Los empleados del Poder Judicial de la provincia, representados por la Asociación Tribunales, plantearon sus reparos sobre el nuevo método para la selección de jueces comunales y pidieron una mayor participación de los operadores de las pequeñas localidades. De cara a la reunión que tendrán mañana con el secretario de Justicia, uno de sus miembros expuso críticas y rescató el viejo modo de designación de funcionarios.
"Para la Justicia comunal no necesitamos abogados; necesitamos servidores públicos con vocación social", expresó Daniel González, miembro de la comisión interna zona norte de la Asociación Tribunales. Y aunque rescató "la excelencia y la transparencia" en el nuevo proceso, dijo preferir para el cargo a "alguien competente que tenga arraigo con el lugar y vocación social".
Las declaraciones del gremialista tienen como correlato el nuevo método de selección de jueces, establecido por el decreto Nº 992/08, y en consonancia con el nuevo Consejo de la Magistratura.
Contra los principios de "transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación ciudadana", postulados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia para elegir a las nuevas autoridades de Justicia, la Asociación Tribunales elevó su queja.
"No nos preocupa tanto cómo se elija, sino a quién se va a seleccionar", aseguró el entrevistado, que recordó además que antes la selección "era una facultad del Poder Ejecutivo, aunque se desnaturalizó con el tiempo". En ese sentido, apuntó a "los últimos gobiernos Ähaciendo clara alusión al justicialismoÄ donde se seleccionó a gente que ya no tenía cabida en la política o producto del ajedrez político".
"Vemos la preocupación de la gente de la Justicia comunal, sobre todo por saber cuál será el rol que tendrán de cara al futuro y cuál el papel que van a cumplir dentro del proyecto de reforma de la Justicia que tiene el gobierno provincial", puntualizó González, que tiene 42 años y hace 8 que se dedica a la función gremial.
Tal preocupación radica en que "la Justicia comunal se caracterizaba porque sus integrantes no necesitaban ser abogados, de hecho que una gran mayoría no lo son. Antiguamente existía la figura del "amigable componedor', que era el espíritu de la Justicia comunal, la persona respetada y que tenía idoneidad para acercar a las partes".
El temor de los empleados judiciales parte de una pregunta: "¿Cuál va a ser la función del juez comunal si le estamos sacando el poco trabajo que tiene?".
Aunque "no nos han llamado a participar, nos comunicaron la firme idea de separar el Registro Civil que ha sido hasta ahora una de las funciones de juez comunal; además de la implementación de la Casa de Justicia y mediadores que no necesariamente tienen que ser jueces comunales".
Para González, las nuevas figuras son "estructuras paralelas" que surgieron con el rediseño del Poder Judicial, y las comparó con "el conflicto de Catastro y el API", donde se crearon equipos técnicos para controlar el trabajo de "una administración que tiene un signo, porque durante 25 años la provincia estuvo gobernada por un partido político".
Este jueves habrá una reunión en la que el secretario de Justicia, Roberto Vicente, recibirá a los jueces y secretarios comunales de la primera circunscripción judicial que engloba la capital de la provincia. Allí pretenden ser escuchados los judiciales, quienes plantean llamar a presidentes de comunas, asociaciones intermedias, cooperativas y senadores de departamentos, "para que generemos un debate en la Legislatura, y pensemos cómo reencauzamos la Justicia comunal y qué rol le damos al juez".
En cuanto a los plazos vigentes, González explicó que debería resolverse "antes de fin de año", por lo que "reclamamos participación en el proyecto que tendrá que evaluar el ministro de Justicia, Héctor Superti".
En la provincia hay alrededor de 550 cargos, con un gran porcentaje de vacancias que no fueron cubiertas en el último gobierno de Jorge Obeid. Los primeros días de octubre, se hizo el primer llamado para 20 juzgados comunales bajo el nuevo procedimiento, que no parece complacer al gremio.
La Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comenzó el concurso para cubrir cargos de 20 juzgados comunales la semana pasada.
La nueva metodología establecida por el decreto Nº 992/08 y en consonancia con el nuevo Consejo de la Magistratura, permitió la apertura de concursos para cubrir cargos en la Justicia comunal bajo el siguiente procedimiento: evaluación de antecedentes, prueba de oposición, criterios uniformes de corrección y una entrevista personal en la cual se constatarán las aptitudes democráticas y el respeto a los derechos humanos de los postulantes.
La evaluación está a cargo de un consejo consultivo que actúa como órgano asesor del gobernador y está integrado por un representante de los Colegios de Abogados de la provincia, un representante de las facultades de Derecho de las universidades nacionales con asiento en la provincia y un presidente, "el secretario de Justicia o quien el Poder Ejecutivo designe en su reemplazo", según el texto del decreto Nº 992, del 11 de abril pasado.
Esta normativa suplantó a la que hasta entonces estaba vigente, por considerar que aquella no garantizaba suficientemente la excelencia y transparencia necesarias en el proceso de selección. Como consecuencia, quedaron sin efecto los concursos que se encontraban en trámite.