Teresa Pandolfo
Entre la sociedad y el servicio de Justicia viene existiendo como una deuda mutua. El segundo no siempre aparece como un derecho de alcance directo. En el imaginario colectivo, el Poder Judicial, en la provincia, es un poder distante de los fenómenos sociales que se producen en la sociedad, de lo que le ocurre a ésta. Tiempos demasiado largos para las sentencias, discursos encriptados, con actuación de sus protagonistas en una órbita de reglas demasiado preestablecidas y prerrogativas que los diferencian de los demás.
Desde el servicio de Justicia, por su parte, se clama por más recursos económicos, por más tecnología en los procesos, por más juzgados, por más personal profesional auxiliar. Se sostiene que, contrariamente a la percepción de la sociedad, como nunca, se ha judicializado la vida cotidiana y que los jueces atienden una diversidad de causas mucho mayor que en décadas pasadas.
Se alude a fueros que están desbordados y se atribuyen las demoras al número de incidentes que plantean los representantes del foro en los juicios para irlos alargando. A todo esto lo avalan con cifras.
Pero lo cierto es que se advierte entre sociedad y Justicia, sin alcanzar a ser un reproche, una insatisfacción en el desempeño, más allá del reconocimiento en particular a algunas conductas probas y dedicadas a los tribunales.
Uno de los ejes de la plataforma de Hermes Binner fue la intención de transformar el servicio de Justicia y hacerlo desde el poder administrador, mediante una planificación con acciones para el corto, mediano y largo plazo. Ese propósito quedó plasmado en la resolución N´ 164 de agosto de este año.
Una planificación con un horizonte de 15 a 20 años para no ir detrás de la demanda como apagando incendios, sino que fuera el resultado de una interacción con la Corte Suprema, con los colegios de abogados de la provincia y de estudios en particular, a fin de determinar dónde deberán crearse nuevos juzgados, con qué fueros, cuántas personas se necesitan en cada región, además de la transformación de los juzgados comunales, entre otras medidas.
Se proyecta un crecimiento orgánico del Poder Judicial y la construcción, para ello, de un nuevo mapa judicial.
La prueba de fuego, en el principio de la traducción de este propósito, debía producirse por la vía de sanción y aplicación de nuevas legislaciones procesales de la provincia y con el presupuesto que se asignara al Poder Judicial o con consecuencias dentro del Poder Judicial.
En el mensaje presupuestario 2009, enviado recientemente al Senado, el Poder Judicial aparece con una asignación de recursos superior a los 433 millones de pesos, suma mayor en cuanto a determinación de fondos, en comparación a años anteriores, pero que marca una menor participación porcentual en el conjunto de la torta de recursos.
Dentro de ese monto, se han previsto las partidas para que el Poder Judicial pueda seguir con las obras públicas que ha encarado en el territorio y una asignación de 15 millones de pesos para la creación de 343 cargos nuevos, ítems que se consideran de una importancia singular porque dan respuesta a ese reclamo mencionado en los primeros párrafos de "Apuntes...".
Hubo un trabajo de gestión desde la Corte y también una respuesta eficaz desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Se celebró en el Palacio de Tribunales esta decisión.
Héctor Superti sostiene que esta creación de cargos prevista llevará al reforzamiento del mapa judicial actual. Recientemente, se habían creado otros 32 cargos, a los que se sumarán Äcuando se apruebe el presupuestoÄ estos 343 previstos. En este punto se marca una diferencia con el gobierno anterior, pero ahora el acento debe ponerse en lo que pasará en el próximo año.
Por su parte, en el presupuesto del Ministerio de Justicia hay una previsión de $ 12 millones para la instrumentación del Nuevo Código Procesal Penal Äcon juicio oral incluidoÄ, partidas prioritariamente orientadas a la readecuación de inmuebles, adquisición de mobiliarios, así como creación de cargos específicos para las distintas instancias que demanda la metodología concebida para la debida defensa de los acusados.
Otro punto de cambio refiere a la informatización del Poder Judicial, que se financia con un préstamo del Banco Mundial. La adjudicación se concretó el año pasado, previéndose que comenzará por el fuero penal. Dada la aplicación del Nuevo Código, se procura negociar con la empresa adjudicataria un cambio para que, en una primera etapa, la informatización comprenda a los fueros civiles y comerciales y sus instancias de apelación.
La cuestión de marras está siendo analizada y negociada por el Ministerio de Justicia, la Corte y la firma ganadora de la licitación.
En trazos gruesos puede decirse que existe una intención, traducida en números en el proyecto de presupuesto, de apoyar el desempeño del Poder Judicial. Propósito que va de la mano de otras acciones que guardan relación con esa otra gran deuda que es el acercamiento de la Justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad, con procedimientos acordes al tipo de casos. Las casas de Justicia para las pequeñas causas entrarían en esa categoría de proyectos, al igual que la utilización de la mediación entre partes como instancia previa y obligatoria al comienzo de los juicios. El proyecto respectivo está en la Legislatura
Sin confundir atribuciones de cada poder del Estado ni la independencia que debe primar sobre todo por parte del Poder Judicial, se percibe que el ciudadano necesita que sus derechos sean eficientemente tutelados por instituciones que le sean más accesibles y de las que tenga la seguridad de una respuesta conforme a Derecho, pero que no se pierda en el túnel del tiempo.