Más de tres meses de conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional, y el fracaso de la propia estrategia oficial que no encontró sustento en la mayoría oficialista del Senado, no lograron modificar los criterios. El Poder Ejecutivo Nacional carece de políticas sectoriales y el campo está una vez más dispuesto a la protesta.
En un mundo económico convulsionado, con la presidenta jactándose de su negación inflacionaria en los foros internacionales, en medio del enfriamiento del mercado interno y con un tipo de cambio que poco tiene que ver con el discurso oficial, el gobierno insiste en recorrer su rumbo en piloto automático. Como si la tormenta no amenazara.
La crisis financiera internacional arrastró a la baja los precios de los granos. El retraso cambiario Äque se explica por la necesidad de no alentar la inflación negadaÄ supone menos ingresos para las exportaciones del campo, cuyos costos se incrementaron; mientras la sequía dramatiza muchas veces el complicado escenario que afronta el productor.
La siembra se retrae y merma su calidad por falta de inversión para darle sustentabilidad y productividad a los suelos; los tambos colapsan por la recurrente falsedad de las promesas oficiales para mejorar el precio de la leche en tranquera, y la persistente liquidación de vientres preocupa a los operadores del mercado de carnes. Ni el enfriamiento notable del consumo de carne en el mercado interno pudo frenar el fenómeno.
El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, ha pedido más tiempo a la Mesa de Enlace, para encauzar políticas. Pero es un secreto a voces que el mismo funcionario nacional, que no desconoce la realidad, también podría dar un paso al costado por el improductivo empecinamiento de la Casa Rosada.
Las puertas también permanecen cerradas para la provincia. La sequía anticipa pérdidas calculadas en unos 1.500 millones de pesos; el gobierno santafesino echó mano a 40 millones de su fondo anticíclico y el gobierno nacional, que se lleva miles de millones por vía de las retenciones, ha sido incapaz de prometer más de 6 millones de pesos en la emergencia. Los productores y la provincia son destratados por la presidencia.
Desde el resonante voto del vicepresidente Julio Cobos, que precipitó en el Senado el fracaso del esquema de retenciones móviles, la Casa Rosada ha tenido serias dificultades para imponer sus criterios en el Congreso, a pesar de la mayoría oficialista en las Cámaras. Sin embargo, la negación es tan poderosa que incluso en ese ámbito el diálogo ha resultado inviable.
El país no necesita complicar el frente externo; incluso las cuentas oficiales dependen de exportaciones que sin precios internacionales favorables ni ecuaciones productivas sustentables, también se verán afectadas. Las discusiones en el Congreso nacional son un recurso de institucionalidad para devolver razones a la política; pero el poder central debe ser más democrático si no quiere sumar un nuevo y costoso fracaso, que no estará limitado a las fronteras sectoriales del campo.