AFP-EFE-Télam
Los presidentes de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador se reunían hoy en la ciudad brasileña de Manaos, donde tratarán, entre otros temas, el proyecto para una vía comercial que una el Atlántico con el Pacífico, la situación interna boliviana, el ingreso de Caracas al Mercosur y cuestiones energéticas y de inversiones.
Los mandatarios: venezolano, Hugo Chávez; boliviano, Evo Morales, y ecuatoriano, Rafael Correa, concurrirán a Manaos, invitados por su par brasileño Luiz Lula da Silva, cuyo propósito es mantener además encuentros bilaterales, según informaron las agencias de noticias Ansa y ABI.
El encuentro fue confirmado ayer por Correa, quien informó que en la reunión internacional se trabajará sobre el proyecto multimodal Manta-Manaos, a través del cual se pretende abrir una vía de acceso que una el Atlántico con el Pacífico.
El mandatario ecuatoriano indicó, además, que "seguramente" discutirá con Lula acerca de la incautación en Ecuador de los bienes de la constructora brasileña Odebretch, por incumplimiento en un contrato para la construcción de una hidroeléctrica, posibilidad en la agenda que también admitió una fuente del Palacio Itamaraty (cancillería brasileña).
Correa embargó los bienes de Odebrecht y amenazó con no pagar un préstamo de 423 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES), debido a problemas en la represa San Francisco, construida por los brasileños, que lleva meses sin generar energía.
Lula manifestó ayer su preocupación por la situación de la constructora y "fundamentalmente, con la situación de los empleados de la empresa, cuyos derechos se encuentran suspendidos", informó el vocero presidencial Marcelo Baumbach.
Aunque no especificó si el tema formará parte de la conversación entre los mandatarios, el vocero sostuvo que Lula "no va a entrar en los detalles" del conflicto en ese encuentro.
En cambio, explicó que el presidente brasileño conversará con Correa sobre la victoria del ecuatoriano en el referendo sobre la nueva Constitución realizado el domingo.
En cuanto al temario con Chávez, una fuente del Palacio del Planalto (presidencia brasileña), informó Ansa que "los presidentes darán continuidad a la agenda de energía, infraestructura, la situación en la frontera y otros temas de interés común".
Entre estas cuestiones está pendiente el acuerdo para formar una empresa mixta, integrada en un 60 por ciento por la petrolera brasileña Petrobras y en un 40 por ciento por la venezolana PDVSA.
Al respecto, Lula había manifestado días atrás que hay "resistencias" de parte de las petroleras, aunque existe voluntad política para crear esa compañía binacional, que también actuaría en la Franja del río Orinoco, Venezuela, donde hay grandes reservas de petróleo pesado.
Por otra parte, se estima que Lula y Chávez traten la demora del Congreso brasileño para aprobar el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, y que evalúen la situación de integración en la frontera común de más de 2.000 kilómetros.
Esta cuestión, que fue tema de la reunión que los mandatarios mantuvieron en junio pasado en Caracas, preocupa a Brasil debido a la tensión entre indígenas y agricultores brasileños en el Estado amazónico de Roraima, por una disputa por la posesión de la Reserva Raposa Serra do Sol, donde los ruralistas son acusados por las comunidades de haber contratado sicarios venezolanos.
Las negociaciones entre el gobierno de Evo Morales y la oposición boliviana será otro de los asuntos tratados en Manaos.
Brasil es uno de los países de la región más afectados por el conflicto en Bolivia, con el que comparte 3.400 kilómetros de frontera, por lo que muchos bolivianos emigraron hacia territorio brasileño para pedir refugio.
Ello llevó a los ministros de Defensa, Nelson Jobim y Walker San Miguel a acordar actuar de manera coordinada en la frontera y sumar a esa tarea a las policías de cada país.
Lula y Morales tienen además pendientes inversiones por mil millones de dólares prometidas por el brasileño en diciembre del año pasado, para desembolsar en el sector petrolero boliviano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó sorpresivamente, por unanimidad, la extensión de una ley de preferencias arancelarias para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pese al pedido del presidente George W. Bush de excluir al primero de esos países andinos.
A través de esta ley, denominada de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés), los cuatro países andinos venden sus productos con aranceles especiales al país del norte a cambio de la lucha contra el narcotráfico.
La actual ampliación de esa ley concluye el 31 de diciembre de 2008 y por ello resulta urgente su ampliación que sólo quedará firme cuando la apruebe el Senado estadounidense.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles B. Rangel, le hizo conocer la urgencia, a través de una carta, a su homólogo del Senado para que esa ley sea analizada de inmediato, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
"La extensión recibió el consentimiento unánime. El Senado ahora actuará sobre su expiración (de la Atpdea). La Cámara de Representantes aprobó, de manera unánime, la ampliación de las preferencias arancelarias, que juegan un papel importante en el comercio y el desarrollo de esfuerzos por décadas", señala el documento aprobado por la Cámara Baja.
De producirse esta decisión del Legislativo estadounidense significaría, además de un fuerte alivio para Bolivia, donde peligraban más de 50.000 puestos de trabajo si la Atpdea no es extendida, un duro revés para Bush, en los meses finales de su mandato.
De hecho, previo a que se produjera esta decisión de los representantes estadounidenses, los trabajadores fabriles bolivianos advirtieron ayer al presidente Evo Morales que la exclusión del país del programa norteamericano de preferencias arancelarias, provocaría la pérdida de miles de puestos laborales.
Para la Confederación Fabril, la pérdida del mercado norteamericano provocaría una reacción social negativa pues sólo en la vecina ciudad de El Alto, bastión político del gobierno, dejará cesantes a 80.000 trabajadores.
El diálogo político en Bolivia se hubiera roto si las deliberaciones se reiniciaban ayer, afirmó el opositor prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, quien aseguró que tanto el presidente Evo Morales como él mismo tienen claro que el próximo domingo "tiene que haber humo blanco".
Luego del sorpresivo encuentro de ayer entre Morales y Costas, en el que surgió la iniciativa de suspender el reinicio de las negociaciones entre gobierno y oposición para el domingo próximo, el prefecto cruceño aseguró que "el proceso de diálogo se habría roto en caso de haberse reanudado el lunes" como estaba previsto, informó el portal paceño éltimas Noticias.
El encuentro, en la residencia del presidente en La Paz, sirvió para acordar una ampliación del plazo, para el funcionamiento de las comisiones técnicas del diálogo, según el mencionado portal.
La reservada reunión del presidente y su principal opositor, en la que analizaron la situación política del país, se desarrolló con "cordialidad" y "mucho respeto" y Morales mostró "bastante voluntad", afirmó Costas.
Pero el prefecto agregó que para las dos partes está "claro" que el domingo próximo "tiene que haber humo blanco" y producirse un consenso político.
Las dos comisiones técnicas del diálogo discuten sobre la nueva Constitución que defiende el gobierno, los estatutos autonómicos que impulsan los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca y el reparto entre el Estado y los departamentos (provincias) de los ingresos de la actividad petrolera.
La controversia de fondo radica en definir con qué recursos y competencias encararán las regiones el régimen autonómico que reclaman.
Según publica hoy la prensa local, los prefectos demandan también incluir modificaciones en la futura Constitución en las áreas de justicia, institucionalidad, la intervención del Estado en la economía, procedimientos para las reformas constitucionales y normativa electoral.
La reunión de Morales y Costas se produjo un día después de que una asamblea de movimientos sociales y sindicatos, en la que participó el mandatario, decidiera el sábado pasado presionar al Congreso para que convoque a los referendos que permitan aprobar la nueva Carta Magna.