Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para regular la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción provincial con unidades de doble piso los que quedarían vedados a partir del 1º de enero de 2010 si el Senado acepta el criterio. "Este tipo de vehículos no tieneN requisitos técnicos que ofrezcan una mayor seguridad que los colectivos comunes" aseguró Santiago Mascheroni, autor de la iniciativa junto a su correligionaria Daniela Qüesta (MC).
El legislador inició el trabajo en la gestión anterior reclamando una serie de informes que le permitieron afirmar que en el 2006, de cada colectivo común siniestrado hay un promedio de 3,25 lesionados y 0,34 muertos mientras que en los de doble piso hay 6.81 lesionados y 1.15 muertos. "Este tipo de vehículos para lograr mayor comodidad y asientos han debido alivianar estructuras, especialmente sobre los anclajes de los asientos superiores" explicó antes de que se votara el proyecto por unanimidad. "Es un marco regulatorio para este problema complejo porque entendemos que la provincia no puede resignar el poder de policía en su territorio", afirmó el radical.
El proyecto apunta a que desde el 1´ de enero de 2010, la provincia no habilite servicios de transporte de pasajeros con unidades de doble piso, salvo que se ajusten a una serie de requisitos técnicos como la incorporación en la estructura de un sistema de jaula o protección antivuelco integrada a los dos niveles que garantice la indeformabilidad del habitáculo en caso de siniestros; una altura total no superior a los 3 metros con 60; uso de elementos no combustibles, ignífugos o autoextinguibles; suspensión inteligente o interactiva o bien estar destinadas al turismo urbano o suburbano.
En cuanto a las unidades en circulación actualmente, el proyecto dispone la caducidad de la habilitación a los cinco años a partir del 1´ de enero de 2010, salvo que cumplan con los requisitos establecidos en la norma para las nuevas unidades.
También se apunta a que los colectivos en circulación en el término de un año dispongan una serie de medidas: anclajes reforzados e integrados a la estructura para garantizar la fijación del asiento y el cinturón de seguridad en caso de choques o vuelcos; sistema de monitoreo de velocidad en tiempo real; sistema de protección integral para incendios y emergencias; capacitación adecuada del personal de conducción.
Además los coches de este tipo tendrán un límite de 90 kilómetros por hora en autopistas, autovías o rutas con manos de doble carril y de 80 en horario nocturno, mientras que en rutas de un solo carril por mano la velocidad máxima permitida será de 70 kilómetros.
Por último dispone que las empresas con coches de doble piso deberán brindar una serie de informaciones al pasajero al momento de adquirir el boleto: fecha de la última revisión técnica, velocidades autorizadas, medidas de seguridad en caso de siniestro o emergencia, certificado de seguridad emitido por profesional o institución competente y derechos del usuario.
Ante la preocupación por la situación financiera de los municipios y comunas de la provincia, el bloque de Diputados provinciales del Frente Progresista Cívico y Social emitió un comunicado de prensa este mediodía, en el que lamentaron la actitud de los senadores justicialistas que sepultaron la reforma tributaria.
"El bloque lamenta la decisión de los senadores provinciales del Partido Justicialista, ya que imposibilita el trámite de todo proyecto vinculado a la modificación de tributos o su redistribución territorial, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Provincial vigente", expresaron.
La bancada acotó que "esta situación será transmitida a los representantes de los gobiernos locales, sin perjuicio de hacer conocer nuestra mayor predisposición al diálogo y al consenso".
El comunicado está suscripto por los diputados Raúl Lamberto (PS), Antonio Riestra (ARI), Darío Boscarol (UCR), Marcelo Brignoni (EP), Santiago Mascheroni (UCR), Sergio Liberati (PS) y Luis Alberto Mauri (PDP).
Sin discursos y por unanimidad, Diputados aceptó el criterio del Senado e hizo ley el texto que "aclara que la ley Nº 7797 se encuentra plenamente vigente en virtud de lo establecido por el artículo 45 de la ley 10.014". El texto no menciona en ningún momento dos palabras clave: EPE ni uso del espacio aéreo que perciben los municipios y comunas (6% de la facturación). En el medio, dos organizaciones no gubernamentales sostienen que el cobro de ese impuesto es ilegal desde el momento en que se dictó la ley de privatización de la empresa ahora derogada.
Diputados inició el tema votando un proyecto que decía que la ley 7.797 no estaba vigente, para los senadores sí estaba y modificaron el texto que ahora hizo suyo la Cámara Joven.
El Senado se remitió al artículo 45 de la ley 10.014, que es parte de las disposiciones generales y dice que la empresa está exenta de todo gravamen "con excepción del establecido en la ley Nº 7797", que establece el pago del gravamen del 6% a los municipios y comunas.
En sus respectivas medias sanciones, ambas Cámaras creyeron necesaria una aclaración sobre la vigente ley 12.700 que hoy gobierna la EPE y que fue dictada en el 2006 cuando el justicialismo saldó su debate interno entre reutemannistas y obeidistas. Los primeros no querían aprobar un proyecto de ley del ex gobernador Jorge Obeid, que contradecía abiertamente la norma sancionada a instancias de su antecesor Carlos Reutemann. Los segundos debieron aceptar volver a la vieja ley de creación de la empresa provincial, que data de 1986, para terminar de enterrar el proceso privatista de los "90.
Según las organizaciones de consumidores que objetan el pago del 6% de cada boleta, lo hecho hace dos años no restituyó el gravamen sobre el uso del espacio público que finalmente se traslada a los usuarios de la energía eléctrica.
Cáncer
También en la última sesión, Diputados aprobó un proyecto impulsado por el radical Santiago Mascheroni y los restantes miembros de ese sector político más los justicialistas Marcelo Gastaldi y Gerardo Rico para crear un "registro provincial de patologías de cáncer" que funcionará en el Ministerio de Salud a través del Programa Provincial de Control de Cáncer.
El objetivo del registro será recolectar, almacenar, analizar e interpretar los casos diagnosticados de cáncer en el territorio ya sea en efectores públicos como privados.
El proyecto votado obliga a los profesionales y a los efectores públicos y privados a remitir los informes al registro calificando al incumplimiento como falta grave a la ética profesional y que podría llegar hasta la cancelación de autorización a funcionar de instituciones privadas.