El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación se preparó para tratar el proyecto de presupuesto nacional 2009 en el día de hoy, sin modificarle una coma al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, que prevé un 4 % de crecimiento de la economía, un 8 % de inflación y un dólar ubicado en el 3,19 pesos.
Esta mañana, el titular del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, sostuvo que las metas establecidas en el presupuesto 2009, que comenzará a tratarse, son "perfectamente alcanzables", pese al contexto de crisis financiera internacional.
Rossi aseveró que "el presupuesto fue elaborado con indicadores conservadores", por lo que no se vería afectado por los posibles sacudones que generen los vaivenes bursátiles de Estados Unidos y Europa, durante el año próximo.
Dijo, asimismo, que el presupuesto "fue presentado hace 30 días" ante los diputados, "cuando ya estaba instalada la crisis, y se veía venir lo que iba a pasar".
Los partidos de la oposición fracasaron ayer en llevar a cabo una sesión especial en la que iban a solicitar la eliminación de los superpoderes (facultad delegada en el jefe de Gabinete para cambiar partidas) y la modificación del impuesto al cheque que vence a fin de año. Sobre este tributo las provincias sólo reciben el 30 por ciento de su recaudación.
El kirchnerismo confiaba en que 129 legisladores darían quórum para comenzar el debate del mensaje presupuestario y que con 140, entre propios y aliados, se aprobará el proyecto posiblemente recién mañana por la tarde.
Se estima que, al no realizarse la sesión especial de ayer, será el ámbito del recinto donde se debatirán, además de los superpoderes, los números del presupuesto y el impuesto al cheque, otros artículos puntuales sobre los cuales los legisladores de la oposición están en desacuerdo.
Algunos de éstos tienen lugar con la obra pública para los dos próximos años; la modificación de la carta orgánica del BCRA, punto en el que se contempla una modificación para que el Central aumente los adelantos que hace al Tesoro de la Nación para el pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito y en moneda extranjera.
En cuanto al Banco de la Nación, el proyecto autoriza a esta entidad a prestar hasta el 30 % de los depósitos del sector público al Tesoro para financiar gastos de capital o amortización de deudas y la oposición sostiene que ésta no es función de este banco.
Otro de los puntos conflictivos es la asignación de los cupos fiscales no utilizados por la provincia de La Rioja Ä$130 millonesÄ para el grupo brasileño comprador de la ex curtiembre Yoma.
Asimismo, el proyecto de presupuesto autoriza al jefe de Gabinete a destinar 1,2 millón de pesos a la Federación Argentina de Municipios (FAM), la incorporación de 5 millones para las becas escolares y otros 7 millones para los subsidios a entidades sin fines de lucro, que entregan legisladores.
Además, no se incluye ÄnuevamenteÄ el Fondo Anticíclico, que fue concebido para ahorrar los recursos excedentes generados en épocas de bonanza para afrontar eventuales períodos de crisis.
Siete diputados nacionales de un nutrido arco político, con la conspicua ausencia del kirchnerismo, presentaron ayer un proyecto de ley para construir una "red federal de autopistas" de 13.300 kilómetros, libre de peaje.
El proyecto, encabezado por la cordobesa Griselda Baldatta (Coalición Cívica), fue elevado junto a una campaña nacional de promoción de la iniciativa, que incluirá promociones de 40 segundos en las salas de la cadena de Film Suez en todo el país, estrategias de "marketing viral", la firma de petitorios y el apoyo activo de un amplio abanico de entidades y empresas.
Ayer, por caso, asistió Alfredo De Angeli, el titular de la FAA en Entre Ríos, además de varios productores autoconvocados e incluso un representante de la Corriente Clasista y Combativa, que pidió a los legisladores no olvidar el aporte de las organizaciones sociales.
El proyecto consiste en construir, a partir de la red existente y con trazas adicionales allí donde se necesite, cuatro grandes corredores (Norte, Centro, Transversal y Sur) y vincular por la red 1.150 ciudades (incluyendo todas las que tienen más de 100.000 habitantes) y el 82 por ciento de la población del país.
Las obras (pasibles de licitar por tramos chicos, para ampliar el universo de potenciales oferentes) se adjudicarían por licitación y los ganadores obtendrían la concesión de reparación y mantenimiento por los 30 años siguientes a la fecha de terminación de las obras cobrando el equivalente a 2,5 centavos de peso por litro de gasoil por cada 100 kilómetros de autopistas que hayan construido.
"La clave es cambiar el modelo de gestión", explicó el ingeniero Guillermo Laura, factótum intelectual de la iniciativa, similar al "Plan 10" que promovió en los noventa. "La Argentina tiene 50 millones de líneas telefónicas porque las empresas proveedoras cobran por el servicio una vez que lo prestan", dijo. Del mismo modo, las constructoras querrán terminar las autopistas pues sólo entonces podrán empezar a cobrar su parte de la tasa sobre los combustibles, explicó.
La ineficacia del sistema actual de concesiones y peajes, dijo Laura, se evidencia en que el Estado nacional recauda unos 4.000 millones de dólares anuales, suficientes para hacer 2.000 kilómetros de autovías por año, o 20.000 kilómetros en un decenio, pero en los últimos diez años el país no concluyó siquiera los 420 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba.
Las constructoras financiarían las obras mediante un bono de infraestructura, que sería triple A con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, y empezarían a recaudar recién con las obras terminadas y en uso. Además, 21 por ciento de la recaudación de la tasa de combustibles sobre la que pivotearía el esquema se destinaría a un plan estratégico ferroviario.
La red, se argumentó, reduciría en 87 por ciento la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito (dos tercios de las muertes en las rutas se deben a choques frontales, y un porcentaje significativo a causas asociadas a la mala calidad o trazado de las mismas) y en 20 por ciento el costo de los fletes en todo el país.
Los diputados Federico Pinedo (Pro-Capital), Luis Lusquiños (PJ no kirchnerista, San Luis), Silvia Ausgsburger (socialismo, Santa Fe), Omar de Marchi (demócrata mendocino), José Ignacio García Hamilton (UCR, Tucumán) y Marta Velarde (Justicialismo Republicano, Santiago del Estero), presentaron el proyecto, que a partir de hoy tendrá "estado parlamentario". Esto es, se podrá tratar en el recinto, si sus auspiciantes consiguen votos suficientes.
El país necesita un "proyecto estratégico de infraestructura", argumentaron. Y no es precisamente el Tren Bala.