Mario Cáffaro
"El hiperpresidencialismo afecta claramente a la fórmula republicana de gobierno. Es evidente que el Congreso no cumple con su función y no tenemos un Poder Judicial que realice adecuadamente la tarea de control de la constitucionalidad. El hiperpresidencialismo como patología muy grave ha dado como resultado un mal funcionamiento institucional y esto está afectando al federalismo".
La afirmación es de Antonio María Hernández, constitucionalista cordobés, uno de los convencionales de mayor participación en la reforma del "94 donde ocupó una de las bancas por el radicalismo de su provincia. Hoy integra diversas instituciones del derecho constitucional tanto a nivel local como internacional, participa en diversos foros y vino a Santa Fe a presentar junto a Miguel Angel Asencio un trabajo editado por el Instituto de Federalismo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba que se titula "Aspectos fiscales y económicos del federalismo argentino" en cuya elaboración trabajaron abogados, economistas, geógrafos y urbanistas para hacer una lectura interdisciplinaria de un tema muy complejo.
A 14 años de la reforma, Hernández es un defensor enfático del texto surgido en Santa Fe pero acusa a la dirigencia y a la anomia de los argentinos de su puesta en práctica efectiva. "El Congreso viola sistemáticamente la Constitución al tratar los presupuestos anuales", afirmó e invita a remitirse al inciso 8 del artículo 75 que obliga a las cámaras a aplicar los mismos principios que para aprobar la coparticipación a la hora de discutir la ley de leyes. "Esto supone una idea de solidaridad interregional en la Argentina donde la misma calidad de vida debe ser impulsada para todos los argentinos".
Pero, además, el jurista asegura y se explaya en fundamentar que la reforma avanzó en el reconocimiento de principios federales en materia social, educativa, económica y cultural y en limitar el presidencialismo.
"Producida la reforma, no podemos tener una conclusión sin una visión interdisciplinaria de los problemas ya que además de lo normativo se deben analizar aspectos sociológicos y politicólogos para ver cómo rige la norma constitucional. La Argentina -como decía Carlos Nino- es un país al margen de la ley y existe una distancia notoria entre lo que es la norma constitucional y su aplicación. Esto se ve claramente en todo el texto y especialmente en temas federales. El hiperpresidencialismo afecta no sólo a la fórmula republicana de gobierno porque es evidente que el Congreso no cumple su función y no tenemos un Poder Judicial que cumpla con su tarea de control de la constitucionalidad".
Hernández reconoce que este hiperpresidencialismo tiene sus orígenes en la colonia, "en la creencia estúpida de mucha gente de que cada cuatro años un presidente, un gobernador, o un intendente van a resolver los problemas; en las presidencias fuertes que tuvimos y en los golpes de Estado que han afectado nuestra cultura jurídica y política". Enfatiza que la reforma del "94 atenuó el presidencialismo y se refiere a las figuras de la ciudad autónoma de Buenos Aires, mayores atribuciones del Congreso, órganos de control, limitación de derechos de necesidad y urgencia y de decretos delegados.
"La reforma claramente atenúa el presidencialismo. ¿Por qué a pesar de la reforma tenemos hiperpresidencialismo? Esto obedece a un problema de cultura política, jurídico muy delicado. La Argentina es una sociedad anómica, no funcionan bien las instituciones y pese a que la Constitución estableció una presidencia racionalizada, en América Latina tenemos un déficit de calidad institucional que hace que existan violaciones de las normas. La reforma del 94 avanzó en la línea correcta de atenuar pero fracasó en la aplicación".
El otro aspecto es saber si la Argentina está dispuesta a tener un presidente débil. Entonces, Hernández compara esta situación con México donde dos gobiernos débiles como los encabezados por Fox y Calderón "fueron beneficiosos para el sistema político mexicano. Dejaron de lado el PRI, hoy tienen partidos que funcionan y avanzó la calidad institucional, al revés de lo que ocurre en la Argentina".
En cuanto a los responsabilidades del incumplimiento de la Carta Magna las distribuye entre los presidentes y el propio Congreso que delegó responsabilidades. "Se gobierna por decreto y está el expediente nefasto de los superpoderes donde el presupuesto termina siendo un dibujo. La Argentina está en un proceso de decadencia institucional muy grave donde se viola sistemáticamente la Constitución nacional".
En estos 25 años de vida democrática, Hernández sitúa la reforma constitucional como uno de los hechos salientes. "Fue la reforma que tuvo mayor legitimidad en la historia" aunque agrega que "no hay duda que la Argentina requiere un cambio muy profundo de cultura política democrática y de cultura jurídica porque no puede ser un país al margen de la ley. Esto nos afecta a los hombres del interior y ejemplo es el último conflicto con el campo que fue el problema del interior del país frente a la centralización del puerto de Buenos Aires representado por el gobierno central. Debemos definir si queremos ser una república con división y equilibrio de poderes o queremos que el presidente dentro del marco del hiperpresidencialismo puede dictar normas anticonstitucionales".
Federalismo
Antonio María Hernández y Miguel Asensio encabezaron un panel organizado por la Maestría de Administración Pública de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral donde se presentó el libro "Aspectos fiscales y económicos del federalismo argentino" editado por el Instituto de Federalismo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Ambos forman parte del grupo 16 autores del trabajo que pretende hacer un enfoque interdisciplinario del federalismo. La novedad es que convergen visiones de hombres del derecho como el cordobés Hernández, con otros de las ciencias económicas como el ex ministro de Economía de la provincia, Asensio, y el ex secretario de Hacienda de la Nación, Oscar Bertaina; pero también licenciados en geografía y en planeamiento urbano.
La reforma del '94 estableció una fecha límite para la sanción de una ley convenio de coparticipación que reemplace el acuerdo de 1988. Esa cláusula exige un acuerdo entre los gobernadores, mayoría especial en el Congreso y aval de todas las legislaturas, un procedimiento prácticamente de cumplimiento imposible.
Hernández no lo cree así. "Rechazo terminantemente la apreciación. El procedimiento es difícil, pero las federaciones más importantes del mundo, como Canadá, Australia, Alemania, España, lo hicieron y lo hacen".
Dice que no se cumple "porque en la Argentina no tenemos verdaderos estadistas, porque ni el presidente, ni los gobernadores, ni el Congreso cumplen sus responsabilidades. No avanzamos porque hay gente a la que no le conviene el cambio. Porque la billetera presidencial sirve para poner de rodillas a los gobernadores del signo político que sea".
Recomienda que las provincias y los gobernadores deben juntarse, crear una asociación nacional, un foro, etcétera, para poder dialogar y avanzar en el acuerdo con el Poder Ejecutivo y les recuerda que individualmente los gobernadores son muy débiles.
"En el Derecho Comparado están las respuestas que se deberían alcanzar si tuviésemos gobernantes a la altura de los problemas que tenemos. Desecho totalmente la tesis de que no se pueda llevar adelante lo que dice la Constitución.
"La Constitución dice que debe haber principios de solidaridad interregional para apuntar a un grado equivalente de desarrollo de calidad de vida y de prestación de servicios en todas las zonas".