De la redacción de El Litoral/Idesa
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino evalúa que la doble indemnización -mientras estuvo vigente- sólo fue cobrada por uno de cada cinco despedidos. "Esto lleva a enfatizar la importancia de ponderar el tipo de intervención que se va a llevar adelante antes de ejecutarla, para que efectivamente permita morigerar los daños sociales de la reversión del ciclo económico".
"El recrudecimiento de la crisis financiera internacional -dice- genera justificada preocupación en la Argentina. Esto lleva, naturalmente, a que aparezca la demanda para que el gobierno tome medidas de protección al empleo, ya sea desalentando los despidos o estimulando las nuevas contrataciones".
Al analizar los "resultados empíricos" de la doble indemnización, Idesa apunta que "procesando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec 2003 justo el año posterior al desenlace de la crisis es posible observar que ese año había 178 mil personas que habían sido despedidas, a pesar de la prohibición, en el 2002 y que seguían desempleadas".
Destaca que "el 63%, o sea 112 mil despedidos, eran trabajadores no registrados al momento del despido y en un 94% de los casos no habían cobrado la doble indemnización. El 37% restante, o sea 66 mil despedidos, eran trabajadores registrados al momento del despido y el 45% declaraba no haber recibido indemnización".
Esto supone que sólo uno de cada cinco despedidos llegó a cobrar la indemnización especial. "También confirma que los que más sufren la crisis son los trabajadores no registrados y, paradójicamente, es en este segmento donde este tipo de normas tiene menor eficacia".
"En el caso de la crisis de 2002, 2 de cada 3 despedidos que no conseguían trabajo al año siguiente del despido provenían del sector informal y en casi la totalidad de los casos el 94% no recibió indemnización.
"Entre los trabajadores formales, las probabilidades de despido son más bajas y las de cobrar la indemnización más altas, pero, de todas formas, resulta sugerente que en casi la mitad de los casos se habría eludido el cumplimiento de las normas".
"Una manera de alentar la conservación de los empleos existentes y las nuevas contrataciones es adoptar medidas que hagan más simple, seguro y barato tener a un trabajador en blanco", señala el informe.
"Se podría argumentar que en el marco de crecientes restricciones fiscales no es conveniente tomar este tipo de medidas que disminuyen la incidencia de las contribuciones patronales. Sin embargo, no debe desecharse intervenciones de este tipo".
Añade que "se puede moderar su impacto financiero y a la vez maximizar su impacto social instrumentando la reducción de contribuciones patronales a través de mínimos no imponibles en las cargas sociales. De esta manera, la desgravación se focaliza entre los trabajadores de salarios más bajos y las empresas más chicas, que son los segmentos productivos en donde las crisis golpean con mayor virulencia, y se puede preservar el nivel de recaudación de las contribuciones patronales entre las más grandes.
"Por otro lado, cabe tener en cuenta que el Estado nacional, según el presupuesto 2009 aprobado en Diputados, aspira a recaudar $58.000 millones en concepto de contribuciones de seguridad social, mientras que en el año 2008 los subsidios para compensaciones por controles de precios a las empresas privadas y los subsidios para empresas públicas llegarían a los $30.000 millones".
Concluye subrayando que "esto da una idea de que en materia de finanzas públicas la situación es compleja, pero cambiando las prioridades es posible adoptar medidas que con eficacia minimicen las previsibles consecuencias negativas que está imponiendo la reversión del ciclo económico".