La aparición de un libro que atribuye el asesinato de José Ignacio Rucci a la organización Montoneros y la fuerte presión de la familia y de los dirigentes de la CGT para que el crimen de quien fuera el hombre de Perón en la central sindical sea declarado delito de lesa humanidad, terminaron provocando la reapertura de la causa judicial que estaba archivada desde 1989 sin condenados ni procesados.
Si bien la decisión del juez federal Ariel Lijo, basada en un dictamen del fiscal Patricio Evers, no define una posición sobre la prescripción del delito, el sólo hecho de reabrir la investigación y reconocer a los hijos de Rucci -Aníbal y Claudia- como querellantes, parece abrir la puerta a reclamos similares de familiares de otras víctimas del accionar de las organizaciones guerrilleras que actuaron en la década del '70.
Lijo ordenó ayer mismo el desarchivo de la causa penal y citó para el jueves a las 10 al periodista Ceferino Reato, autor del libro "Operación Traviata" en el que se sostiene que Montoneros asesinó a Rucci para presionar a Juan Domingo Perón como consecuencia de su presunto corrimiento hacia la derecha y la renuncia forzada de Héctor Cámpora. Reato atribuye los 23 disparos y la dirección del operativo a Julio Roqué, alias Lino, un licenciado en Ciencias de la Educación cordobés, experto tirador, quien había sido también el autor del atentado contra el general Juan Carlos Sánchez, aunque menciona la participación de ocho dirigentes de Montoneros, algunos de los cuales están vivos.
Esta publicación fue la que llevó a los hijos de Rucci a reclamar la reapertura del caso y a pedir, con el apoyo de la CGT de Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca, de Luis Barrionuevo, la declaración de este caso como crimen de lesa humanidad, lo que determinaría la imprescriptibilidad de la causa.
Esta posibilidad fue rechazada por la Secretaría de Derechos Humanos y por la Procuración General de la Nación, debido a que la Argentina adscribe a la tipificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que considera delitos de lesa humanidad al asesinato, exterminio, deportación, encarcelación, tortura, desaparición forzada, violación y demás actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que se cometan desde el Estado y "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil".
La decisión del juez Lijo de reabrir la investigación no implica una definición de esta cuestión, ya que la causa está paralizada desde 1989 sin condenados ni procesados. Sólo en caso de que aparezca un imputado que alegue en su defensa la prescripción de la acción penal -por tratarse de un delito ordinario- el magistrado deberá resolver si se trata o no de un crimen de lesa humanidad.
Rucci, quien fuera secretario General de la CGT y uno de los impulsores del regreso de Perón a la Argentina -es famosa la foto en la que sostiene un paraguas para proteger al general de la lluvia-, fue asesinado por un grupo comando que le asestó 23 disparos cuando salía a la puerta de su domicilio el 25 de septiembre de 1973. Aunque ningún grupo se adjudicó su muerte, durante muchos años la versión de que había sido provocada por la Triple A convivió con la que le atribuía a Montoneros la autoría del asesinato.
La decisión judicial de reabrir a prueba el expediente se produjo un día después de que se cumplieran los 35 años del asesinato del ex jefe cegetista. Justamente en la Central sindical se llevó a cabo un homenaje en el que tanto los hijos del dirigente como el propio Moyano reclamaron el esclarecimiento del hecho.
Claudia Rucci le advirtió a la presidenta Cristina Fernández que "un país que sigue tirando a unos muertos debajo de la alfombra y levantando otros no puede crecer", y el titular del gremio de los Camioneros que días antes había desafiado la política oficial sobre los crímenes de lesa humanidad al equiparar los asesinatos cometidos por civiles en la década del '70 con los de la última dictadura militar, revisó ese discurso pero reclamó justicia: "Queremos saber quién fue", advirtió.
Julia Izumi (CMI)