva Constitución oficialista de corte indígena y estatista y por la exigencia de los prefectos para que Morales devuelva fondos públicos de un impuesto petrolero.
En tanto, militantes de movimientos sociales afines al gobierno permanecían anoche en los alrededores de la sede de las deliberaciones y aún no habían levantado el cerco a Santa Cruz, porque no estaba claro si las oficinas nacionales ocupadas y saqueadas por grupos de choque opositores habían sido desalojadas, como lo establecía el acuerdo marco para el inicio del diálogo.