De la Redacción de El Litoral
Al ritmo de la caída de los mercados y las críticas opositoras, el gobierno decidió acelerar los tiempos y convertir en ley el nuevo sistema previsional antes del 30 de noviembre. Por eso, tras el envío del proyecto al Congreso y en medio de la inquietud por los efectos financieros de la movida, los acontecimientos se precipitaron y comenzaron las reuniones destinadas a lograr este objetivo.
La nueva fecha fue confirmada por el presidente de la bancada kirchnerista de senadores, Miguel Pichetto. "Queremos evitar ciertas situaciones que se están dando en el mercado financiero relacionadas con el anuncio del gobierno", sostuvo el legislador, en momentos en que la prohibición judicial a las AFJP de hacer operaciones bursátiles durante una semana provocaba la caída en picada de los indicadores de la Bolsa y se hacían sentir las repercusiones internacionales.
El jefe del bloque K de diputados, Agustín Rossi, evitó confirmar que existiese una orden del Ejecutivo, pero sí trató de apurar los plazos en una reunión que sostuvo ayer, junto al presidente provisional del Senado, José Pampuro y el propio Pichetto -y en el despacho de éste- con los jefes de los bloques radicales, el senador Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad, y presidente del partido, Gerardo Morales.
La propuesta fue que la discusión del proyecto en las comisiones, que comenzará el martes de la semana próxima y con la asistencia del ministro de Trabajo Carlos Tomada y el titular de Anses, Amado Boudou, se haga de manera pública y conjunta entre ambas cámaras. "La intención es no repetir el mismo debate y que todos los aportes se hagan de una sola vez", explicó Pichetto.
Según el cronograma del oficialismo, la iniciativa obtendrá media sanción en Diputados el 5 de noviembre. El mismo día en que el Senado espera convertir en ley el presupuesto 2009, también adelantándolo en una semana.
El problema es que la condición puesta por los radicales para acceder al mecanismo propuesto es, precisamente, postergar el tratamiento del presupuesto, a la luz de los significativos cambios en los ingresos que representará la absorción de los fondos jubilatorios por parte del Estado.
"Con el traspaso de las cuentas privadas aumentarán un 46% los recursos del Estado", explicó Ernesto Sanz. Pero el kirchnerismo no está dispuesto a ceder en este punto, como tampoco en la inclusión de una cláusula de intangibilidad de los fondos que, de manera unánime, reclaman las bancadas opositoras, aún cuando éstas anticipan su voto afirmativo si se cumple con este recaudo.
Si bien no descartó la posibilidad de "analizar" algunas alternativas "para hacerle modificaciones al proyecto", Rossi afirmó que "en términos generales, la filosofía de la iniciativa cuenta con un alto nivel de consenso". y, con respecto al resguardo que pide la oposición, destacó que "con la serie de controles" que prevé el proyecto de eliminación de la jubilación privada, "de alguna manera estamos garantizando ese objetivo".
No obstante, señaló que "la intangibilidad a secas, por la misma composición de la cartera de las AFJP, es difícil de sostener porque es una cartera de títulos y de acciones, no una cartera de dinero en efectivo. Entonces, si esos títulos o acciones bajan o suben, ya se modifica esa situación de intangibilidad, dependiendo ya no de una decisión del gobierno, sino de lo que termina opinando el mercado".
Para Rossi, "lo importante es tener los suficientes controles de cómo se usan esos fondos, de manera tal de tener la garantía de que nuestros jubilados y pensionados cobren una pensión digna".
Rossi remarcó que "a partir de que los fondos estén incorporados a la masa de la Anses, habrá un consejo de administración, que está presidido por el titular de la Anses (Amado Boudou); un consejo asesor, donde están representadas las instituciones intermedias más importantes; una comisión bicameral integrada por diputados del oficialismo y de la oposición, y van a tener el control de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación".
"Me parece que con este menú de controles podemos decir que los fondos van a estar bien administrados y van a cumplir con el objetivo que es garantizarles a los actuales y futuros jubilados la jubilación digna a la que todos aspiramos", reiteró.
