"Cualquier policía que anda robando tiene que ir preso", dijo el ministro de Seguridad Daniel Cuenca, tras conocerse la noticia de que un agente de la fuerza pública había sido detenido. Está claro que no se puede predecir una conducta semejante, pero sí trabajar para evitar que se repita.

Sin embargo, los jóvenes a los que el Estado les pone el arma en la mano para proteger a la ciudadanía, no siempre responden a esa imagen pública que se busca dar desde el gobierno provincial.

Lo que la población le reclama a las autoridades, además de una policía honesta que prevenga el delito, es que los nuevos agentes tengan una formación tal que incluya el buen trato y respeto para con las personas. En cambio, la experiencia nos pone frente a hombres armados y de fines espurios, como los tres policías arrestados la semana pasada por integrar una banda que estafaba a bancos y mutuales.

Resulta difícil responsabilizar a las nuevas camadas por el lastre que les impide insertarse en la sociedad del trabajo, del esfuerzo y el empeño. Pero más terrible es pensar el costo que puede ocasionarle a todos que éste sea el prototipo de autoridad, de fuerza pública, de ley en las calles.

La pregunta que nos urge responder es bajo qué parámetros se entrega la placa y el arma, que después cuesta tanto retirar, porque si éste es el precio de la ansiada seguridad, el camino no resulta nada alentador.

Esta semana la policía incorporará 827 nuevos suboficiales que concluyeron el curso de formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (Isep) y que cubrirán parte de los 1.800 nuevos cargos creados por la actual administración. Desde aquí, sólo rogamos que el caso del tan mentado "poliladrón" haya sido la excepción a la regla.