Dr. Lisandro Enrico (*)
"La base del federalismo es la distribución federal de los impuestos", así se dijo en esta ciudad hace 155 años cuando se sancionara la Constitución de 1853. Hoy, sin embargo, los argentinos sufrimos los efectos de un modelo nacional unitario y concentrador, desde que los gobiernos centrales ejercen sus facultades en materia impositiva de un modo abusivo y reñido con el sistema republicano y federal establecido en la Constitución. Estas prácticas generan distorsiones en la economía, desalientan la producción y privan a las provincias de los recursos que les corresponden por el régimen de coparticipación federal de impuestos. Dichas apropiaciones indebidas se concretan a través de diversas vías, como derechos de exportación, ley del cheque, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las amañadas operatorias de entes nacionales, como la Afip y la Anses, que embolsan cifras millonarias en detrimento de las necesidades del interior. Una breve reseña bastará para graficar los desequilibrios entre un Estado opulento y provincias pobres.
* Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Compuesto por 20 millones de pesos de la recaudación del Impuesto a las Ganancias; 2% de la recaudación total del tributo; 1% de la masa coparticipable neta y 1% del 93,7% de la recaudación de Bienes Personales. Este fondo es subejecutado desde hace cinco años. Hoy ya son unos 5.700 millones de pesos que no llegaron a las provincias. El bloque de senadores nacionales de la UCR presentó un proyecto de ley para reconocer esos excedentes como acreencias a cada una de las provincias -proporcionalmente-, aplicándolas con exclusividad a la reducción de su deuda pública.
* Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) : Por dos normas internas de la Afip, las provincias cederán este año 2.700 millones de pesos a la Nación. Se trata del régimen de pago a cuenta de impuestos coparticipables y la comisión que cobra el organismo.
Hoy, el 2 por mil del Impuesto al Cheque puede destinarse como pago a cuenta de Ganancias. Lo insólito es que la Afip contabiliza la recaudación por los pagos a cuenta (1.700 millones de pesos anuales) en el Impuesto al Cheque, en lugar de computarlos en Ganancias. Como a las provincias sólo les toca el 15 % del Impuesto al Cheque versus el 50 % de Ganancias, reciben apenas 250 millones de esos 1.700 millones, en lugar de los 830 millones que corresponderían. Es decir, las provincias pierden 580 millones anuales. Lo mismo ocurre con otros regímenes de pago a cuenta, como el que permite computar los pagos de contribuciones patronales a cuenta de IVA, con una pérdida adicional de 950 millones. En definitiva, por este concepto, las provincias pierden -como mínimo- 1.500 millones por año.
Por otra parte, los ingresos propios de la Afip están constituidos, entre otros, por el 1,9 % de la recaudación total de impuestos. Operativamente, la Afip no detrae el 1,9 % de cada uno de los impuestos recaudados, sino que aplica ese porcentaje a la suma de la recaudación de todos los impuestos. Ese monto de recursos que cobra la Afip, lo detrae en su totalidad de la cuenta del IVA, el impuesto que más alimenta a las provincias. Así la Nación le transfiere a las provincias parte de la comisión que debe pagarle a la Afip por la recaudación de impuestos que éstas no reciben (retenciones, contribuciones a la seguridad social, etc.). Las provincias le pagan a la Afip, 2.500 millones de pesos anuales, en lugar de 1.300 millones. Con la corrección de esta distorsión, las provincias recibirían 1.200 millones adicionales por año.
* Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): No toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre Nación y provincias. Existen mecanismos de precoparticipación, o de asignación específica de impuestos, que destinan parte de esos ingresos a organismos como la Anses: 10,3 % de la recaudación de IVA; 120 millones de pesos anuales de la recaudación de Ganancias; 20 % de la recaudación de Ganancias; 70 % del Monotributo; 21 % del impuesto a los combustibles y 15 % de la masa coparticipable bruta. En función de estas asignaciones a la Anses, las provincias dejarán de percibir en 2008 casi 23 mil millones, aunque, al mismo tiempo, ésta se hizo cargo del déficit anual de 1.200 millones de las cajas previsionales provinciales transferidas y financia 1.500 millones de las no transferidas.
La mayor parte de estas asignaciones fue para financiar el déficit del organismo, tras la reforma previsional de 1994. Sin embargo, para 2008 se prevé un superávit de 7.100 millones. Además la Anses incrementó sus ingresos (por traspasos e indecisos) y recibe de las AFJP más de 7 mil millones por los fondos acumulados de los afiliados mayores. El bloque de senadores nacionales de la UCR impulsó un proyecto de ley para reducir del 15 % al 10 % la masa coparticipable bruta que se destina al financiamiento de la previsión social. Con ese cambio, en 2008 habría aumentado la masa coparticipable en 6 mil millones de pesos, y de ellos, 3.400 millones hubieran correspondido a las provincias.
*Retenciones : Los derechos de exportación significan otra burla a la coparticipación federal de impuestos, pues si en lugar de recaudarse por retenciones, se cobrara Impuesto a las Ganancias, las provincias recibirían el porcentaje correspondiente. Ahora, con cada aumento de la alícuota de retenciones, crece la recaudación nacional y disminuye la participación de las provincias.
*Ley del Cheque : Creado con carácter de emergencia en 2001, en virtud de su gran capacidad recaudatoria, aun a sabiendas de los perjuicios que ocasionaría sobre el blanqueo y la bancarización. Hoy, sólo el 30 por ciento de la recaudación es coparticipable (apenas el 15 por ciento llega a las provincias). El 70 % restante tiene una asignación específica al Tesoro Nacional, con el único propósito de sustraer recursos de la masa coparticipable.
La correcta distribución del producido del Impuesto al Cheque en el 2008 implicaría más de 6.600 millones de pesos adicionales para el interior del país.
Mientras en la Nación se divulgan excedentes millonarios en las cuentas públicas, las provincias carecen de los recursos mínimos para atender los servicios y multiplican el endeudamiento con su principal acreedor, justamente la Nación.
Según el gobierno, aumenta todos los meses la recaudación, pero los impuestos que más crecen no son coparticipables, de modo que las provincias no participan de este incremento de recursos.
Esto a pesar de que ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos establece que "el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley".
Los datos oficiales determinan que en los últimos años los recursos transferidos a las provincias nunca alcanzaron ese piso. Por aplicación del mínimo de coparticipación, los 70.625 millones que se reparten entre las provincias deberían ascender a 94.934 millones, pero esos 24 mil millones son retenidos ilegalmente por el gobierno.
Este cúmulo de desequilibrios y arbitrariedades, propias de una gestión centralista, se traducen en la vida cotidiana en menos salud, menos educación, menos seguridad, menos justicia, menos promoción social y menos obra pública para las ciudades y pueblos del interior. En tanto, los gobiernos provinciales están obligados a endeudarse o aumentar los impuestos para no resentir los servicios básicos ni los programas de desarrollo.
Urge inaugurar el debate por la nueva ley de coparticipación, aunque, mientras tanto, todo marcharía mejor si el gobierno acatara la Constitución y otras normativas menores, que regulan la relación fiscal de la Nación con las provincias.