Recientemente se recordó en el mundo el Día Mundial contra la Pena de Muerte, condena que genera cientos de opiniones tanto entre quienes están a favor de su aplicación, como de los que se oponen. Sin embargo, nuestro país con la derogación del Código de Justicia Militar que contemplaba la pena capital para delitos militares, se convirtió en agosto pasado en un país totalmente abolicionista. Es decir que hemos superado largamente un debate que hoy envuelve a decenas de naciones.
Cuando se piensa en la pena capital se piensa inmediatamente en las imágenes hollywoodenses donde el largo pasillo hacia la muerte es motivo de filmes que retratan -muchas veces con crudeza- una decisión compleja. Pero en realidad es Asia el continente donde se ejecutan a más personas cada año, que ninguna otra región del mundo.
Un informe de Amnistía Internacional expresa que China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos fueron responsables del 88 por ciento de las 1.252 ejecuciones de las que Amnistía Internacional tuvo noticia en 2007 en todo el mundo. En Asia, 14 países siguen llevando a cabo ejecuciones, pero 27 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Algunos casos: India no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2004, aunque sigue dictando condenas de muerte (al menos un centenar en 2007), a menudo en juicios en los que los acusados sin recursos económicos no cuentan con asistencia letrada adecuada. Corea del Sur llevó a cabo ejecuciones por última vez en diciembre de 1997, cuando dio muerte a 23 personas. El 31 de diciembre de 2007, el presidente conmutó las condenas de muerte de seis personas. Sin embargo, aún hay 58 presos condenados a muerte. Taiwán no ha llevado a cabo ejecuciones desde diciembre de 2005. Este año ha condenado a muerte a dos personas, con lo que el número de condenados a muerte en el país asciende a 30. En Pakistán hay unas 7.500 personas, algunas de ellas menores, condenadas a muerte, en su mayoría por asesinato, y unas 130 fueron ejecutadas en 2007.
Amnistía Internacional considera que la pena de muerte "viola el derecho a la vida, carece de un efecto disuasorio claro sobre la delincuencia y no tiene cabida en un sistema de Justicia moderno".