Los diarios españoles reaccionaron hoy con duras críticas contra el proyecto de la presidenta Cristina Fernández de traspaso de los fondos de la jubilación privada al Estado, al que se calificó como "disparate argentino" y "error económico mayúsculo", y se aseguró que la Argentina "es un país absolutamente inseguro para invertir".
En su editorial, el diario madrileño El País señaló que "la nacionalización del sistema privado de pensiones en Argentina, anunciado de repente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una decisión que traerá consecuencias graves no sólo para las inversiones en Argentina y la credibilidad de su gobierno, sino también para el área económica latinoamericana y para las empresas españolas que operan en ella.
"Los mercados entienden la nacionalización como una mera apropiación de los activos de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y rechazan la versión oficial de que se trata de prevenir la descapitalización de los fondos", indicó el matutino.
Según El País, "no es difícil reconstruir los vericuetos políticos que han desembocado en esta insólita decisión. El Estado argentino tiene graves dificultades para cumplir con los vencimientos de la deuda, agravados por los precedentes de impago de sus compromisos internacionales y de una gestión pública muy discutible.
""Los fondos privados ofrecen sustanciosos activos, que ahora pasan a formar parte de las arcas del Estado y podrán ser utilizados a discreción para cubrir los vencimientos", indicó. "Si Argentina sufre de alguna descapitalización es, sin duda, en la capacidad de gestión de su clase política", completó.
Por su parte, El Mundo, también madrileño, sostuvo que "El Cristinazo roza el expolio (...) No falta quien ha interpretado la medida como un intento desesperado de evitar la bancarrota del Estado argentino, apropiándose de un dinero que no es suyo. En cualquier caso, la incautación de las pensiones, que sucede al famoso corralito, pone en evidencia que la Argentina es un país absolutamente inseguro para invertir, sin descartar que se produzcan nuevas nacionalizaciones".
Allanamientos
La documentación "abundante" e "importante" secuestrada en allanamientos a las oficinas centrales de las diez AFJP por el juez federal Claudio Bonadio será analizada por los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, informaron hoy fuentes judiciales. El operativo se inscribió en la causa judicial abierta a partir de la denuncia hecha el martes por el fiscal federal Guillermo Marijuan para que se investigue si las AFJP intentaron liquidar de urgencia los bonos públicos y acciones en su poder ante la inminente reestatización del sistema. Incluso el juez Bonadío dictó una medida cautelar para evitar que las empresas puedan introducir modificaciones en la cartera de clientes, así como les prohibió por siete días operar en la Bolsa de Valores, en el Mercado Abierto Electrónico, y en el mercado cambiario. La denuncia recayó sobre las empresas Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos.
El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, pidió hoy "reflexionar y discutir en serio, sin apuro", en el Congreso, el proyecto de estatización de las jubilaciones privadas para definir el sistema previsional, aunque previó que será "muy negativa" la respuesta a la medida, tanto de "sectores empresarios grandes" como de los "sectores más pequeños".
El ex ministro afirmó que "hubo mucho de irreflexivo" en la decisión oficial, y consideró clave para discutir el tema y definir en qué se utilizarán los fondos de la AFJP, que se deroguen los superpoderes.
"Tenemos la experiencia del sistema estatal que no funcionó bien y en los últimos años, el privado era excesivamente caro, con comisiones altísimas, que no satisfacían necesidades y expectativas de la gente. Ahora hay que discutir en serio, sin apuro, qué se puede extraer de lo bueno de ambos sistemas", sostuvo Lavagna.
Afirmó que "es un cuento eso de los efectos negativos de la crisis financiera en la valuación de lo que cada uno tiene en sus cuentas privadas. Los valores negativos se fueron acumulando, no por la crisis financiera internacional, sino por la manipulación de los índices del Indec, que fueron bajando de manera artificial el valor de los bonos que estaban en poder de las AFJP", explicó Lavagna.
"Hay una salida neta de capitales que supera los 20 mil millones de dólares, como ejemplo de la desconfianza sobre la política económicas, sobre las cuestiones institucionales", completó el ex ministro.